22/noviembre /2012 / Sala Superior 194/2012

México, D.F.

La integración de una Comisión Calificadora de la Elección Presidencial 2012 evitó especulaciones políticas y mediáticas sobre el proceso de resolución del juicio de inconformidad a través del que se demandó la anulación de esos comicios, y ofreció a la sociedad información oportuna sobre cada una de las etapas y decisiones tomadas, coincidieron en señalar sus integrantes, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar.

Al dictar la conferencia magistral “Transparencia en el proceso de calificación de la elección presidencial 2012”, en el marco del V Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos que se lleva a cabo este 22 y 23 de noviembre en la Sala Superior del TEPJF, los magistrados destacaron la importancia de esta decisión inédita en la historia del país.

El magistrado Salvador Nava Gomar reveló la manera en la cual, a partir de una propuesta del magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, se integró la denominada Comisión Calificadora, con el fin de evitar las especulaciones mediáticas y políticas que se presentaron durante ese proceso judicial en 2006.

Detalló los motivos que llevaron a elegir como integrantes de ese grupo de trabajo al magistrado que más tiempo tiene como parte del Tribunal Electoral, Flavio Galván; a un juez de carrera, moderno y con vasta experiencia judicial, Constancio Carrasco, y a un magistrado con experiencia académica, Salvador Nava, quienes trabajaron de manera intensa durante 41 días para elaborar el proyecto de dictamen del juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista, quien demandó declarar invalidez la elección de Presidente de México.

Nava Gomar explicó que los integrantes de la Comisión jamás hicieron un comentario general respecto de la elección, la demanda de inconformidad, el escrito de tercero interesado o del informe de la autoridad responsable; en cambio, asumieron el compromiso de que no habría prueba alguna que quedara sin analizar y resolver. Ello se tradujo en que al final del proceso de calificación se evitaron las especulaciones, y todos los actores políticos que se entrevistaron con los magistrados tenían la certeza de que había un solo proyecto de resolución. “Cumplimos nuestro cometido y entregamos buenas cuentas”, apuntó.

Delibera Tribunal de cara a la ciudadanía

Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera dijo que el Derecho Procesal Electoral en México es ejemplo de publicidad y garantía de democracia, pues las sentencias que emiten los magistrados integrantes del TEPJF no son producto de deliberaciones que se resuelven en lo oscurito, sino de discusiones que se dan de frente a la ciudadanía.

Señaló que la transparencia es una novedad para el Poder Ejecutivo, pero no para el Poder Judicial, específicamente en el ámbito electoral, donde se ejerce la publicidad sobre los expedientes, en la actuación de sus juzgadores y en los debates que se dan en la deliberación de los asuntos que resuelve el TEPJF a través de su Sala Superior y las cinco Salas Regionales que lo integran.

Explicó que durante el proceso de calificación de la elección presidencial de 2012, el Tribunal se mantuvo en el cumplimiento de la ley que lo obliga a transparentar su actuación, pues incluso sus resoluciones se dictan en sesiones públicas. Esta vez, dijo, las decisiones del organismo jurisdiccional se publicitaron de manera más amplia, a través de Internet y de los medios de comunicación social para que todo el mundo pudiera conocer los pasos para validar los comicios federales.

En su oportunidad el magistrado Constancio Carrasco Daza recordó que en una de sus primeras acciones, la Comisión Calificadora tomó la decisión de transparentar el proceso judicial de la calificación de la elección presidencial, al amparo de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que señala que no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales.

Mencionó que en el caso del juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista, los promoventes denunciaron la presunta violación a un derecho fundamental: el de votar de manera libre, sin coacciones, lo que justificó la decisión de la Comisión de transparentar todas las fases del proceso del procedimiento de calificación de la elección.

El magistrado Carrasco Daza señaló que una condición esencial para la independencia del Poder Judicial es la confianza ciudadana en los tribunales. Expresó que entregar a la sociedad, a través de su publicación en Internet, los reportes de los avances en cada una de las etapas del proceso de calificación contribuyó a reforzar la confianza de los ciudadanos en el TEPJF.

Juzgadores deben actuar con independencia, imparcialidad y objetividad

Al participar en el panel de discusión “Ética y globalización: ecuación de la gestión judicial del Siglo XXI”, el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza señaló que las características de la ética judicial pueden resumirse en tres atributos que deben reunir los juzgadores: la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

Explicó que la independencia del juez se reconoce como la capacidad que tiene el juzgador de no verse influenciado por circunstancias externas, como la opinión pública; mientras que la imparcialidad, tiene que ver con que ninguna de las partes involucradas en un conflicto judicial incidan en el sentido en que el juez resolverá una controversia. Dijo que la objetividad que debe ser entendida como el hecho de que el juez no resuelva de acuerdo con sus tendencias, ideologías o preferencias.

En opinión del magistrado González Oropeza, los juzgadores deben actuar apegados a la norma y a los principios neutros de la legislación para ofrecer mejores resultados de su actuación a la sociedad.

Por su parte, María del Carmen Platas Pacheco, integrante del Comité de Ética Judicial consideró que el juez debe asumir una vocación de servicio, lo que supone la renuncia a ciertos comportamientos que a lo mejor, en otro ámbito de la vida, no desdicen la posición jurídica y política que representa. Señaló que el individuo que es una mala persona no debe dedicarse a dirimir las controversias que tienen que ver con la justicia, ya que si el juzgador no tiene credibilidad para el ciudadano, éste no acatará sus decisiones.

En tanto que Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, consideró que el carácter ejemplar de un juez va más allá de su singularidad y se relaciona con las políticas judiciales que existen en una nación. Añadió que el Poder Judicial es el único en donde vale la minoría, pues ante él, un ciudadano por más insignificante que sea, puede ganar un caso si la ley está de su lado.

Dio TEPJF máxima publicidad a trabajos y resoluciones durante PEF 2011-2012
Durante el desarrollo del panel “Portales Institucionales, transparencia en la comunicación social”, el coordinador de comunicación social del TEPJF, Ricardo Barraza Gómez hizo una exposición sobre la implementación de la estrategia para difundir los trabajos y las resoluciones adoptadas por las diferentes salas del órgano jurisdiccional, relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y los procesos electorales locales celebrados en el mismo periodo.

Destacó que por instrucciones de la y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF se llevó a cabo una difusión permanente, transparente y clara de cada paso que se dio en el Tribunal para resolver los juicios de inconformidad presentados en cada uno de los procesos electorales federales y locales.

Por su parte, el director de la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Emilio Giménez Cacho, realizó una presentación de los contenidos de la página en Internet del organismo. Aseguró que el diseño de ésta tiene como objetivo cumplir con la obligación legal de ser transparente.

En su oportunidad, el director de general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Camargo Zurita, dijo que el área a su cargo también se ocupa del tema de la transparencia y acceso a la información pública del máximo tribunal del país, el cual es la segunda entidad del Estado mexicano que recibe solicitudes en la materia, las cuales versan sobre temas como criterios, jurisprudencias y, en 20% de los casos, la manera en cómo se ejercen los recursos públicos.

En el primer día de trabajo del V Semanario Internacional de la Transparencia a los Archivos se desarrolló también el panel denominado “Horizontes geopolíticos de la transparencia: indicadores democráticos”, en el que participaron Gregory Michener, de la Universidad de Administración Pública de Brasil; María Aránzazu Moretón Toquero, de la Universidad de Valladolid, España, y Julien Gabriel Charlopin, del TEPJF.
Más adelante los especialistas Joaquín Jansó Sanjuán, del Archivo General de la Universidad Pública de Navarra, España; Adalgisa Abdalá Bárcenas, del Banco de la República de Colombia, y Monserrat García Alsina, de la Universidad Oberta de Catalunya, España, abordaron el tema “Archivos digitales, experiencias comparadas”.

El Seminario continuará sus trabajos este viernes con la celebración de los paneles “La nueva Ley Federal de Archivos y su impacto en los poderes públicos”; “Expectativas de las reformas en materia de transparencia y acceso a la información”; “Hacia la tutela eficaz de los datos personales en posesión del sector público y de las instancias privadas”; y “Referencias al ámbito estatal y su percepción de la reforma en materia de transparencia”.