25/noviembre /2012 / Sala Superior 198/2012

México, D.F.

Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconocieron que gracias a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, México cuenta con más y mejores instrumentos para proteger las garantías político-electorales de los ciudadanos, pero que es necesario que éstas queden plasmadas en las leyes reglamentarias o secundarias, para ampliar esa protección.

Al participar en la mesa “Los derechos político- electorales como derechos humanos”, en el marco del III Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, el magistrado Manuel González Oropeza señaló que sin derechos políticos no puede haber derechos fundamentales. “Por eso es importante que el legislador los consagre en las normas. Legislación y jurisdicción deben de ser las dos fuentes de reconocimiento de esos derechos”, apuntó.

Durante su intervención se refirió a las candidaturas independientes, sobre las cuales, dijo, es indispensable establecer en la ley reglamentaria las condiciones y los requisitos que deberán cumplir las personas que busquen, a través de esta modalidad, un puesto de elección popular.

El magistrado Constancio Carrasco Daza coincidió en que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos han generado mayores instrumentos para proteger la democracia y los derechos políticos de los mexicanos, pero que los cambios no son semánticos y por ello las autoridades están obligadas a observar si lo que marca la norma es insuficiente, para entonces acudir a los tratados internacionales que protegen en mayor medida los derechos humanos.

Cuestionado sobre la falta de confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia, el magistrado reiteró que las autoridades jurisdiccionales como el TEPJF tienen el deber de rendir cuentas y emitir resoluciones conforme a derecho. “La confianza pública no significa complacer a la sociedad, ni fallar de forma contraria al derecho o a la conciencia del juez para producir un resultado que la sociedad desee, significa decidir acorde a derecho y a las leyes”, afirmó.


Se viven nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales

En su oportunidad el magistrado Salvador Nava Gomar habló de los cambios que se han realizado en el ámbito de los derechos políticos, luego de que en materia política no se podía otorgar la protección de la justicia federal al ciudadano y con ello se nulificaban algunos tratados internacionales.

“Estamos viviendo otros días, el artículo primero constitucional redimensiona por completo el derecho, actualmente ya no podemos tener una interpretación constitucional cerrada, que sea una actividad reservada por unos cuantos, sino que todos estamos obligados a interpretar lo que diga la Constitución, porque a ella nos debemos, sobre todo los servidores públicos”, aseveró.

Por su parte, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Santiago Nieto Castillo aseguró que existe una nueva forma de concebir a los derechos humanos, la cual ha implicado un cambio de actitud jurídica relevante, sobre todo en el control de constitucionalidad y convencionalidad.

Por ello planteó la necesidad de ampliar los derechos políticos de los menores de edad y de las comunidades indígenas, así como permitir que se ejerza el derecho al voto en los centros penitenciarios y en los hospitales para evitar discriminación. “Permitir que los internos que no han sido sentenciados ejerzan sus derechos políticos podría ser un incentivo de rehabilitación”, afirmó.

Marco Antonio Zavala Arredondo, secretario general de Acuerdos del TEPJF, consideró que el poder legislativo debe emitir un reglamento para hacer efectivas las candidaturas independientes. Dicha norma tiene que establecer disposiciones claras y específicas para aplicar en los procesos electorales. “Los esquemas de financiamiento de estas candidaturas ciudadanas tienen que ser diferentes a los de los partidos políticos, podría pensarse en una especie de reembolso, pero ese lo tienen que definir los legisladores”, ejemplificó.

Reconoció que en México hay un déficit de derechos políticos, por lo que se debe trabajar en ello e ir más allá de la reforma al artículo primero constitucional para ampliar el derecho de los mexicanos a votar y ser votados.

Finalmente, durante su participación en el taller ¿Cómo argumentar los métodos de interpretación contemporáneos?, el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Rubén Becerra Rojasvértiz, se refirió a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Campo Algodonero, a la cual calificó de endeble, porque el Estado mexicano no tuvo responsabilidad directa en la muerte de las tres mujeres encontradas en ese lote de Ciudad Juárez, Chihuahua.

                                                               -0-