30/noviembre /2012 / Sala Superior 201/2012

México, D.F.

Con el propósito de que las personas con discapacidad conozcan y ejerzan sus derechos, el Poder Judicial de la Federación instrumenta nuevas medidas para facilitar el acceso de este sector de la población a documentos, como leyes y normatividades, que les permita tomar sus propias decisiones de forma independiente y participar plenamente en las decisiones de sus comunidades.


Durante el foro Los Derechos Fundamentales y su Ejercicio Efectivo: Una Visión de Accesibilidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunciaron que la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación editará en sistema Braille el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).


Al inaugurar dicho foro, organizado por la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF, el magistrado Manuel González Oropeza, comentó que con el conocimiento de leyes, como la electoral y las que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, las personas con discapacidad contarán con mayores elementos para exigir sus derechos político-electorales ante las autoridades jurisdiccionales.


Dijo que la igualdad debe reconocer desigualdades naturales, capacidades diferentes, géneros diversos y aspiraciones distintas, y que ese es uno de los problemas que enfrentan los legisladores, establecer la igualdad para cada caso. “Por eso las autoridades del Poder Judicial y a nivel de la administración pública, tenemos la obligación de implementar esos principios, darles contenido y alcance en las sentencias, recomendaciones y en las políticas públicas”, indicó.


El magistrado González Oropeza reconoció que en México se necesita establecer una cultura jurídica y cívica que impulse reformas a las leyes con una visión de accesibilidad para que la igualdad llegue a las personas con discapacidad.


Al respecto, Diana Castañeda Ponce, directora general de Documentación, Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la SCJN, destacó que uno de los propósitos de esta iniciativa es asegurar el acceso de las personas con discapacidad a las leyes, para que tengan una participación activa y se les brinde sentido de pertenencia en sus comunidades.


Explicó que la Suprema Corte lleva a cabo reuniones con organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad visual, que han permitido sensibilizar a la comunidad sobre la integración de este grupo en la vida cotidiana.


En su oportunidad, Hugo Arturo Velázquez, titular de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que el único camino para el ejercicio pleno de todos los derechos, es el camino de la tolerancia y la inclusión.


“Por eso tenemos que poner el tema del apoyo a las personas con discapacidad en la agenda política. Hay que impulsar políticas públicas transversales y buscar que el próximo gobierno etiquete presupuestos en cada una de las secretarías para este sector, porque mientras un servidor público no tenga la obligación de gastar su dinero en el tema de la discapacidad, no lo va a hacer a menos que tenga conciencia”, apuntó.


Por su parte, Ricardo Antonio Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se pronunció a favor de adecuar las leyes de justicia, salud, educación y en materia económica, porque el entorno es inaccesible para las personas con discapacidad.


“Tenemos que reformular la percepción de vulnerabilidad de quien habla una lengua indígena y tiene una situación de pobreza; la vulnerabilidad está en el sistema que hemos construido y que lesiona los derechos de las personas. La discapacidad no es una enfermedad y por tanto tenemos que asegurar la accesibilidad para el derecho a la participación política de este sector”, señaló.