24/noviembre /2008 / Sala Superior 139/2008

México, DF; a

“Lo que los ciudadanos y actores políticos deben tener claro es que nuestras resoluciones tienen como único fundamento el derecho”, señaló la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, presidenta de la Sala Superior de este organismo jurisdiccional, al rendir su informe de actividades 2007-2008 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Alanis recordó que hace un año se comprometió a posibilitar el debate ciudadano sobre las sentencias del organismo, y sostuvo que durante su gestión el Tribunal ha impulsado proyectos para fomentarlo.

Sin embargo, afirmó que el papel de los jueces es permanecer ajenos al debate político, con el fin de preservar la objetividad e independencia del órgano jurisdiccional. Y abundó: “Los datos presentados en este informe reflejan que los partidos políticos recurren cada vez más a resolver los conflictos electorales en el Tribunal. Por lo que no debe prestarse a confusiones: son los ciudadanos, son los electores los que deciden a quién se le otorga la representación popular. El Tribunal Electoral no sustituye al votante.

Por el contrario, garantiza, conforme a derecho que el voto libre y secreto de los ciudadanos sea respetado.”

Para fomentar la difusión en todos los ámbitos, además, el Tribunal ha impulsado distintos proyectos televisivos, académicos y editoriales de gran cobertura.

La magistrada destacó tres ejes estratégicos hacia los que se encaminó el trabajo del organismo: el fortalecimiento de los procesos de impartición de justicia y calidad de los mismos, trasparentar todo el quehacer de la institución y la modernización de los procedimientos.

Entre noviembre de 2007 y octubre del presente año se recibieron 4 mil 57 impugnaciones ante la Sala Superior, a las que hay que sumar 276 que se encontraban en trámite a finales del año pasado; a la fecha de corte del presente informe se han resuelto 4 mil 173, de los cuales, el 94 % ha sido por unanimidad, siendo el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano el más recurrido, con 3 mil 234 solicitudes presentadas.

Respecto al sentido de las resoluciones, el informe anual sostiene que el 48% de ellas se resolvieron como fundadas, el 20% infundadas, el 18% sobreseídas y 10% desechadas. En promedio, se resolvieron 59 asuntos por Sesión Pública, mientras que el año pasado se atendían 34.

Alanís Figueroa señaló que si bien el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano surgió originalmente para defender sus derechos para votar, ser votado y pertenecer a alguna asociación política, la jurisprudencia del Tribunal Electoral reconoció la legitimación de los militantes de los partidos políticos para interponer juicios cuando consideraran afectados sus derechos político-electorales.

Dicha legitimación se elevó a rango constitucional con la reforma del 2007, de manera que hoy los militantes de los partidos políticos recurren cotidianamente al Tribunal Electoral para resolver sus controversias intrapartidarias. Una vez agotadas las instancias internas, el Tribunal resuelve el conflicto conforme a la normatividad que cada partido se ha dado.

Por otra parte, la instalación de la permanencia de las Salas Regionales, aprobada por las recientes reformas electorales, se dio en un marco sin precedentes, pues se desarrolló un proceso abierto y público de selección y evaluación de los postulantes a plazas jurisdiccionales y para quienes aspiraban a ocupar cargos técnicos y administrativos.

Entre el 31 de julio -fecha de su instalación- a octubre de este año, las Salas Regionales han atendido 336 asuntos y resuelto 212; a la Sala Superior se enviaron 66, y tienen pendientes 67.
Las relaciones interinstitucionales se han multiplicado notablemente. Se ha fortalecido la cooperación con tribunales e institutos electorales en todo el país, y se han renovado 28 convenios generales de colaboración con tribunales e institutos locales; con ello, y por primera vez en la historia del Tribunal, se han suscrito acuerdos con la totalidad de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en todas las entidades federativas.

En el plano internacional, se ha mantenido una estrecha relación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Asociación de Oficiales Electorales de Europa (ACEEEO); el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL); la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México y la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, el Tribunal participó en misiones de observación electoral en Guatemala, España, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Ecuador y Chile.

Por otra parte, la Contraloría Interna ha intensificado sus funciones para garantizar que la gestión del Tribunal sea eficaz; en ese sentido, por primera vez en la institución, se practicó una auditoría de procesos, cuyo objetivo fue verificar que los procedimientos administrativos se desarrollen de acuerdo a los diseños documentados y políticas establecidas.

Con el objetivo de permitir una mayor nitidez y transparencia a la actuación del Tribunal, y comunicar sus sentencias de manera clara a la ciudadanía, ahora se transmiten las sesiones públicas de la Sala a través el Canal Judicial y la página de Internet, y se transmiten dos programas de televisión para analizar y discutir, desde una visión crítica, las sentencias más relevantes y, en general, la actividad jurisdiccional electoral.

Asimismo, para contribuir a formar una ciudadanía más informada y responsable, se firmó un convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información para incorporar al Tribunal en el sistema de solicitudes de información Infomex. “Creemos que el escrutinio ciudadano es el mejor garante de que las cosas se estén haciendo bien”, resaltó Alanis.

Para finalizar, Alanis apuntó siete retos para el próximo año: difundir oportunamente los criterios que genera el Tribunal al resolver las quejas presentadas que estén vinculadas con las nuevas disposiciones constitucionales y legales en la materia; consolidar la carrera judicial electoral; hacer más eficiente el ejercicio de los recursos; consolidar las Salas Regionales; promover un lenguaje ciudadano en nuestras decisiones; modernizar el funcionamiento del Tribunal Electoral e impulsar la equidad de género.

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