Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

30/enero /2014 / Sala Regional Monterrey 1/2014

Monterrey, Nuevo León

 Por unanimidad, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del tribunal electoral local de modificar el acuerdo del consejo general mediante el cual se establecieron las reglas para la postulación de candidatos a diputados por ambos principios, al considerar que indebidamente adicionó, mediante un control oficioso de convencionalidad, una regla que facultaba a dicha autoridad administrativa electoral para realizar ajustes y/o sustituciones al momento de la asignación de diputados de representación proporcional.

Los Magistrados estimaron que la sentencia resultaba incongruente, ya que, por una parte, al dar contestación a los agravios del Partido Progresista de Coahuila, determinó que el acuerdo en cuestión no facultaba al Consejo local para realizar ajustes en la asignación de diputados de representación proporcional para alcanzar la paridad de género en la integración del Congreso del Estado, pues únicamente regulaba la fase de registro de candidatos. No obstante esta conclusión, el tribunal electoral coahuilense consideró que era necesario realizar un control de convencionalidad exoficio y como conclusión de dicho ejercicio, consideró que el consejo general contaba con facultades para realizar las sustituciones y ajustes necesarios al momento de la asignación, por lo cual determinó incluir una séptima regla, a efecto de precisar la manera en que se ejercería dicha facultad.

Además, consideraron que en el tribunal local, al introducir una regla de asignación en el acuerdo que fijaba las reglas de postulación de candidatos, no tomó en cuenta la postura tanto del consejo local como de cualquier otro posible interesado en querer fijar su posición sobre el tema, lo que conllevó al quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Al haberse evidenciado la incongruencia, en la resolución de la Sala Regional no existió pronunciamiento respecto a si la ley electoral de Coahuila autoriza al consejo general a realizar las sustituciones necesarias al momento de la asignación de diputados de representación proporcional para lograr la paridad de género en la integración del Congreso.

Por otra parte, la Sala Regional estimó correcta la determinación del tribunal local, referente a la obligación de los partidos políticos para postular candidatos de un mismo género como propietarios y suplentes, con lo cual se garantiza que si una diputada o diputado electos no puedan ejercer el cargo, su sustitución se hará con una candidata o candidato del mismo género. (SM-JRC 124/2013 y SM-JRC 125/2013)

Confirma Sala Monterrey procedimiento sancionador en contra de la Agrupación Política Estatal “Defensa Permanente de los Derechos Sociales”

La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que a su vez confirmó el acuerdo mediante el cual el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad determinó iniciar el procedimiento sancionador en materia de financiamiento contra la agrupación política estatal “Defensa Permanente de los Derechos Sociales”.

En su demanda, la agrupación política argumentó que era excesivo el plazo de tres años considerado por la sala electoral local para que la autoridad administrativa iniciara el procedimiento sancionador en materia de financiamiento, por lo que, en tal caso, debiera operar el plazo de un año como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los procedimientos especiales sancionadores.

El pleno consideró que no le asiste la razón a la actora, pues ni la Constitución Federal ni la de San Luis Potosí establecen bases como para considerar que el plazo de tres años es excesivo y, por lo que hace al criterio de Sala Superior, los magistrados concluyeron que no es viable aplicarlo pues los procedimientos especiales sancionadores tienen una naturaleza y características distintas a los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento, los cuales, en su caso, se asemejan más a los procedimientos sancionadores ordinarios. (SM-JDC-810/2013)

En la sesión pública de este jueves, la Sala Monterrey resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y dos juicios de revisión constitucional electoral.

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9 /octubre /2013 / Sala Superior 162/2013

México, D.F.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la revisión de los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales de gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores de los ayuntamientos del estado de Tabasco, correspondientes al proceso electoral ordinario 2011-2012.

Por unanimidad, los magistrados avalaron el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, en el que se propuso confirmar el veredicto del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), que en su momento respaldó la legalidad de las decisiones emitidas por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local.

El Pleno estimó infundados los agravios presentados por Martín Darío Cázarez Vázquez, en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien impugnó la sentencia del Tribunal local, bajo el argumento de que la autoridad administrativa electoral no razonó si algunos de los partidos políticos que fueron fiscalizados, así como las coaliciones que participaron en el proceso electivo, excedieron el tope de gastos de campaña.

También se desestimó el señalamiento de que no existió una verificación para corroborar si los partidos fiscalizados recibieron aportaciones en especie de personas no facultadas para ello. La sentencia establece que dichos estudios sí se llevaron a cabo.

PRD deberá atender denuncia contra integración de lista de consejeros nacionales
En otro asunto, la Sala Superior ordenó a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que resuelva la queja presentada por Cristina Leticia Arvizu Reina, candidata a consejera nacional del sol azteca por la planilla 300, en la acción afirmativa de joven, quien se inconformó porque no la incluyeron en la lista definitiva de candidatos al cargo, a pesar de que acreditó cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

La y los magistrados coincidieron con el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, en el que se acreditó la omisión de la referida Comisión para privilegiar el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva de sus militantes.

Por lo anterior, establecieron un plazo de 48 horas para que ese órgano interno admita la queja, emita la resolución que en derecho proceda, e informe lo resuelto a la interesada.

Se revoca resolución de la Comisión de Orden del PAN por depuración del padrón
El Pleno de la Sala Superior revocó parcialmente la resolución emitida por la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), relacionado con la baja, por depuración, realizada por la Dirección del Registro Nacional de Miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, de conformidad con el "Programa específico reglamentario, proceso de actualización, refrendo y depuración del padrón de adherentes y miembros activos”.

Al resolver un recurso de impugnación presentado por Salvador Puente Ramírez, miembro activo del PAN, en contra de la resolución por la que se desechó su recurso de reclamación, los integrantes del Pleno respaldaron el proyecto elaborado por la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera y acordaron remitir el expediente a la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del blanquiazul para que emita la resolución que en derecho corresponda.

Durante la sesión pública se analizaron y resolvieron 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales, 1 juicio de revisión constitucional electoral, 1 recurso de apelación y 4 recursos de reconsideración, lo que hace un total de 14 medios de impugnación. Además se aprobó una jurisprudencia y 5 de tesis.