Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

15/octubre /2013 / Sala Superior 167/2013

México, Distrito Federal

La presencia de las mujeres en el sector público es la clave para lograr una sociedad incluyente y democrática, por ello es necesario que la paridad de género sea considerada un asunto de dignidad humana, coincidieron en señalar los participantes en las mesas de análisis realizadas como parte de la conmemoración del 60 Aniversario del voto femenino en México.

Durante las reuniones que se llevaron a cabo en Cancún, Quintana Roo, y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 14 y 15 de octubre, respectivamente, los panelistas puntualizaron que en toda sociedad la implementación de la democracia, como forma de vida, debe tener fundamento en un marco normativo cuyos principios básicos sean la igualdad de género y la no discriminación.

Para ello, recordaron, nuestra Constitución y los tratados internacionales contemplan leyes de las que se ha valido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para emitir resoluciones encaminadas a reducir las históricas brechas de la desigualdad.

En la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Andrés Quintana Roo”, Martha Concepción Martínez Guarneros, magistrada de la Sala Regional Toluca del TEPJF, quien participó en la mesa de análisis “Las acciones afirmativas en el plano convencional. Deberes del Estado mexicano”, enfatizó que el Tribunal Electoral ha formulado acciones afirmativas para evitar actos discriminatorios e impulsar la equidad de género. “Aún no se ha logrado erradicar las diferencias que históricamente nos han marcado, pero vamos por buen camino”, dijo.

En esta mesa también participaron María de los Ángeles Corte Ríos, consultora independiente especialista en Derechos Humanos y Género, así como Luz Elena Orozco y Villa, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Víctor Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), quien fungió como moderador de la mesa señaló que con estas actividades se concientiza a la ciudadanía sobre la importancia de garantizar los derechos electorales de las mujeres.

Las leyes deben ser puestas en práctica
Por otro lado, durante la Mesa “Debate político. Camino a la paridad. El tránsito de las cuotas”, Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, consideró que además de promulgar leyes hay que ponerlas en práctica. Ante ello recomendó cambiar nuestro esquema educativo y tradicional para dotar a las mujeres de herramientas que les permitan competir, en igualdad de oportunidades, con los hombres. “El problema no son las leyes sino los seres humanos, por ello las ideas deben ir acompañadas con acciones”, comentó.

En ese espacio, Graciela Vélez Bautista, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); Martha Patricia Aguilar Espinosa, líder de proyectos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE), y Gilberto Herrera Solís, juez del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJQROO), quien fungió como moderador, remarcaron que los partidos políticos tienen la obligación de fomentar el liderazgo de las mujeres.

Los especialistas y autoridades en la materia establecieron que es responsabilidad de todas y todos lograr un Estado igualitario en el que se garanticen los mismos derechos tanto a hombres como a mujeres. Recomendaron, a quienes sientan vulnerada esta garantía, que interpongan un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha demostrado ser garante de los derechos electorales.

A la inauguración de las mesas de análisis asistieron Enrique Norberto Mora Castillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Maritza Aracelly Medina Díaz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y representante de la XIV Legislatura del Congreso local de esa entidad; Blanca Cecilia Pérez Alonso, directora del Instituto Quintanarroense de la mujer; Manuel Jesús Canto Presuel, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A. C., y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Consejo de la Judicatura estatal.

Necesario erradicar la discriminación, concluyen panelistas
Por otro lado, en la mesa de análisis “Violencia de Género”, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo” en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, magistradas, investigadoras y consejeras electorales concordaron en la necesidad de promover reformas a las leyes electorales para evitar la violencia política de género e impulsar la formación de liderazgos femeninos.

Reconocieron que es indispensable prevenir y sancionar las conductas de las autoridades de todos los niveles, así como de los partidos políticos que impidan que una mujer ejerza sus derechos como candidata a un puesto de elección popular.

Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO), sostuvo que en nuestro país las mujeres han enfrentado un sistema político excluyente que ha frenado su participación en todos los ámbitos del poder público, por lo que es necesario trabajar en su capacitación para que puedan exigir el respeto a sus derechos político-electorales.

En su oportunidad, Norma Iris Santiago Hernández, consejera presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Equidad de Género y Reglamentos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), subrayó que la participación política de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, ya sea como autoridades o dirigentes en la esfera pública, avanza muy lentamente porque tienen que enfrentar diversos obstáculos.

Durante la mesa que fue moderada por René Hernández, magistrado del TEEPJO, Ana Rosa Payán, activista política, dijo que se necesita una nueva cultura democrática para incrementar la presencia femenina en los congresos y en las oficinas gubernamentales. “Hay que erradicar la discriminación y la violencia que inicia desde el hogar, para que se reconozca la capacidad que tienen las mujeres en todos los ámbitos” explicó.

Por su parte, Rossana Elisa Hernández Dávila, investigadora de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, refirió que siguen siendo muy altos los niveles de inseguridad y violencia que afectan los derechos humanos del sector femenino. Citó que en entidades como Chihuahua, Durango y Nayarit, se registran los porcentajes más altos de feminicidios, 40 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Las mesas de análisis continuarán mañana en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4 /febrero /2014 / Sala Regional Toluca 4/2014

Toluca de Lerdo, Estado de México

Al rendir su Informe de Labores 2012-2013, subrayó que el principal reto es la consolidación de la administración de la justicia en materia electoral mediante la prestación de un servicio en el que se privilegie el garantismo judicial, se dé una interpretación intensiva de los principios pro persona y de progresividad, y además se utilice un lenguaje accesible para la ciudadanía.

Ante José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior y de la Comisión de Administración, así como de los magistrados Constancio Carrasco Daza, integrante de dicha Comisión, Salvador Olimpo Nava Gomar, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, manifestó que las magistradas María Amparo Hernández Chong Cuy y Martha Concepción Martínez Guarneros, de esa misma Sala, han encaminado todo su esfuerzo a garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Manifestó que las Magistradas y el Magistrado de la Sala Regional Toluca refrendaron su compromiso con la independencia, la imparcialidad, la motivación, la objetividad, el profesionalismo, la excelencia y la transparencia a la hora de resolver los 249 medios de impugnación relacionados con diversos asuntos en materia electoral, de los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, que conforman su circunscripción.

Los juzgadores somos juzgados
Silva Adaya puntualizó que al ser depositarios de una actividad encaminada a la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales, dicho colegiado está sujeto a un escrutinio rigoroso y a controles constitucionales ejercidos por la ciudadanía a través de la transparencia y el acceso a la información; es decir, “cuando juzgamos somos juzgados”, agregó.

Recalcó que los asuntos que se deciden en la Sala Regional, como la cuestión relativa a la credencial de elector, la elección de autoridades auxiliares municipales, las diputaciones locales y distritales federales, senadurías, así como las dirigencias partidistas municipales y estatales, inciden de manera directa e inmediata en el entorno próximo de las ciudadanas y los ciudadanos, lo cual los obliga a tener mayor sensibilidad social.

El Magistrado Presidente calificó como positivos los logros obtenidos durante este año en la función jurisdiccional, transparencia y acceso a la información, verificación y evaluación del desempeño, formación y capacitación, así como en la función administrativa. Además, planteó los retos y proyectos para 2014, teniendo como eje rector la transparencia establecida por el magistrado presidente de la Sala Superior.

Dijo que en el periodo que se informa se resolvieron 144 recursos correspondientes a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 76 juicios de revisión constitucional electoral, tres juicios laborales y 26 asuntos generales. Explicó que 45 medios de impugnación estuvieron relacionados con la renovación de 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional en Hidalgo.

Entre las sentencias relevantes citó aquella en la que se concluyó que la intervención de un órgano estatal o municipal de un partido político, por parte de sus órganos directivos nacionales, no puede considerarse violatoria de la vida interna de dichos órganos locales. Es decir, estatutariamente, los órganos nacionales tienen la obligación de vigilar la observancia de la normativa partidaria dentro de su jurisdicción.

Al acto solemne se dieron cita Alfredo Orellana Moyao, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales; Magistradas y Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales electorales locales, así como consejeros de institutos electorales de diversas entidades que integran la circunscripción, funcionarias y funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), representantes de partidos políticos y otros.

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