4 /febrero /2014 / Sala Regional Toluca 4/2014

Toluca de Lerdo, Estado de México

Al rendir su Informe de Labores 2012-2013, subrayó que el principal reto es la consolidación de la administración de la justicia en materia electoral mediante la prestación de un servicio en el que se privilegie el garantismo judicial, se dé una interpretación intensiva de los principios pro persona y de progresividad, y además se utilice un lenguaje accesible para la ciudadanía.

Ante José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior y de la Comisión de Administración, así como de los magistrados Constancio Carrasco Daza, integrante de dicha Comisión, Salvador Olimpo Nava Gomar, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, manifestó que las magistradas María Amparo Hernández Chong Cuy y Martha Concepción Martínez Guarneros, de esa misma Sala, han encaminado todo su esfuerzo a garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Manifestó que las Magistradas y el Magistrado de la Sala Regional Toluca refrendaron su compromiso con la independencia, la imparcialidad, la motivación, la objetividad, el profesionalismo, la excelencia y la transparencia a la hora de resolver los 249 medios de impugnación relacionados con diversos asuntos en materia electoral, de los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, que conforman su circunscripción.

Los juzgadores somos juzgados
Silva Adaya puntualizó que al ser depositarios de una actividad encaminada a la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales, dicho colegiado está sujeto a un escrutinio rigoroso y a controles constitucionales ejercidos por la ciudadanía a través de la transparencia y el acceso a la información; es decir, “cuando juzgamos somos juzgados”, agregó.

Recalcó que los asuntos que se deciden en la Sala Regional, como la cuestión relativa a la credencial de elector, la elección de autoridades auxiliares municipales, las diputaciones locales y distritales federales, senadurías, así como las dirigencias partidistas municipales y estatales, inciden de manera directa e inmediata en el entorno próximo de las ciudadanas y los ciudadanos, lo cual los obliga a tener mayor sensibilidad social.

El Magistrado Presidente calificó como positivos los logros obtenidos durante este año en la función jurisdiccional, transparencia y acceso a la información, verificación y evaluación del desempeño, formación y capacitación, así como en la función administrativa. Además, planteó los retos y proyectos para 2014, teniendo como eje rector la transparencia establecida por el magistrado presidente de la Sala Superior.

Dijo que en el periodo que se informa se resolvieron 144 recursos correspondientes a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 76 juicios de revisión constitucional electoral, tres juicios laborales y 26 asuntos generales. Explicó que 45 medios de impugnación estuvieron relacionados con la renovación de 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional en Hidalgo.

Entre las sentencias relevantes citó aquella en la que se concluyó que la intervención de un órgano estatal o municipal de un partido político, por parte de sus órganos directivos nacionales, no puede considerarse violatoria de la vida interna de dichos órganos locales. Es decir, estatutariamente, los órganos nacionales tienen la obligación de vigilar la observancia de la normativa partidaria dentro de su jurisdicción.

Al acto solemne se dieron cita Alfredo Orellana Moyao, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales; Magistradas y Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales electorales locales, así como consejeros de institutos electorales de diversas entidades que integran la circunscripción, funcionarias y funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), representantes de partidos políticos y otros.

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