Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

21/febrero /2014 / Sala Regional Xalapa 8/2014

Xalapa de Enríquez, Veracruz

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atiende las impugnaciones presentadas por 1,048 de los 2,457 ayuntamientos del país, cifra que representa 42% de las autoridades municipales que existen en todo el territorio nacional, señaló Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de dicho organismo jurisdiccional.

Al rendir su Informe de Labores 2012-2013, destacó que dicha Sala correspondiente a la III Circunscripción plurinominal que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas, conoce la integración de las autoridades electas tanto por el sistema de partidos políticos, como por usos y costumbres.

En presencia de José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior y de la Comisión de Administración, así como de los magistrados Constancio Carrasco Daza, integrante de dicha Comisión, María del Carmen Alanis Figueroa, Salvador Olimpo Nava Gomar, Pedro Esteban Penagos López, y Manuel González Oropeza, dijo que 40% de los municipios pertenecientes a las 7 entidades de la región, renuevan a sus integrantes mediante sistemas normativos internos.

“En estos casos, donde los comicios se rigen por el sistema de usos y costumbres, se genera la obligación en todo juzgador de conocer a cabalidad el contexto normativo propio de cada comunidad y ser sensible a sus realidades económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales para garantizar una impartición de justicia con perspectiva indígena, que responda a las necesidades del sector y dé cumplimiento al mandato constitucional de inclusión y respeto”, manifestó.

Propone creación de órganos especializados en procuración de justicia indígena
De León Gálvez propuso la creación de un ente público que procure la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, así como una estructura administrativa de sistemas normativos internos que cuente con un centro de documentación especializado en la materia.

Lo anterior, con el objetivo de atender el multiculturalismo y pluralismo que caracteriza la tercera circunscripción para lograr la plena convivencia, así como el respeto mutuo entre sistemas normativos diversos.


Dijo que dichos proyectos, fundamentados en estudios de antropología y sociología jurídica, tendrían como facultad primordial poner en marcha canales asequibles para un efectivo acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades originarias. “No basta resolver en el escritorio con normas que resultan inaplicables a estas distintas realidades”, sentenció.

Solidez y eficacia, características de las sentencias de la Sala
El Magistrado destacó que en el periodo que se informa se resolvieron 985 impugnaciones y sólo en dos casos la Sala Superior revocó las resoluciones implicadas. “Lo que demuestra que las sentencias emitidas por este órgano colegiado regional son sólidas y consistentes, situación que abona en la consolidación de la legitimación de nuestro trabajo”, dijo.

De León Gálvez enfatizó que la impartición de justicia no sólo debe ser eficaz sino también oportuna, por lo que refirió que las impugnaciones presentadas ante la Sala Regional Xalapa se resolvieron en un tiempo récord, en relación con el número de asuntos. Asimismo, señaló que una tercera parte de las impugnaciones recibidas fue presentada por mujeres, lo cual garantiza una impartición de justicia electoral con perspectiva de género.

Por otro lado, refirió que la Sala Regional se encuentra preparada para conocer de las impugnaciones que se presenten con motivo de los procesos electorales extraordinarios que se celebrarán en el presente año, así como de las elecciones de agentes y subagentes municipales a desarrollarse en Oaxaca y Veracruz.

Los jueces obtienen legitimación a través de los resultados que ofrecen a la ciudadanía
De León Gálvez afirmó que los jueces obtienen la legitimación a través de los resultados que ofrecen a la ciudadanía por medio de sus resoluciones. “Por ello, mantenemos el compromiso inquebrantable de que nuestros deberes profesionales, legales y sociales tengan como eje de inspiración los principios de la justicia, la ética y la transparencia, anteponiendo en todo momento los valores que establece la Constitución federal”, dijo.

Finalmente, de cara a la implementación de la reforma político-electoral, el Magistrado Presidente resaltó que él y los magistrados Juan Manuel Sánchez Macías y Octavio Ramos Ramos, integrantes de dicha Sala, en todo momento vigilarán que los valores y principios consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes de la materia sean tutelados.

Al evento acudieron magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, magistrados y consejeros electorales de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, así como autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y otros.

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24/octubre /2013 / Sala Superior 180/2013

México, D.F.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es respetado y reconocido a nivel internacional como garante de los derechos humanos en materia electoral, porque ha conciliado las normas establecidas por la Constitución con los tratados internacionales para proteger la voluntad popular, coincidieron en señalar los participantes del Congreso Internacional de Derecho Electoral, La implementación de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Durante el desarrollo del segundo día de actividades del foro realizado en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, magistrados, catedráticos, investigadores y especialistas expresaron que la protección de los derechos humanos debe imponerse a la soberanía nacional, por lo que los tribunales, así como los jueces en la materia, deben aprovechar las ventajas de la globalización en beneficio de las personas.

Los derechos humanos tienen valor supraconstitucional
El magistrado de la Sala Superior, Flavio Galván Rivera, expresó que los derechos humanos tienen valor supraconstitucional, y la voluntad de las autoridades encargadas de protegerlos debe estar enfocada a garantizar esa jerarquía, ejerciendo su facultad de inaplicar los preceptos que se contrapongan a ellos y armonizándolos con los tratados internacionales que favorezcan a los principios pro persona.

Al participar en la mesa “Supremacía constitucional y tratados internacionales”, señaló que como auténtico defensor de los derechos humanos, el Tribunal Electoral ha utilizado todas las herramientas jurídicas nacionales e internacionales, cumpliendo los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad para tutelar a quienes sienten afectadas sus garantías en materia político-electoral, con lo cual se ha dado vigencia al sistema democrático nacional.

Enfatizó que una democracia social está completa cuando se respeta la dignidad humana y existe un efectivo disfrute de todos los derechos. Por ello, los ordenamientos jurídicos nacionales, estatales y municipales deben ajustarse a los contextos modernos para lograr esta misión.

Leyes y juzgadores deben proteger los derechos humanos de forma efectiva
Al intervenir como moderador de la mesa, Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior, dijo que los juzgadores deben asumir el compromiso de interpretar las normas establecidas, en los tratados internacionales y en la Constitución, en favor de la protección de los derechos humanos. Agregó que las leyes bien redactadas y fundamentadas tienen que implementarse para favorecer a la población de forma tangible.

Comentó que los defensores de los derechos humanos comprometidos con la ética y el profesionalismo deben apoyarse en todas las herramientas establecidas en los catálogos nacionales e internacionales, usando elementos como jurisprudencias, controles de convencionalidad y otros, para garantizar el disfrute de todas las garantías individuales.

Los panelistas Paloma Biglino, representante de España ante la Comisión de Venecia y José Luis Barceló Camacho, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, concluyeron que los Estados deben contar con un estándar de justicia compatible con todas las normas internacionales y los jueces deben aplicarla con rostro humano para lograr una sociedad incluyente en la materia.

Construirán nuevas herramientas para garantizar derechos femeninos
María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada de la Sala Superior, afirmó que los derechos humanos de las mujeres están contemplados en los tratados internacionales y sus instrumentos obligan a los estados a tomar las medidas necesarias para lograr el pleno ejercicio de estas garantías. En ese marco, el TEPJF ha patentado su deber de impulsor de la democracia con sus resoluciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva y la paridad de género.

En su intervención en la mesa “Los derechos políticos de las mujeres: aplicación de tratados internacionales y juzgar con perspectiva de género”, la Magistrada sostuvo que gracias a las acciones afirmativas y a otras herramientas jurídicas, la batalla en el terreno legal va por buen camino, pero en lo social apenas empieza. Lo anterior, porque a pesar de que 172 constituciones en el mundo reconocen el derecho de la igualdad, en los sistemas de usos y costumbres se sigue vulnerando esa garantía.

Adelantó que el Tribunal Electoral forma parte de un proyecto que involucra a los tres órganos del Poder Judicial de la Federación y a ONU-Mujeres para juzgar con perspectiva de género, por lo que construirán nuevas herramientas que garanticen la protección de los derechos femeninos en el sistema de usos y costumbres, pero sin imponer un sistema ajeno a las tradiciones ni incidir en la independencia del juzgador.

Al respecto, María Marván Laborde, consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), precisó que a pesar de que en México tenemos instrumentos legales para proteger los derechos electorales de las mujeres con la característica de ser irrenunciables, interdependientes, imprescriptibles, indivisibles y jurídicamente exigibles, aun no se ha logrado la igualdad de género por obstáculos culturales y tradicionales.

En la mesa que fue moderada por Ingrid Novoa Aguilar, secretaria de estudio y cuenta de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron como expositoras Paz López, experta en estadística de género de ONU-Mujeres; Amaya Úbeda de Torres, letrada de la Comisión de Venecia; Sara Mía Noguera, jefa de la Sección de Proyectos y Estudios Electorales del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA; Zetty María Bou Valverde, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica y Carmen Lucía Antunes Rocha, ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El TEPJF es impulsor y protector de los derechos humanos
Durante la mesa “Ejercicio del control de convencionalidad por jueces nacionales” Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, puntualizó que gracias a mecanismos internacionales de los que la Sala Superior y las Salas Regionales han hecho uso, sus resoluciones enfocadas a la equidad de género han transformado para bien muchas vidas.

Por su parte, Armando Maitret Hernández, magistrado de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, quien participó como moderador, especificó que con la armonización de las normas nacionales e internacionales, el TEPJF ha jugado un papel fundamental en materia de protección de los derechos humanos y ha contribuido con avances sustanciales en la materia.

Carlos Fernando Mesía Ramírez, magistrado del Tribunal Constitucional de Perú; Ruddy José Flores Monterrey, magistrado presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, y Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República de Uruguay, expresaron que para lograr un verdadero estado democrático, la protección de los derechos humanos no debe tener fronteras ni controles políticos.

Los trabajos del Congreso Internacional de Derecho Electoral, en los que participan representantes de cortes constitucionales, tribunales electorales y especialistas del mundo en materia de derechos humanos, serán clausurados mañana 25 de octubre.
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