Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

13/noviembre /2013 / Sala Superior 196/2013

México, D.F.,

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que convoque, de inmediato, a elecciones en la cabecera municipal Santiago Choapam y en las comunidades de San Juan Teotalcingo, la Ermita y San Jacinto Yaveloxi, en el municipio de Santiago Choapam, Oaxaca.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento total a la sentencia emitida por este órgano el 30 de mayo de 2012, la cual hasta ahora ha sido atendida de manera parcial, pues únicamente se han llevado a cabo comicios en las comunidades de San Juan del Río, Santa María Yahive y Santo Domingo Latani.

En el proyecto de sentencia, elaborado por la Ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, que fue aprobado por unanimidad, se exhorta al gobernador de Oaxaca para que en uso de sus atribuciones realice todas las medidas necesarias y suficientes a fin de crear las condiciones que permitan cumplir con lo ordenado por el máximo organismo en materia electoral del país.

Del análisis de los escritos presentados por quienes se inconformaron con el incumplimiento de la sentencia, los integrantes del Pleno analizaron la legalidad del derecho ancestral en la cabecera municipal de Santiago Choapam, el cual excluye a las mujeres y a los mayores de 60 años de participar en los procesos electivos por usos y costumbres, lo cual, se indica en el proyecto, es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.

El Magistrado ponente advirtió que un sistema de usos y costumbres es respetable mientras no transgreda principios fundamentales y constitucionales de un sistema jurídico pero, en este caso, anotó, las normas consuetudinarias son insostenibles, por lo que se deben eliminar. La ciudadanía, dijo, no puede tener más límites que los establecidos en la Constitución.

En su oportunidad, el magistrado Pedro Esteban Penagos López mencionó que hasta ahora la sentencia emitida por la Sala Superior en mayo de 2012 está parcialmente cumplida.

Apuntó que los usos y costumbres de la mencionada comunidad “están completamente desapegados de lo que establece la propia Constitución en su artículo primero”. Apuntó que los derechos fundamentales no pueden restringirse o limitarse a través de un ordenamiento diferente a la Carta Magna.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza explicó que las normas consuetudinarias nacen como un reconocimiento a la solidaridad de los pueblos para lograr un mejor desarrollo político y social. Sin embargo, anotó: “No encuentro la solidaridad en estas normas; al contrario, no se permite con ellas un desarrollo democrático mínimo, que hoy es exigencia de nuestro Estado de Derecho”.

El magistrado Flavio Galván Rivera destacó que la resolución no modifica la sentencia aprobada hace poco más de un año. “Estamos, quizá, resolviendo temas que en ese momento no eran conocidos y que ahora no son objeto de controversia, son materia de información a la Sala en el cumplimiento de la sentencia que se dictó en su oportunidad, pero que esta Sala Superior no puede dejar pasar desapercibidos”. No puede el cumplimiento de una sentencia darse al margen de la Constitución y de los tratados.

Al presentar su voto a favor, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa señaló que la Sala Superior ha vinculado a las autoridades administrativas, legislativas y electorales para que se realice una real consulta a los integrantes de la comunidad de Santiago Choapam, que incluya a los grupos indígenas, para que el conflicto se resuelva a través de un proceso amigable e incluyente que no vulnere el ejercicio de derechos fundamentales.

Advirtió la necesidad de un esfuerzo mayor de las autoridades involucradas para, con una visión de multiculturalidad, se lleve a cabo una consulta que, por un lado, respete el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades de conformidad con sus usos y costumbres ancestrales. Pero, por otra parte, Alanis reiteró que nunca podría considerar constitucional ni convencional un modelo de elección de autoridades que excluya a las mujeres o adultos mayores.

En su oportunidad, José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente, sentenció que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano. Expresó que las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral deben llevarse a cabo pero sin discriminaciones.

“Los usos y costumbres les da una facultad y una libertad de autogobierno a los núcleos de población indígena, pero ello no puede llevarnos a que en esta salvaguarda se permita que se violen los principios constitucionales y los derechos humanos que están consagrados en nuestro artículo primero y en los tratados internacionales que ha suscrito México con la aprobación de la Cámara de Senadores”, indicó.

Acción Nacional deberá entregar información sobre gastos en Asamblea Extraordinaria
El Pleno de la Sala Superior ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) que en un plazo de cinco días hábiles, a partir de que haya sido notificado, remita en formato electrónico al solicitante la documentación relacionada con gastos efectuados con motivo de la celebración de la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

En el proyecto de sentencia elaborado por la Ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, se indica que la entrega de la información en formato electrónico o digital, constituye una modalidad de las previstas en el artículo 42, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 31 d), párrafo primero, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y debe privilegiarse cuando así sea solicitada por el peticionario, siempre y cuando no implique una carga injustificada o desproporcionada por el partido político, en atención al volumen de la información solicitado o a su formato original.

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos. El magistrado Flavio Galván Rivera se pronunció en contra, pues consideró que el partido político cumplió con su obligación en materia de transparencia, al poner a disposición del interesado la documentación requerida en el sitio en el que ésta se encuentre o mediante la expedición de copias simples certificadas, pues, en caso contrario, se le impone un deber jurídico.

Al respecto, el Magistrado Salvador Nava, reiteró que la modalidad de entrega digital está prevista en la ley. “La digitalización no es más que un formato digital de las copias. Yo me atrevería a decir que el futuro del acceso a la información va más bien por esa vía”.

Durante la sesión pública celebrada hoy se analizaron y resolvieron 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 recurso de apelación, 4 recursos de reconsideración, que hacen un total de siete medios de impugnación, así como 1 incidente de inejecución de sentencia.

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24/marzo /2014 / Sala Regional Ciudad de México 13/2014

Ciudad de México, D.F.

Magistrados, consejeros electorales, legisladores, académicos e investigadores de todo el país se reunieron hoy con la finalidad de analizar el impacto de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero pasado, así como para discutir importantes puntos relacionados con la modificación a la legislación secundaria, con la intención de contribuir a hacer funcional, efectivo y confiable el marco normativo.

Las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca, fueron la sede de las 25 mesas de trabajo en las que se abordaron, de manera simultánea, cinco grandes temas, que agrupan las principales inquietudes de los participantes en el evento denominado “Hacia dónde va la reforma electoral. Foros de análisis y reflexión”:

• Igualdad de género en candidaturas e integración de órganos electorales
• Asignaciones presupuestales a los organismos electorales estatales
• Cuestiones orgánicas y competencias de las autoridades electorales
• Alcances de los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la reforma constitucional, y
• Nombramiento de consejeros y magistrados electorales.

Las mesas de análisis fueron convocadas por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM); la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el TEPJF.

Las conclusiones de los foros serán presentadas en un evento que se llevará a cabo el próximo 7 de abril, en el Teatro de la República, en el estado de Querétaro.

El documento será producto del consenso de los participantes y reunirá los puntos de vista y las aportaciones al proceso de modificación del marco normativo en materia electoral, por lo que serán enviadas al Congreso de la Unión, para su consideración.

Los participantes, entre ellos legisladores locales y federales, reconocieron la oportunidad con la que se llevaron a cabo las mesas de trabajo, ya que coinciden con los plazos previstos en los artículos transitorios de la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de los cuales se precisan las fechas en que deberá aprobarse la legislación secundaria.

A favor de la igualdad de género
Durante la mesa 1, denominada “Igualdad de género en candidaturas e integración de órganos electorales”, las y los participantes coincidieron en que se han dado pasos importantes para lograr la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Sin embargo, advirtieron que no basta el aumento de mujeres en los órganos de elección popular, pues se requiere una modificación cultural política, social y económica, para que en el país se hable de igualdad para todas, incluyendo a las integrantes de las comunidades indígenas.

El futuro de los órganos electorales
En la mesa “Asignaciones presupuestales a los organismos electorales estatales”, se subrayó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la independencia presupuestal de las autoridades jurisdiccionales electorales locales para que no reciban presiones que tengan como finalidad influir en sus decisiones.

Se propuso, entre otros puntos: otorgar a los organismos la capacidad de diseñar sus propias reglas financieras; que la organización de los procesos electorales sea financiada con recursos de la federación, para que los órganos electorales locales no dependan del Instituto Nacional Electoral (INE), y que se garantice la equidad del financiamiento, tanto a los candidatos que sean postulados por partidos políticos, como para los que busquen un cargo de manera independiente.

Al referirse a las “Cuestiones orgánicas y competenciales de las autoridades electorales”, los ponentes demandaron que la legislación secundaria en materia político-electoral defina con claridad las atribuciones de los organismos electorales federales y locales.

Recordaron que de acuerdo a la reforma constitucional, los institutos electorales locales tendrán facultades para organizar y resolver las elecciones en sus respectivas entidades, no obstante, el INE podrá asumir las actividades propias del organismo electoral y atraer los asuntos de competencia de los órganos electorales locales cuando la trascendencia así lo amerite.
Mientras que al abordar los “Alcances de los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la reforma constitucional”, los participantes destacaron su importancia ya que serán la base para precisar las atribuciones que tendrán los órganos electorales a nivel federal y estatal.

Subrayaron la necesidad de que los integrantes de los organismos electorales cuenten con independencia al emitir sus resoluciones, lo que debe quedar establecido en la legislación secundaria.

Finalmente, se analizó el tema del “Nombramiento de consejeros y magistrados electorales” en donde se revisó el marco normativo vigente que regula la designación de magistrados y consejeros electorales locales, así como el impacto que en este rubro tendrá la nueva disposición constitucional a partir de la aprobación de la legislación secundaria sobre el tema.

Las mesas de trabajo que se celebraron hoy, constituyen una primera etapa en el proceso de revisión del impacto de la reforma político-electoral, en la que toman parte las autoridades electorales del país, quienes refrendaron su compromiso para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a la consolidación del sistema democrático nacional.