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BUENAS PRÁCTICAS JURISDICCIONALES MAXIMIZAN
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES: LUNA RAMOS

15/noviembre /2013 / Sala Superior 199/2013

Veracruz, Veracruz

  •  Se clausuran los trabajos de la VIII Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas

Las buenas prácticas en el ámbito de la justicia electoral garantizan la confianza de la ciudadanía y maximizan la protección de los derechos político-electorales, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al participar en la VIII Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas.

“Todas las Salas y Tribunales electorales del país tenemos el propósito de servir a la comunidad. Las y los mexicanos son nuestra razón de ser, una forma de lograrlo es mediante el buen desempeño de nuestras funciones”, dijo.

Durante su intervención en la mesa “Eficacia y buenas prácticas de la justicia electoral local como justicia constitucional”, señaló que el Tribunal Electoral se ha fortalecido y ha logrado la confianza de la ciudadanía, porque mediante la emisión de sentencias bien fundamentadas atiende las demandas de justicia, además de salvaguarda las garantías individuales.

Comentó que se han puesto en marcha acciones afirmativas para tutelar el sufragio, la paridad e igualdad de género, también se impulsa el diálogo, así como la difusión de la cultura electoral a través de diversos foros. Puntualizó que el intercambio de experiencias se traduce en acciones positivas que generan credibilidad y legitimidad en el sistema.

Por ello, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional entre los órganos electorales. Expresó que la justicia representa el pilar de la democracia y en ella las autoridades deben asumir el compromiso de potencializar la eficacia de sus acciones para fortalecerla.

“Las Magistradas y Magistrados electorales, estamos conscientes de que nuestra labor no sólo requiere del conocimiento de la ciencia jurídica y de un estricto apego a los principios constitucionales que rigen la actividad, pues las particularidades de la materia imponen mayores exigencias para servir a la comunidad”, agregó.

En el panel, que fue moderado por Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, participaron Gregorio Valerio Gómez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) y Jorge Muciño Escalona, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

El fortalecimiento de los tribunales locales garantiza el federalismo
El magistrado de la Sala Superior, Pedro Esteban Penagos López, manifestó que los juzgadores estatales y federales deben ejercer la facultad de pronunciarse por la inconstitucionalidad de las leyes que no garanticen la tutela efectiva de los derechos humanos.

Indicó que reconocer este tipo de competencia, en un ámbito de impartición de justicia local, permite fortalecer a los tribunales de las entidades federativas y, como consecuencia, robustece al federalismo y al sistema democrático.

Al abordar el tema “La justicia local ante los medios de control constitucional federal”, expresó que la prevalencia de las libertades de los seres humanos debe ser prioridad para los impartidores de justicia. “Los jueces tenemos facultades y obligaciones definidas. Si en los límites de nuestra competencia las ejercemos, contribuiremos a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y garante de la dignidad”, dijo.

La mesa estuvo integrada por Salvador Valencia Carmona, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Lorenzo Álvarez Montero, magistrado del TEEV, y fue moderada por Octavio Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

Tribunal Electoral atiende los principios de la justicia
Por otro lado, al debatir sobre el “Análisis de la evolución de los diseños constitucionales más recientes en el ámbito local de justicia constitucional”, Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Regional Xalapa, comentó que los integrantes de las Salas Superior y Regionales reciben una constante actualización en el conocimiento de las normas para fundamentar sus resoluciones y atender los principios de la justicia electoral.

Marco del Rosario Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF, moderó este foro de expresión integrado por Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit y Eduardo Andrade Sánchez, catedrático de la UNAM.

En tanto, en la exposición de reflexiones sobre “La protección de los derechos fundamentales a nivel local: análisis de la eficacia de los mecanismos de control constitucional”, Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Xalapa, refirió que el máximo organismo electoral del país ha emitido jurisprudencias y tesis para hacer efectiva la justicia electoral, especialmente la enfocada a la defensa de los pueblos indígenas.

El magistrado electoral compartió puntos de vista sobre este tema con Humberto Suárez Camacho, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; Luis Antonio Corona Nakamura, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y con Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante del TEEV, quien fungió como moderadora.

Necesario cultivar y fortalecer la cultura constitucional
Al clausurar los trabajos de la VIII Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, Manuel González Oropeza magistrado de la Sala Superior, llamó a cultivar y profesionalizar las judicaturas locales para hacer efectiva la protección de la voluntad popular. Dijo que la justicia electoral ya está rindiendo frutos y para enriquecerla es necesario generar confianza entre la ciudadanía con el fin de que acuda a los tribunales a solicitar la tutela de sus derechos.

Consideró necesario que los servidores públicos cumplan su responsabilidad política, mientras que los encargados de impartir justicia electoral, deben concentran todo su esfuerzo en la formación de profesionistas en el ámbito constitucional estatal para lograr con ello la madurez de las instituciones locales y garantizar su permanencia.

De esta forma se puso fin a los trabajos celebrados en el Cabildo del ayuntamiento de Veracruz, que durante dos días reunió a magistrados, investigadores, catedráticos, estudiantes y representantes de organismos vinculados con el ámbito electoral.
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MAGISTRADOS, CONSEJEROS ELECTORALES, LEGISLADORES Y ACADÉMICOS ANALIZAN IMPACTO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

24/marzo /2014 / Sala Regional Xalapa 13/2014

Xalapa de Enríquez, Veracruz

  • Se reúnen en sedes de las cinco Salas Regionales del TEPJF para presentar las propuestas de modificación a legislación secundaria en la materia
  • Las conclusiones de los foros se darán a conocer el 7 de abril en el Teatro de la República, en Querétaro
     

Magistrados, consejeros electorales, legisladores, académicos e investigadores de todo el país se reunieron hoy con la finalidad de analizar el impacto de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero pasado, así como para discutir importantes puntos relacionados con la modificación a la legislación secundaria, con la intención de contribuir a hacer funcional, efectivo y confiable el marco normativo.

Las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca, fueron la sede de las 25 mesas de trabajo en las que se abordaron, de manera simultánea, cinco grandes temas, que agrupan las principales inquietudes de los participantes en el evento denominado “Hacia dónde va la reforma electoral. Foros de análisis y reflexión”:

- Igualdad de género en candidaturas e integración de órganos electorales
- Asignaciones presupuestales a los organismos electorales estatales
- Cuestiones orgánicas y competencias de las autoridades electorales
- Alcances de los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la reforma constitucional, y
- Nombramiento de consejeros y magistrados electorales.

Las mesas de análisis fueron convocadas por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM); la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el TEPJF.

Las conclusiones de los foros serán presentadas en un evento que se llevará a cabo el próximo 7 de abril, en el Teatro de la República, en el estado de Querétaro.

El documento será producto del consenso de los participantes y reunirá los puntos de vista y las aportaciones al proceso de modificación del marco normativo en materia electoral, por lo que serán enviadas al Congreso de la Unión, para su consideración.

Los participantes, entre ellos legisladores locales y federales, reconocieron la oportunidad con la que se llevaron a cabo las mesas de trabajo, ya que coinciden con los plazos previstos en los artículos transitorios de la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de los cuales se precisan las fechas en que deberá aprobarse la legislación secundaria.

A favor de la igualdad de género

Durante la mesa 1, denominada “Igualdad de género en candidaturas e integración de órganos electorales”, las y los participantes coincidieron en que se han dado pasos importantes para lograr la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Sin embargo, advirtieron que no basta el aumento de mujeres en los órganos de elección popular, pues se requiere una modificación cultural política, social y económica, para que en el país se hable de igualdad para todas, incluyendo a las integrantes de las comunidades indígenas.

El futuro de los órganos electorales

En la mesa “Asignaciones presupuestales a los organismos electorales estatales”, se subrayó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la independencia presupuestal de las autoridades jurisdiccionales electorales locales para que no reciban presiones que tengan como finalidad influir en sus decisiones.

Se propuso, entre otros puntos: otorgar a los organismos la capacidad de diseñar sus propias reglas financieras; que la organización de los procesos electorales sea financiada con recursos de la federación, para que los órganos electorales locales no dependan del Instituto Nacional Electoral (INE), y que se garantice la equidad del financiamiento, tanto a los candidatos que sean postulados por partidos políticos, como para los que busquen un cargo de manera independiente.

Al referirse a las “Cuestiones orgánicas y competenciales de las autoridades electorales”, los ponentes demandaron que la legislación secundaria en materia político-electoral defina con claridad las atribuciones de los organismos electorales federales y locales.

Recordaron que de acuerdo a la reforma constitucional, los institutos electorales locales tendrán facultades para organizar y resolver las elecciones en sus respectivas entidades, no obstante, el INE podrá asumir las actividades propias del organismo electoral y atraer los asuntos de competencia de los órganos electorales locales cuando la trascendencia así lo amerite.

Mientras que al abordar los “Alcances de los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la reforma constitucional”, los participantes destacaron su importancia ya que serán la base para precisar las atribuciones que tendrán los órganos electorales a nivel federal y estatal.

Subrayaron la necesidad de que los integrantes de los organismos electorales cuenten con independencia al emitir sus resoluciones, lo que debe quedar establecido en la legislación secundaria.

Finalmente, se analizó el tema del “Nombramiento de consejeros y magistrados electorales” en donde se revisó el marco normativo vigente que regula la designación de magistrados y consejeros electorales locales, así como el impacto que en este rubro tendrá la nueva disposición constitucional a partir de la aprobación de la legislación secundaria sobre el tema.

Las mesas de trabajo que se celebraron hoy, constituyen una primera etapa en el proceso de revisión del impacto de la reforma político-electoral, en la que toman parte las autoridades electorales del país, quienes refrendaron su compromiso para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a la consolidación del sistema democrático nacional.

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