Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

4 /abril /2014 / Sala Regional Monterrey 10/2014

Monterrey, Nuevo León

 La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución dictada por la Presidenta en funciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), mediante la cual resolvió el recurso partidista que Jesús Gerardo López Macías presentó contra los resultados de la elección del presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Monterrey, Nuevo León.

El litigio se originó pues el actor, precandidato a la presidencia del CDM, acudió ante el CEN para controvertir la asamblea en la que se realizó la elección del Presidente y los miembros de dicho comité. Esta impugnación partidista fue resuelta por la Presidenta en funciones del CEN, quien emitió “providencias” –un tipo de resoluciones que son provisionales y obligatorias al mismo tiempo– para desestimar el recurso interpuesto y confirmar los resultados de la elección.

Para justificar su decisión, la dirigente nacional empleó una norma interna del PAN, que permite al Presidente del CEN adoptar las providencias que estime convenientes para el partido, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano partidista. De acuerdo con la esta norma, las providencias deben ser informadas al CEN del PAN en la primera oportunidad, para que este órgano las ratifique.

Al resolver el juicio ciudadano SM-JDC-13/2014, en el que fue ponente el Magistrado Yairsinio David García Ortiz, los magistrados de la Sala Monterrey concluyeron que la Presidenta en funciones del CEN no podía resolver la impugnación de López Macías mediante la figura de las “providencias”, pues el asunto debía ser resuelto por todo el CEN.

El Pleno de la Sala Monterrey señaló que la atribución de emitir providencias se refiere a actos que requieren una atención urgente, ante la imposibilidad de reunir a un órgano colegiado, y que buscan garantizar el adecuado funcionamiento del partido. Mediante este tipo de determinaciones, el Presidente del CEN puede realizar los actos políticos y administrativos que señala la normativa interna del PAN, tales como la designación de candidatos o el nombramiento de comisiones.

Sin embargo, los magistrados señalaron que cuando el CEN tiene encomendada la labor de resolver un medio de impugnación, se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia y los principios de la función jurisdiccional, según la Constitución y los tratados internacionales.

Por tanto, estimaron que una resolución emitida sólo por la Presidenta en funciones –y no por todo el CEN– resulta contraria a la garantía de seguridad jurídica en la impartición de justicia, pues implica que los medios de impugnación sean resueltos por un órgano distinto al que tiene la facultad para ello.

En consecuencia, la Sala Monterrey revocó las providencias, y le ordenó a la dirigente nacional que de inmediato realice las gestiones necesarias para que el recurso intrapartidista de Jesús Gerardo López Macías sea resuelto por el CEN del PAN a la mayor brevedad.

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9 /diciembre /2013 / Sala Superior 211/2013

Acapulco, Guerrero

Los integrantes de los órganos electorales debemos sumarnos al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, garantizando la vigencia de las potestades individuales como pilares esenciales de un Estado republicano, señaló Pedro Esteban Penagos López, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al inaugurar el seminario Derechos humanos, democracia y participación ciudadana, en el marco del 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo que frente a los nuevos pasos que ha dado el constituyente para impulsar una nueva reforma político-electoral, los encargados de preservar la ley “debemos enfrentar los retos con los cuales se escribe otro capítulo de la historia de un México democrático, más justo, con mayor dignidad y certeza jurídica”.
Penagos López agregó que las instituciones fueron concebidas para servir a la sociedad. Ante ello, los actos de las autoridades deben estar enfocados a respetar los anhelos humanos. “Los jueces electorales tenemos la obligación de interpretar las garantías de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Manifestó que el ideal democrático siempre ha estado presente en el constitucionalismo mexicano, y en esa vertiente democratizadora se encuentra la actual reforma constitucional con la que se pretende dar mayor certeza y transparencia a los procesos electorales.
Es de reconocerse la labor del Poder Legislativo, consideró, al pasar de una equidad legal a la determinación constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la reelección legislativa de diputados e integrantes de los ayuntamientos, lo cual era un tema pendiente de nuestra democracia.

Puntualizó que con la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE), pero preservando los órganos locales, se respeta el régimen interno de las entidades federativas y, como consecuencia, el sistema federalista.
La convivencia humana requiere de instituciones más fuertes: Otálora Malassis
Por su parte, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, afirmó que la convivencia humana requiere de instituciones más fuertes para asegurar que vivamos en democracia y paz. Por lo que “es nuestro deber honrar los ideales de los precursores de la cultura garantista que concibieron la declaración universal de los derechos humanos, como un legado para preservar la libertad y la dignidad”.

“La universalidad de la dignidad humana para todos los integrantes de la comunidad marcó el inicio del orden jurídico moderno”, subrayó en compañía de sus homólogos Armando Maitret Hernández y Héctor Romero Bolaños.
Al hacer uso de la palabra, Arturo Pacheco Bedolla, magistrado presidente y titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, celebró que hoy en nuestro país existan instituciones fortalecidas, encargadas de preservar y garantizar los derechos humanos, y auguró que este seminario servirá para robustecer aún más las funciones jurisdiccionales.
Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, sostuvo que con actividades como éstas, hoy la democracia en nuestro país es una realidad, lo cual garantiza certeza y confianza en nuestras instituciones impartidoras de justicia.
En el auto inaugural también participó José Guadalupe Salgado Román, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien refirió que los organismos electorales locales asumirán con responsabilidad los ordenamientos jurídicos que marca la ley.
En la mesa “Género y Derechos Políticos de las mujeres indígenas en México”, magistrados, académicos, representantes gubernamentales y de organizaciones civiles, reconocieron que a pesar de los avances que se han registrado en materia de equidad de género, falta mucho por hacer para lograr que en las comunidades originarias se reconozcan plenamente los derechos políticos femeninos.

Los ponentes Janine M. Otálora Malassis; Fernando Rey Martínez, profesor de la Universidad de Valladolid, España; María Luisa Sánchez Fuentes, integrante del Consejo Asesor del Instituto Simone de Bouvoir; Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Guerrero, así como Ismael Anaya López, quien participó como moderador, destacaron las sentencias emitidas por el TEPJF sobre los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

Admitieron que es necesario trabajar para armonizar los artículos segundo y cuarto de la Constitución, para asegurar el derecho de este sector a votar y ser votado.
Los trabajos del seminario continúan hoy y mañana con la participación de Magistrados y Magistradas del TEPJF y de los tribunales locales de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, así como de personal jurídico y consejeros de los institutos electorales locales de los estados referidos.
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