Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

10/abril /2014 / Sala Regional Monterrey 12/2014

Monterrey, Nuevo León

 La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó dos resoluciones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), relacionadas con la elección de José Ángel Castillo Torres como Presidente sustituto del del Comité Directivo Estatal del referido instituto político en San Luis Potosí.

Al resolver los juicios ciudadanos SM-JDC-16/2014 y SM-JDC-17/2014, en los que fueron ponentes los Magistrados García Ortiz y Rodríguez Mondragón, el Pleno de la Sala Monterrey concluyó que fue correcta la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria, la cual desechó los recursos de inconformidad que Francisco Ricardo Sánchez Flores promovió contra la elección de Castillo Torres.

En el primer caso, los magistrados de la Sala Monterrey concluyeron que, de acuerdo con la normativa interna del PRI, los dictámenes de registro se publican en los estrados de dicho partido, y que es obligación y responsabilidad de los aspirantes verificar esos espacios. Por tanto, si Sánchez Flores quería impugnar un dictamen que se fijó en los estrados desde el 6 de diciembre de 2013, contaba con 48 horas para impugnarlo. Sin embargo, dicho militante presentó su impugnación hasta el 10 de diciembre, por lo que fue extemporáneo.

En cambio, en el segundo caso el desechamiento de la impugnación partidista se debió a que anteriormente Sánchez Flores ya había presentado otro recurso de inconformidad para cuestionar la aprobación del registro de José Ángel Castillo Torres. Por lo tanto, se concluyó que con la presentación de este primer recurso, Sánchez Flores agotó su derecho de impugnación.

Sala Monterrey fortalece vinculación con tribunales electorales estatales

Por otra parte, el jueves 10 de abril de 2014 se llevó a cabo la primera Reunión de Trabajo de Secretarios Generales de Acuerdos de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con el objetivo de fomentar los vínculos de comunicación y coordinación con los tribunales de II Circunscripción Plurinominal Electoral.

Estuvieron presentes los secretarios generales de los tribunales electorales de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Por parte de la Sala Monterrey, al evento asistieron los Magistrados Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, así como la Secretaria General de Acuerdos Irene Maldonado Cavazos.

En el evento se abordaron temas como los procedimientos para la recepción de medios de impugnación, las notificaciones por correo electrónico, así como la posible implementación de un sistema de información de la secretaría general de acuerdos a nivel local; los cuales serán útiles para brindar un mejor servicio a los ciudadanos que acudan a los tribunales electorales.

En la inauguración, el Magistrado García Ortiz señaló que este tipo de reuniones es de la mayor importancia, pues tanto el TEPJF como los tribunales electorales estatales realizan una misma función, encaminada a garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Por su parte, el Magistrado Rodríguez Mondragón enfatizó que todo el personal de la Sala Monterrey se encuentra con la mayor disposición para facilitar las labores de las instancias jurisdiccionales locales.

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10/diciembre /2013 / Sala Superior 214/2013

Acapulco, Guerrero

Para fortalecer la impartición de justicia en nuestro país y salvaguardar de manera eficiente los derechos político-electorales del ciudadano, es necesario dotar de mayores atribuciones a los tribunales locales y retomar su experiencia en casos exitosos con el fin de complementar la actuación de los jueces que integran los tribunales federales, señaló Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su participación en la mesa La Protección de Derechos Políticos en Estados Unidos y México, que se realizó en Acapulco, Guerrero, como parte del seminario Derechos humanos, democracia y participación ciudadana en el marco del 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo que se debe dar a los tribunales locales la capacidad de ejercer un control difuso de constitucionalidad, pero sin necesidad de intervenir en sus decisiones.

“En nuestro país la impartición de justicia ha sido buena, pero podría ser mejor si se complementa con la justicia que se aplica a nivel local, de la cual se podrían tomar elementos de éxito en sus resoluciones”, consideró.

El Magistrado de la Sala Superior aseveró que las razones jurídicas deben prevalecer sobre las políticas para fortalecer las instituciones locales mediante la capacitación de sus integrantes y evitar el monopolio del poder federal respecto del control de constitucionalidad.

Mencionó que el derecho comparado permite a los juzgadores conocer las bondades de otros sistemas y retomar instrumentos que los doten de la capacidad de argumentar.

“Los jueces tenemos el poder de la argumentación que es la pieza clave para definir el poder político en otros poderes”, subrayó González Oropeza.

Reflexionó que a lo largo de la historia, nuestro país adoptó elementos del modelo federalista de Estados Unidos y los armonizó con su sistema constitucional, lo cual permitió la evolución de sus instituciones para lograr una protección más favorable de los derechos humanos.

Puntualizó que las actuaciones del TEPJF van en ese sentido, ya que ha fundamentado sus resoluciones en leyes y tratados internacionales para emitir jurisprudencias y tesis que han garantizado la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en materia de equidad de género, grupos indígenas y salvaguarda de las garantías de los militantes de los partidos políticos.

Tutela TEPJF de manera efectiva los derechos político-electorales del ciudadano
En la misma mesa, Armando Maitret Hernández, magistrado de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, comentó que el máximo organismo electoral en materia jurisdiccional del país ha expandido y ensanchado la protección de las garantías individuales, muestra de ello, ejemplificó, más de 80% de la totalidad de los asuntos recibidos y resueltos corresponden al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Por su parte, Patrick Del Duca, profesor de la University of California, Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos (EU), comparó las particularidades entre su país y el nuestro en materia electoral, y refirió que en esa entidad no existe un derecho civil, sólo hay dos partidos políticos, no hay tribunales electorales, sí está permitido el financiamiento privado para los partidos políticos y han modernizado la tecnología para el recuento de los votos, con lo cual se garantiza la confianza de la población en las elecciones.

Por otro lado, al exponer en la mesa La convencionalidad en la justicia electoral federal mexicana Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, aseguró que en las entidades federativas se han implementado diversas acciones que han permitido a los tribunales electorales de los estados proteger las garantías individuales de los ciudadanos. Destacó los esfuerzos de la justicia electoral local para ampliar los derechos contenidos en el bloque de constitucionalidad.

En el panel, del que también formaron parte José Luis Caballero Ochoa, académico de la Universidad Iberoamericana, Arturo Pacheco Bedolla, magistrado presidente y titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y Rodrigo Escobar, secretario de estudio y cuenta de la Sala Regional DF, Héctor Romero Bolaños, magistrado de dicha sala, llamó a robustecer el papel de los jueces electorales de los estados para que sus resoluciones estén apegadas a lo que establece la Carta Magna.

Al clausurar las actividades del seminario, en el que se dieron cita magistrados de las salas Superior y regionales del TEPJF, así como juzgadores de los tribunales locales de Puebla, Guerrero y Tlaxcala, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Regional DF, manifestó que las conclusiones obtenidas en esta actividad permitirán eficientar la actuación de los jueces en materia de protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

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