Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

31/mayo /2014 / Sala Regional Monterrey 19/2014

Monterrey, Nuevo León

A raíz de la reforma constitucional que reconoció a las candidaturas independientes, el Congreso de Zacatecas adecuó la legislación electoral local para hacer posible esta vía de participación ciudadana. En el proceso electoral local de 2012-2013 se presentaron diversas impugnaciones ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual estableció criterios relevantes, como la inconstitucionalidad de exigir a los independientes un apoyo del 5% del padrón electoral.

Al resolver los juicios ciudadanos SM-JDC-481/2013 y SM-JDC-493/2013, en su papel de garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la Sala Regional Monterrey tuvo que decidir si algunos de los requisitos que se exigían para el registro de candidatos independientes resultaban idóneos, necesarios y proporcionales, esto es, si la restricción al derecho de ser votado se ajustaba a parámetros constitucionales y convencionales.

Estos dos asuntos fueron promovidos por dos ciudadanos que buscaban ser registrados como candidatos independientes a la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas les negó el registro en razón de que no alcanzaron los porcentajes de respaldo establecidos en la ley. Cabe mencionar que antes de acudir a la Sala Regional Monterrey ambos aspirantes impugnaron la decisión en el ámbito local, pero el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la negativa de registro.

En específico, la Sala Regional Monterrey determinó que era contrario a la Constitución solicitar a quienes pretendían su registro como independientes obtener un apoyo ciudadano equivalente al 5% del padrón electoral del lugar donde iban a competir. Asimismo, consideró que era inconstitucional el requisito consistente en presentar las copias simples de las credenciales de elector para demostrar el mencionado respaldo.

Al revisar la sentencia del tribunal electoral local, la Sala Regional Monterrey se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que si bien los derechos políticos pueden sujetarse a limitaciones, el legislador no goza de una discrecionalidad absoluta al establecerlas. En específico, explicó que toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios para solicitar su registro debe ser razonable y no constituir un obstáculo para el acceso a su candidatura.

A partir de ese criterio, la Sala Regional Monterrey estimó que, si bien el requisito de acreditar un porcentaje de apoyo ciudadano equivalente al 5% del padrón electoral buscaba la participación de los candidatos independientes en condiciones de competitividad, era desproporcional en comparación con el número apoyos exigido a los partidos políticos para distintas cuestiones.

En concreto, la Sala consideró que proporcionalmente eran menos los apoyos que se exigen para el registro de partidos políticos estatales de nueva creación (1% del padrón electoral, con lo cual se obtienen el derecho a registrar candidaturas), así como el necesario para conservarlo y para participar en la asignación de cargos bajo el principio de representación proporcional (2.5% de la votación total efectiva).

En razón de lo anterior, el Pleno de la Sala Regional Monterrey concluyó que esta medida inhibía la posibilidad de que la ciudadanía contendiera mediante las candidaturas independientes. Sin embargo, los ciudadanos actores en los juicios no pudieron ser registrados por no contar con firmas de apoyo suficientes para alcanzar el mínimo requerido a los partidos políticos para postular candidaturas.

Por otra parte, la Sala Regional Monterrey consideró que requerir la presentación de copias simples de la credencial de elector de los ciudadanos que respaldaran la candidatura independiente no resultaba una medida idónea. Ello en razón de que una copia simple no permite verificar si los ciudadanos se encuentran debidamente registrados en el padrón electoral, pues las copias podrían corresponder a credenciales no actualizadas, incluir datos erróneos o ser falsas.

Asimismo, la Sala sostuvo que había medidas idóneas que no afectaban el derecho a ser votado y lograban cumplir adecuadamente con el fin pretendido, ya que la información recabada en los formatos de apoyo ciudadano bien podían ser contrastados de manera directa por la autoridad electoral con el padrón electoral, a fin de verificar su autenticidad y veracidad.

Estos criterios permiten apreciar cómo la Sala Regional Monterrey ha cumplido con su rol de protector de los derechos político-electorales, supervisando que la amplia libertad de los órganos legislativos para crear las legislaciones que regulan el ejercicio de esos derechos respete ciertos estándares mínimos, a la luz de la Constitución.

Es importante recordar que las máximas autoridades judiciales de nuestro país, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen el deber de garantes de la Constitución y de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales, los cuales son el parámetro para juzgar la regularidad de nuestras leyes federales y estatales.

Las sentencias de los juicios señalados con anterioridad pueden consultarse en las siguientes ligas:

SM-JDC-481/2013: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00481-2013.htm

SM-JDC-493/2013: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00493-2013.htm

9 /febrero /2014 / Sala Superior 28/2014

México, D.F.

Los ciudadanos son el objetivo central del sistema democrático, por lo que es responsabilidad de los jueces garantizar la protección de sus derechos político-electorales, aseguró Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras señalar que 60% de los medios de impugnación que se resuelven en el organismo son promovidos por ellos.

Al impartir la conferencia magistral “El juez electoral en el Sistema Democrático”, en el auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que consciente de esa responsabilidad, el Tribunal Electoral ha emitido sentencias, jurisprudencias y tesis que tienen como finalidad maximizar los derechos del ciudadano, con lo cual ha contribuido en el fortalecimiento del Estado republicano.

Explicó que dichas resoluciones han reconocido y tutelado el derecho de las mexicanas y los mexicanos a votar y ser votados, en particular, se ha hecho efectiva esa prerrogativa en favor de las mujeres; también se ha reconocido que los integrantes de los pueblos y comunidades pueden elegir a sus autoridades por el método de usos y costumbres.

El Magistrado subrayó que el TEPJF también ha sido promotor de que los ciudadanos puedan participar como candidatos en los procesos electivos aún ante la ausencia de una ley que reglamente a las candidaturas independientes.

Además, dijo, se han resuelto asuntos intrapartidistas relacionados con el derecho de afiliación, la libertad de expresión, expulsión y suspensión de las garantías de los militantes, situación que “ni los países más democráticos han logrado hacer”, explicó.

Los jueces deben garantizar la protección de los derechos humanos

Por otro lado, subrayó que para cumplir con la democracia, los jueces deben aplicar la Constitución, pero también es necesario acudir al derecho comparado para guiarse en la resolución de casos similares que se presenten en otras latitudes del mundo.

Remarcó que la justicia electoral en nuestro país tiene una vocación internacionalista porque el Estado mexicano creó el Sistema de Justicia Electoral federal y estatal que conlleva el surgimiento de instituciones, entre ellas el TEPJF, a partir de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el Estado de Derecho en nuestro país.


Reelección legislativa requiere responsabilidad

Al referirse a la reelección legislativa que fue aprobada como parte de la reciente reforma constitucional en materia político-electoral, el Magistrado consideró la medida como positiva ya que repercutirá en las instituciones electorales en nuestro país. Sin embargo, consideró que su instrumentación deberá llevarse a cabo con toda responsabilidad.

“Felicito la reforma política por la reelección, porque nuestro país necesitaba un elemento mediante el cual la ciudanía premiara al buen diputado y al buen senador”. Afirmó que el principio de no reelección para los ejecutivos debe de permanecer todavía por nuestra historia.

Al término de la conferencia, González Oropeza junto con la catedrática Cecilia Mora, la diputada Alejandra del Moral, y Agapito Maestre, secretario de cultura de la embajada de España en México, entregaron constancias a los alumnos que concluyeron sus estudios en el Máster en Democracia.

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