Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

18/febrero /2014 / Sala Superior 40/2014

México, D. F.

La sociedad exige la implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres con el objetivo de que puedan participar en la vida política de nuestro país sin discriminación ni limitaciones, coincidieron en señalar los participantes del Congreso Internacional sobre el “Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales: Una Perspectiva Comparada de la Experiencia Mexicana”.

Durante el segundo día de trabajos del Congreso que se llevó a cabo en El Colegio de México (Colmex), los panelistas señalaron que autoridades gubernamentales y los entes públicos comprometidos con la protección de los derechos humanos, deben proporcionar las herramientas necesarias para hacer cumplir el principio de igualdad establecido en la Constitución federal.

La participación política reduce posibilidades de conflicto social

En la mesa “Principios de igualdad y equidad, indicadores del Estado de Derecho Democrático”, María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el incremento de la participación política en todos los ámbitos de la sociedad permite la consolidación de la democracia, reduce las posibilidades de conflicto social, aumenta el nivel de desarrollo humano y la calidad de vida.

Explicó que para construir o fortalecer una democracia es necesaria la presencia del principio de igualdad sustantiva, es decir que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de tomar parte en las actividades políticas. Para ello se requiere un despliegue de estrategias sociales e institucionales que permitan garantizar una intervención incluyente, además de incorporar el tema en la agenda pública.

Manifestó que los legisladores tienen el compromiso de garantizar, a través de la emisión de la legislación secundaria en materia electoral, el principio de paridad establecido en la reciente reforma constitucional en materia político-electoral.

Para lograrlo, les sugirió tomar en cuenta las resoluciones del TEPJF sobre el tema. Dijo que no es suficiente garantizar la presencia de mujeres en los parlamentos y en los organismos públicos, sino que también es necesario usar elementos de medición para conocer los resultados derivados de dicha inclusión.

Sentencias del TEPJF han sentado las bases de la democracia moderna

Ana Güezmes, representante en México de ONU-Mujeres, afirmó que una República debe garantizar la plena integración de las mujeres en la vida política. Destacó el compromiso del TEPJF en esa materia ya que con la resolución conocida como “Antijuanitas”, que estableció la obligación de que los partidos políticos cumplan con las cuotas de género previstas en la ley, cimentó la democracia moderna en el país.

Por su parte, Leonardo Valdés Zurita, investigador asociado al Colmex, indicó que la equidad e igualdad son ingredientes fundamentales que mantienen vivo un pluralismo que nos permite avanzar hacia la consolidación de la democracia moderna, por lo que es necesario garantizar que los ciudadanos posean los recursos indispensables para participar en la vida política.

El TEPJF tutela derechos humanos con base en tratados internacionales

Al participar en la mesa “Espacios internacionales para el fortalecimiento de la democracia: contribuciones y oportunidades”, Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior subrayó que el Tribunal Electoral aplica instrumentos internacionales para garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en casos donde se contraponga nuestro marco constitucional.

Explicó que México forma parte de un bloque de constitucionalidad que obliga a los tribunales a aplicar los tratados internacionales de la manera que mejor favorezcan a los derechos del ser humano.

González Oropeza agregó que gracias a los criterios jurisprudenciales de organismos internacionales los derechos políticos fueron reconocidos como derechos humanos, por lo que es necesario seguir atendiendo los principios teóricos en los que se prioriza la protección humana, más que por legislación, por la intervención de tribunales independientes, transparentes e imparciales.

Refirió que el TEPJF surgió a consecuencia de una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que obligó al Estado mexicano a garantizar el Estado de Derecho en materia electoral, por lo que desde su nacimiento generó diversos medios judiciales de impugnación para proteger la voluntad popular.

Sin embargo, pese a que ha desempeñado un papel preponderante en materia jurisprudencial, debe estar en sintonía con la era de la globalización que se vive en el ámbito electoral, ya que el derecho comparado proporciona elementos que le permitirán contribuir en la construcción de una República democrática.

Durante los trabajos del Congreso participaron Jean Francois Prud´homme, coordinador general académico del Colmex, Dong Huu Nguyen, experto electoral y ex coordinador del Proyecto de Asistencia a la Observación Electoral del PNUD México; Santiago Corcuera Cabezut, académico de la Universidad Iberoamericana (UI); María Soledad Loaeza Tovar, profesora investigadora del Colmex.

En la actividad que durante dos días reunió a funcionarios públicos, investigadores, estudiantes así como especialistas nacionales y extranjeros, también estuvieron Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del IFE, y Andreas Gross, presidente del Grupo Socialdemócrata en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

23/junio /2014 / Sala Regional Guadalajara 29/2014

Guadalajara, Jalisco

El partido político actor sostuvo que en el acuerdo impugnado, el instituto electoral acreditó a observadores y visitadores electorales, sin pronunciarse sobre si reunían los requisitos exigidos por la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

En el proyecto elaborado por la ponencia del Magistrado Abel Aguilar Sánchez, se señaló que en la fecha en que se emitió el acuerdo, aún no vencía el plazo para que la autoridad electoral resolviera la acreditación de los observadores y visitadores electorales, ya que de acuerdo a la ley nayarita los plazos para acreditarlos son a más tardar el 21 y 28 de junio del año en curso respectivamente.

Por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala Regional, confirmaron el acuerdo dictado por el Instituto Electoral de Nayarit, al considerar que su naturaleza era enunciar los nombres de las personas que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes y no hacer una lista definitiva de los ciudadanos aprobados para dichas actividades.

Asimismo se analizó el juicio de revisión constitucional 34/ 2014 en el que se impugnó el acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Electoral del Estado de Nayarit que resolvió una denuncia en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y del Presidente Municipal de Tepic, por la comisión de presuntos actos de propaganda electoral. En dicho juicio se calificaron de infundados los agravios del partido político actor y se confirmó el acuerdo impugnado en el sentido de que los actos denunciados no constituyeron propaganda electoral.

En la sesión pública celebrada el veintitrés de junio de 2014, la Sala Regional Guadalajara resolvió siete juicios de revisión constitucional electoral.