15/marzo /2014 / Sala Superior 71/2014

México, D.F.,

La independencia, autonomía y profesionalización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Federal Electoral (IFE) garantizan la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en México, aseguraron José Alejandro Luna Ramos y Manuel González Oropeza, magistrados de la Sala Superior. El Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos, al recibir a representantes electorales de Egipto, Túnez, Libia, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Costa Rica, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló la importancia del intercambio experiencias entre las instituciones, pues la adopción de buenas prácticas permite consolidar un sistema democrático.
De igual manera, en encuentro a parte, el Magistrado González Oropeza dijo que en nuestro país se ha garantizado que las instituciones electorales estén alejadas de la influencia de los demás órganos políticos, como los congresos y el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, para tutelar de forma efectiva los derechos político-electorales de los ciudadanos.
“Si no hay una democracia que garantice la tutela de los derechos político-electorales, no hay una protección de los demás derechos fundamentales”, subrayó al reunirse con los visitantes extranjeros, con el propósito de reflexionar sobre el modelo de impartición de justicia electoral.
El Magistrado expresó que México reconoce y aplaude los esfuerzos de Túnez y Egipto por la reciente aprobación de sus constituciones, así como las discusiones que se realizan en Libia para construir una nueva carta fundacional. “Sabemos que el punto de partida para la protección de los derechos humanos, es una Constitución que refleje la cultura de protección de todos los sectores de la sociedad”, agregó.
Intercambio de experiencias en materia electoral fortalece la democracia
Del 10 al 14 de marzo, representantes de los países árabes y de América Latina sostuvieron encuentros con integrantes del TEPJF y del IFE, con el objetivo de conocer el modelo electoral que opera en nuestro país y compartir sus experiencias sobre el tema.
Los representantes del TEPJF hicieron referencia a las resoluciones más emblemáticas con las que se han salvaguardado las garantías de quienes acuden a buscar la protección de sus derechos.
Destacaron el compromiso para garantizar la certeza y legalidad en las elecciones, así como para defender la voluntad popular expresada en las urnas. Además, citaron diversas resoluciones emitidas para proteger los derechos político-electorales de las mujeres, de los integrantes de las comunidades indígenas, de los militantes de los partidos políticos y de la ciudadanía.
A su vez, los representantes de las naciones expusieron las bondades del sistema de justicia electoral de cada uno de los países, e intercambiaron experiencias sobre la resolución de las impugnaciones y la administración de las elecciones.
El lunes, se instaló en el TEPJF la mesa redonda “notas contextuales sobre la Primavera Árabe” en la que se emitieron reflexiones sobre esta revolución democrática.
El miércoles 12, se analizaron modelos de administración electoral en América Latina: organización, responsabilidades y atribuciones.
Durante las mesas de diálogo, celebradas los días 13 y 14 de marzo, se abordaron los temas “Sistemas de Resolución de Controversias Electorales en América Latina: naturaleza y rango de atribuciones de la autoridad y procedimientos de quejas”, así como “Análisis comparado de modelos de Resolución de Controversias Electorales”.
Los participantes reflexionaron a cerca de los elementos que motivan medios de impugnación para anular una elección en cada país y compartieron sus experiencias sobre la forma en que los tribunales los resuelven.
Coincidieron en que en todas las naciones, la violación de la equidad en la contienda es la causa principal para exigir la reposición del proceso.
También se refirieron a las transformaciones que se han presentado en los sistemas políticos de cada país y concluyeron en la necesidad de impulsar acciones para fortalecer los procesos democráticos.

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