EL ESTADO MEXICANO A TRATADO DE APORTAR SUS INSTITUCIONES, PARA QUE LA IGUALDAD SEA, RECONOCIENDO LAS DIFERENCIAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; GONZÁLEZ OROPEZA.
25/agosto /2014 / Sala Regional Toluca 22/2014
Toluca de Lerdo, Edo. de Méx., a
En su participación dentro del coloquio recordó a José María Luis Mora, forjador del estado mexiquense, creador de la Constitución del Estado de México, que en el siglo XIX diseñó el liberalismo como una sociedad sin distinciones, una sociedad igualitaria, una sociedad sin las antiguas divisiones que se heredaban del régimen colonial “eso fue un muy buen avance, nos distinguió inmediatamente de otras naciones y tratamos de avanzar lo más posible en consolidar el concepto de igualdad, pero se dejó de lado algo que es muy apreciado en nuestro país, que son las raíces indígenas.
Comentó que se establecieron leyes con un tratamiento igualitario, sin distinciones, pero en el fondo los pueblos aborígenes de nuestro país tienen orígenes distintos y el reconocimiento de esa distinción, tratando de evitar cualquier dejo de discriminación, fue hasta el siglo XXI en el que se reformó la constitución y que se siguen reformando las leyes para tratar de establecer reglas aceptables de convivencia entre la sociedad pluricultural que es México, entre sus pueblos aborígenes y la demás sociedad mestiza “la mexicana” aunque es un problema de siempre el tratamiento igualitario de estos grupos.
“En esta implementación hemos tomado en cuenta todo el movimiento internacional de tratados internacionales que han fijado a México el cauce que debemos de seguir que es el respeto a usos y costumbres, a sistemas normativos el reconocimiento de autoridades indígenas en plena consonancia con las autoridades en el resto del país”.
Recordó el caso de Cherán, caso emblemático porque la legislación del Estado de Michoacán no reconocía los derechos de las comunidades indígenas, que cuando la comunidad de Cherán solicitó a la autoridad electoral que transformara su sistema de partidos políticos a un sistema normativo, la respuesta tradicional hubiera sido no lo puedo hacer porque la ley de Michoacán no permite los municipios con sistema normativo indígena, entonces se consideró que esta regla era anticonstitucional y se otorgó el sistema de usos y costumbres.
Agradeció esta serie de conferencias organizadas por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que sirvieron para dar a conocer, sin otro afán más que el de coadyuvar en la protección de los derechos de las comunidades indígenas que tanto rezago han tenido y que merecen que cada vez más se adelante en las situaciones que se dan al interior y al exterior de estas comunidades.
En el coloquio también se llevó a cabo la Presentación del libro “Los derechos fundamentales de los indígenas. Perspectivas federal, regional, local e internacional en materia electoral” del Dr. Marco Antonio Pérez de los Reyes, Asesor de la Sala Superior del TEPJF y en el que participaron como comentaristas, el Mtro. Javier Miguel Ortiz Flores y la Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani de la Sala Superior, la magistrada Martha Concepción Martínez Guarneros y el magistrado Juan Carlos Silva Adaya de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Quinta Circunscripción
Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán
LA TRANSPARENCIA JUDICIAL ELECTORAL GARANTIZA LA PAZ SOCIAL: LUNA RAMOS
28/marzo /2014 / Sala Superior 90/2014
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
- Se clausura el V Encuentro Nacional de Secretarías Generales de Acuerdos de Tribunales y Salas Electorales
La transparencia judicial electoral garantiza la paz social, ya que las decisiones de los magistrados pueden ser verificables por la ciudadanía, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Afirmó que cuando la gente tiene los elementos suficientes para entender los pasos que se están dando en materia de impartición de justicia y los argumentos que los sustentan, confían más en las sentencias, dejando a un lado el rumor y la especulación.
Al dictar la conferencia “La transparencia y el acceso a la información como generadores de confianza y certidumbre de la ciudadanía en las autoridades electorales”, en el marco del V Encuentro Nacional de Secretarías Generales de Acuerdos de Tribunales y Salas Electorales, comentó que el Estado constitucional demanda la máxima publicidad en la actuación de las autoridades para que demuestren que sus decisiones son emitidas conforme al orden jurídico vigente.
Luna Ramos mencionó que la más reciente reforma constitucional en materia electoral incorpora como uno de los principios rectores de la función jurisdiccional la máxima publicidad, con el objetivo de que la ciudadanía tenga un rol protagónico en todas las etapas del proceso electoral y tome su decisión en las urnas.
“El acceso a la información y la transparencia constituye la principal novedad democrática de nuestro país en la última década, y la sociedad exige que nos hagamos visibles, como entes gubernamentales”, añadió. Subrayó que el Tribunal Electoral ha colocado la transparencia como eje rector durante este año, con el objetivo de que la ciudadanía entienda la función jurisdiccional del organismo, así como el sentido de sus resoluciones.
Garantiza TEPJF derecho a la información en materia electoral
Por otro lado, magistrados, funcionarios del Poder Judicial, catedráticos y especialistas en materia electoral que participaron en la actividad, coincidieron en señalar que, en cumplimiento del principio de la máxima publicidad, el TEPJF garantiza plenamente el acceso a la información de la ciudadanía.
Durante su intervención en la mesa “Las partes ante la publicidad de los juicios, transparencia y protección de datos personales”, Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, explicó que cada vez más la ciudadanía está interesada en conocer las acciones de los partidos políticos y de los entes públicos. En ese sentido, dijo que el Tribunal Electoral garantiza el derecho a la información, armonizándola con la protección de la intimidad personal.
María Cecilia Sánchez Barreiro y David Ricardo Jaime González, directora General de Estadística e Información Jurisdiccional de la Secretaría General de Acuerdos y director general de Jurisprudencia de la Coordinación de Jurisprudencia de la Sala Superior, respectivamente, ponentes en la mesa “Transparencia y acceso a la información jurisdiccional electoral en medios electrónicos de comunicación”, manifestaron que el TEPJF utiliza la tecnología para garantizar el derecho a la información.
Al exponer el tema “El expediente jurisdiccional. Elemento esencial de transparencia y de acceso a la información jurisdiccional”, Alberto Peña Ramos, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Chiapas, dijo que el juez electoral debe desempeñar sus funciones fundamentándolas en la ética y la transparencia electoral para que la ciudadanía confíe en sus sentencias.
En la mesa “Los nuevos sujetos obligados en la reforma constitucional en materia de transparencia. Una acotación especial a los partidos políticos”, Oswaldo Chacón Rojas, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y Jorge Morales Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), concluyeron que al transparentar la información de los institutos políticos se evita el uso de recursos de procedencia ilícita y la inequidad en las contiendas.
En el transcurso de los días 27 y 28 de marzo, también se desarrollaron las mesas “La estadística judicial como herramienta de la transparencia jurisdiccional”, “Aplicación de plataformas tecnológicas” y “Seguimiento e implementación del Sistema de Información de la Secretaria General de Acuerdos en Tribunales y Salas Electorales Locales”.
El Encuentro, que tuvo como sedes el Museo del Ámbar y la Facultad de Derecho de la Unach, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y cumplió con el objetivo de que secretarios generales de Acuerdos de Tribunales y Salas Electorales del país intercambiaran puntos de vista sobre diferentes temas, para fortalecer la función jurisdiccional.
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