Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

5 /abril /2014 / Sala Superior 102/2014

Mérida, Yucatán

Con sus sentencias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha garantizado los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas del país a la autoadscripción, autodeterminación, autogobierno, a la asociación para formar partidos políticos, así como a participar, sin distinción de género, en los procesos de consulta para la elección de sus autoridades, aseguró Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa.

Al encabezar la inauguración del Foro Regional “Los Derechos de la Juventud Indígena. Una Visión de Acceso a su Ejercicio Pleno”, en representación de José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior, de León Gálvez señaló que nuestro sistema jurídico no sólo reconoce puntualmente los derechos de los integrantes de los pueblos originarios, sino que cuenta con las instancias judiciales electorales necesarias, para hacerlos exigibles.

En ese sentido, explicó que al formar parte de una nación pluricultural sustentada en sus distintos pueblos indígenas, el Tribunal Electoral, como institución garantista de los derechos político-electorales, ha establecido criterios progresistas con el objetivo de lograr una impartición de justicia más favorable hacia los diferentes grupos que existen en el país, armonizando la aplicación de las normas constitucionales con los usos y costumbres.

Agregó que mediante la aplicación de la ley, el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral del país ha fortalecido la cultura democrática y ha contribuido a que las mujeres puedan participar en la vida pública de sus comunidades, generando que sus habitantes sientan más arraigo por su identidad.

El Magistrado apuntó que la ley es el motor desde el cual el Estado realiza cambios en las comunidades, por lo que confió en que, a través de foros como este, los jóvenes conozcan sus derechos fundamentales, así como los medios que tienen para exigir su protección, dando como resultado nuevos líderes interesados en la problemática de su entorno que sepan impulsar cambios provechosos.

“Los jóvenes son el presente y el futuro, la garantía para conservar la riqueza del pasado y asegurar un mejor porvenir entre las comunidades indígenas de todos los rincones del país, confiamos en que este foro los dote de elementos necesarios para la formación de renovados liderazgos”, enfatizó.

En la ceremonia de inauguración participaron Nerio José Torres Arcila, secretario de Desarrollo Social en Mérida Yucatán; María Fernanda Bayardo Salim, directora de la Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), diputados y funcionarios de la entidad.

Enviarán propuestas al gobierno federal para que los incluya en su plan de gobierno
Las conclusiones de las conferencias y mesas de análisis que se presentaron durante el Foro, sirvieron para fortalecer el proyecto ProJuventud que será entregado al gobierno federal, con el objetivo de que desarrolle políticas públicas encaminadas a la atención de 38 millones de jóvenes que habitan en el país.

La actividad que se realizó el 4 y 5 de abril en Mérida, Yucatán, contó con la participación de 130 jóvenes indígenas provenientes de Chiapas, Campeche, Guerrero, Tabasco, Veracruz y del estado anfitrión quienes intercambiaron ideas y experiencias en materia de derechos político-electorales.

En marco del Foro se presentaron las mesas “Los Derechos Humanos y los Mecanismos para Garantizarlos”, Distinción y Fortalecimiento a la cultura indígena”, “Convivencia Entre el Sistema Electoral Ordinario y Sistemas Normativos Indígenas”, “Instancias y procedimientos para garantizar los derechos político electorales” y “Casos Emblemáticos sobre el Ejercicio de Derechos Político Electorales”.

9 /septiembre/2014 / Sala Regional Ciudad de México 38/2014

México, D. F.

Los juzgadores deben hacer uso de una interpretación progresista de la ley para mantener a salvo los derechos político-electorales de aquellos ciudadanos que enfrentan un proceso penal, pero que no han sido sentenciados por infringir las normas de convivencia social coincidieron en señalar Manuel González Oropeza y Constancio Carrasco Daza, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al participar en la presentación de la Colección de Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras 2, Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer), señalaron que la aplicación del principio de presunción de inocencia, permitiría a los procesados mantener a salvo su derecho a votar y ser votados, el cual sólo se suspende cuando se pierde la libertad.

La sentencia que es motivo de análisis en el texto publicado por el TEPJF, tiene su origen en la impugnación a la reforma al artículo 51, inciso e, de la Ley Electoral de Canadá, a través de la cual el Parlamento dispuso la suspensión del derecho al voto de los reclusos que cumplieran una sanción de dos o más años de prisión.

El magistrado González Oropeza, expuso que el conocimiento sobre la manera en que se han resuelto, en otros países, juicios en los que está en juego la protección de los derechos fundamentales de las personas, sirven como ejemplo orientador para saber qué criterio jurídico se puede aplicar en la resolución de asuntos locales.

Manifestó que al publicar, difundir y analizar este tipo de obras, el TEPJF cumple con la función de promover la cultura democrática.

La presunción de inocencia no se agota con el inicio de un procedimiento judicial
Por su parte, Carrasco Daza aclaró que el derecho de votar y ser votado no se pierde de manera automática con el inicio de un procedimiento jurídico. Es al final del proceso, y sólo después de que el Estado compruebe que se cometió un delito cuando esas garantías fundamentales pueden ser suspendidas.

“Los derechos políticos sólo se pueden suspender con la imposición de una pena de prisión, pero no antes”, expresó.

El Magistrado comentó que al enfrentarse a casos en los que está en jugo la vigencia de los derechos político-electorales de las personas, los integrantes de la Sala Superior han privilegiado, en sus proyectos de resolución, la aplicación de una interpretación progresista de la ley, atendiendo los criterios establecidos en la Constitución y en las normas internacionales.

Durante la presentación de la obra realizada en el Pleno de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de dicho organismo jurisdiccional, destacó que el análisis de sentencias emitidas por los tribunales de otros países permite comparar el funcionamiento de nuestro sistema jurídico y enriquecer el trabajo de los juzgadores en beneficio de la ciudanía.

Al respecto, Rodrigo Díez Gargari, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comentó que la sentencia de la corte canadiense contempla los preceptos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que debe tener una sentencia por la que se imponen medidas restrictivas de un derecho ciudadano, buscando que la afectación sea mínima.