Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

1 /mayo /2009 / Sala Regional Ciudad de México 13/2009

México D.F.

Al anular la votación en 11 casillas y realizar las correspondientes operaciones aritméticas, este órgano jurisdiccional determinó ratificar a Antuñano como candidato a diputado local por el Distrito II de la Ciudad de México, a pesar de la impugnación realizada por José Luis Correa Gutiérrez, quien obtuvo el segundo lugar en los comicios internos de ese partido.

Por otro lado, al encontrar elementos de improcedencia, el pleno de esta Sala Regional sobreseyó cuatro demandas de igual número de precandidatos del Partido Acción Nacional del Distrito Federal.

Toda vez que esos militantes no impugnaron un acuerdo del órgano directivo del PAN, emitido el pasado 2 de marzo, sino que se inconformaron sólo por un acuerdo posterior, los magistrados de la Sala Distrito Federal dieron por concluidas dichas quejas y determinaron que -en la práctica- los demandantes habían consentido desde un inicio la designación directa de candidatos a diputados locales en la Ciudad de México.
Así mismo, la Sala Regional revocó tres resoluciones del Registro Federal de Electores en la capital del país, y ordenó a las vocalías de esa instancia en los Distritos XII, XX y XXI de la Ciudad de México, emitir las respectivas credenciales de elector a igual número de ciudadanos.

De igual forma, debido a que se actualizaron diversos elementos de improcedencia, fueron desechados 11 recursos, en tanto que en siete demandas se decidió confirmar las resoluciones impugnadas.

A su vez, por mayoría de votos, este órgano jurisdiccional ordenó al Registro Federal de Electores responder a cuatro ciudadanos que solicitaron su credencial para votar en los Distritos II del estado de Guerrero, IX de Puebla, IX y XXI del Distrito Federal.

De esta forma, la Sala Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un acuerdo general y 30 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

31/enero /2008 / Sala Superior 101/2008

México DF

El Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá emitir una nueva resolución sobre la solicitud de otorgamiento de registro como partido político a la Agrupación Política Nacional (APN) Rumbo a la Democracia, misma que le negó a ésta, por la presunta participación de organizaciones gremiales en los trámites de registro, lo cual está prohibido por la Constitución.

La resolución fue tomada en sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de sus integrantes, al resolver 594 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y un recurso de apelación presentados por Rumbo a la Democracia y diversos militantes de ésta, en contra de la mencionada negativa de registro.

Los 594 juicios presentados por los militantes fueron sobreseídos, por carecer éstos de legitimación, ya que la ley dispone que en aquellos supuestos en los que se impugna la negativa de registro como partido político o agrupación política, el juicio procede, únicamente, cuando es promovido por el representante legítimo de la organización agraviada.

El recurso de apelación fue declarado improcedente, pues el mismo fue presentado después de que la propia demandante presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales, con el que combatió el mismo acto y agotó la posibilidad legal de inconformarse.

Los magistrados consideraron fundada la queja de Rumbo a la Democracia, debido a que el CGIFE concluyó que dos sindicatos habían intervenido en el proceso de constitución de esta APN, basándose únicamente en la valoración del informe rendido por la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, en el que se indicó que los dirigentes Rodolfo Bastida Mendoza, Rodolfo Bastida Marín y Pedro Adrián Chino Jaimes, ocupan cargos de dirección en dos organizaciones gremiales.

En la resolución ahora revocada, el CGIFE señala dos razones fundamentales para llegar a su conclusión. La primera, que quedó acreditado que dirigentes de la agrupación eran, a la vez, dirigentes de dos sindicatos, y, la segunda, que atendiendo a los cargos sindicales que ostentan los dirigentes era dable concluir que gozan de un grado de influencia sobre los agremiados suficiente, como para lograr su afiliación al partido político en proceso de constitución.

En la sentencia de la Sala Superior se indica que dichos razonamientos son insuficientes para acreditada la prohibición constitucional, pues no basta que una persona ostente, al mismo tiempo, cargos de dirigencia en una APN que pretende convertirse en partido político y en un sindicato, sino que resulta indispensable que se acrediten los actos concretos a través de los cuales, en ejercicio de su supuesta capacidad de mando en el sindicato, los dirigentes influyen en sus agremiados para constituir un partido político.

El CGIFE tampoco acreditó el grado de influencia de los dirigentes sindicales para llevar a cabo una afiliación colectiva ni la existencia de actos que lo demuestren

Asimismo, el CGIFE no observó el principio de exhaustividad, al ser omisa en valorar todas las pruebas que constaban en el expediente y al no desahogar todas aquellas diligencias que estuvieran a su alcance, de conformidad con las facultades que le confiere la ley.

Tampoco llevó a cabo diligencia alguna dentro del ámbito de sus atribuciones para allegarse mayores elementos, toda vez que se conformó con el informe rendido por la autoridad laboral, referido con antelación.

De este modo, con el voto a favor de la magistrada presidenta María del Carmen Alanis Figueroa y de los magistrados José Alejandro Luna Ramos, Pedro Esteban Penagos López y Flavio Galván Rivera, se acordó revocar la resolución del CGIFE, del 27 de junio pasado, en la que se determinó la improcedencia del otorgamiento de registro como partido político a Rumbo a la Democracia.

Y ordenar la remisión del expediente al mismo CGIFE, a efecto de que en el término de 15 días naturales, con libertad de jurisdicción, emita la resolución que conforme a derecho proceda.

En contra de la resolución votaron los magistrados Manuel González Oropeza y Constancio Carrasco Daza.

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