Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

19/diciembre /2014 / Sala Regional Monterrey 45/2014

Monterrey, Nuevo León

 La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en la que se ordena a la agrupación política estatal “Defensa Permanente de los Derechos Sociales” a reembolsar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC) la cantidad de $44,697.92 pesos, por concepto de gastos no comprobados en educación y capacitación en el ejercicio fiscal de 2013.

La actora plantea en su queja que las agrupaciones políticas sólo están obligadas a presentar evidencias del gasto cuando provenga de actividades prestadas por terceros a la agrupación, por lo que debía considerarse válida la justificación del gasto a la autoridad electoral local, con diversas facturas de combustible y viáticos, por tratarse de erogaciones que no implican la prestación de servicios a cargo de terceros.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales SM-JDC-415/2014, la Sala Monterrey señaló que las agrupaciones políticas sí tienen el deber de informar y comprobar el empleo y destino de su financiamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la ley electoral local y el reglamento de agrupaciones políticas estatales. En este sentido, la agrupación “Defensa Permanente de los Derechos Sociales” estaba obligada a demostrar que el combustible y los viáticos se vinculaban directamente con algún evento educativo o de capacitación previsto en su plan anual de trabajo.

Desecha quejas sobre el método de selección de candidatos del PAN para el proceso electoral local en Guanajuato.

Durante la sesión, los magistrados determinaron desechar los juicios ciudadanos SM-JDC-435/2014 al SM-JDC-439/2014, en el que María Dolores Segoviano Espinosa y otros, impugnaban el método de selección de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) para integrar el ayuntamiento de Celaya y diputados de mayoría relativa en los distritos 15 y 16 en el estado de Guanajuato, pues las demandas se presentaron fuera del plazo establecido en la ley electoral local.

Por último, la Sala Monterrey determinó desechar el juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-20/2014 presentado por Acción Nacional contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que revocó el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral respecto a la aprobación de la segunda convocatoria pública para integrar las comisiones municipales electorales. La improcedencia del juicio obedeció a que el PAN se quejaba respecto a que el tribunal no estableció a la comisión un plazo para el cumplimiento de lo que ordenó en la sentencia, y se demostró que la autoridad administrativa ya había emitido el acuerdo correspondiente el pasado 6 de diciembre, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal local, por lo que no era necesario la intervención de la sala.


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24/junio /2014 / Sala Superior 179/2014

México, D. F.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) favorece la más amplia protección de los derechos humanos, al hacer una interpretación de la ley con diversas perspectivas, coincidieron en señalar María del Carmen Alanis Figueroa, y Manuel González Oropeza, magistrados de la Sala Superior, al participar en el Seminario Internacional “Derechos políticos, instituciones electorales, sistema de gobierno y democracia”.

En su intervención durante la inauguración, el magistrado González Oropeza aseguró que los tribunales electorales con vocación internacional, hacen uso de los recursos judiciales más efectivos para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Señaló que un Tribunal Constitucional, como el TEPJF, promueve y auspicia los principios constitucionales y comparados que rigen la democracia, así como los derechos político-electorales de la ciudadanía.

González Oropeza mencionó que con la judicialización de las elecciones se ha pretendido no sólo acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), realizada en 1990, que dio origen a la creación del sistema de justicia electoral en México, sino también garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y, de paso, salvaguardar el gobierno representativo y el régimen democrático del país.

El Magistrado refirió que los integrantes del TEPJF se sienten honrados del reconocimiento que se ha hecho a la justicia electoral, y de las nuevas responsabilidades derivadas de la reciente reforma constitucional en la materia, con la cual inicia una nueva etapa jurídica del entramado institucional, ya que permitirá lograr una tutela más amplia de los derechos políticos, garantías fundamentales de los ciudadanos.

En el camino a la igualdad, la justicia electoral garantiza la restitución de los derechos humanos
Durante su intervención en la Mesa “Los derechos políticos en una época de inclusión. Minorías, género, ciudadanía”, la magistrada Alanis Figueroa destacó que la impartición de justicia constitucional electoral, es fundamental para restituir los derechos de aquellos grupos minoritarios, que han sido excluidos de la toma de decisiones al interior de sus comunidades.

Manifestó que la impartición de justicia, debe ser considerada como una herramienta fundamental para remover las barreras que mantienen en condiciones de desigualdad, a amplios sectores de la sociedad. Una justicia efectiva, dijo, permite avanzar en el camino hacia la inclusión y la igualdad.

En este sentido, aseguró que con sus sentencias, el Tribunal Electoral ha logrado romper paradigmas, generando jurisprudencia nacional que potencia las prerrogativas fundamentales de mujeres, indígenas, jóvenes y, en general, de todos aquellos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a mayorías excluyentes. Los juzgadores, afirmó, “tenemos que revisar si el contenido de una ley genera un trato diferenciado entre distintos grupos”.

Alanis Figueroa citó las resoluciones emitidas en materia de sistemas normativos ancestrales, en las que los Magistrados se han pronunciado por garantizar su respeto, siempre y cuando no sean violatorios de otros derechos humanos.

Los trabajos correspondientes al Seminario, cuyo objetivo es reflexionar en torno al estado actual de la democracia y sus instituciones, se desarrollan del 24 al 27 de junio en el Auditorio “Héctor Fix Zamudio” de la UNAM, con la participación de Magistrados del TEPJF, representantes de organismos electorales, así como expertas y expertos provenientes de Lationamérica y España.

La actividad es convocada por el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA-Internacional).