30/junio /2014 / Sala Superior 187/2014

México, D.F., a

La sentencia conocida como “Anti juanitas” emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) representó un gran avance para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales de votar, ser votadas y ocupar cargos de elección popular, así como de toma de decisiones, aseguró Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Durante la emisión del programa Justicia electoral a la semana, que conduce la periodista Guadalupe Juárez, señaló que dicha sentencia, que obligó a los partidos políticos a cumplir la cuota de género, permitió un incremento de la presencia femenina en ambas cámaras del Congreso de la Unión y fue el antecedente para que la reciente reforma en materia electoral haya constitucionalizado la igualdad.

Sin embargo, consideró que el avance logrado en la materia no es suficiente, por lo que se requiere mayor capacitación en los partidos políticos y un cambio en la cultura política para garantizar plenamente la equidad de género.

Erradicar la discriminación permite el ejercicio pleno de los derechos humanos
Bucio Mújica explicó que la discriminación afecta la dignidad de las personas e impide el ejercicio pleno de sus derechos, por ello es importante identificar los rasgos y manifestaciones que presenta para prevenirla y erradicarla. En ese sentido, dijo, se requiere una remodelación cultural, política y legal, para remover todo obstáculo que impida ejercer los derechos y libertades establecidas en la Constitución, en razón de las condiciones de identidad, origen, color de piel, forma de pensar, género y otros aspectos.

“Cuando nos desestiman, nos excluyen, nos tratan como inferiores, nos agreden en nuestra dignidad, están de alguna manera asumiendo que valemos menos que otras personas, o que sabemos menos, por eso se negaba el voto a las mujeres, porque consideraban que no tenían capacidad de razonar para tomar decisiones públicas”, dijo.

Comentó que a pesar de que tenemos 27 leyes estatales y 20 constituciones que tipifican la discriminación como delito, aún existen códigos civiles, códigos penales, códigos de procedimientos administrativos, leyes generales, leyes federales, incluso artículos de la propia Constitución que resultan discriminatorios, ya que no se hicieron pensando en la protección efectiva de los derechos humanos.

Bucio Mújica precisó que la discriminación puede impedir que una persona tenga acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la seguridad pública, a un trabajo bien remunerado, a expresarse libremente y a ejercer sus derechos político-electorales.

El TEPJF privilegia la protección de los derechos humanos y garantiza el acceso a la información
Por otro lado, durante la emisión del programa radiofónico EscúchaTE, que se transmite por www.te.gob.mx, Sadot Sánchez Carreño, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, puntualizó que los Magistrados del TEPJF han privilegiado la protección más amplia a los derechos político-electorales de las personas, al emitir resoluciones con una visión garantista.

“Estoy convencido que las últimas reformas han favorecido el ejercicio de los derechos, pero se deben aplicar políticas públicas, programas y una interpretación encaminada a materializarlos y, en este sentido, los integrantes del TEPJF han colocado en el centro el ejercicio de los derechos político-electorales, lo cual ha contribuido a ensanchar su ejercicio pleno”, expresó.

Por otro lado, Óscar Rodríguez Olvera, especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, subrayó que la transparencia y el acceso a la información son herramientas que fortalecen el sistema democrático de cualquier país. Ante ello, puntualizó que el TEPJF, a través de criterios jurisdiccionales, ha facilitado a los ciudadanos el ejercicio pleno de su derecho a la información.

Afirmó que es fundamental este derecho para participar en los asuntos públicos y evitar excesos del poder, así como manipulaciones. Manifestó que todas las personas somos propietarias de la información que se genera al interior de los organismos, instituciones, partidos políticos y de todo aquel ente que reciba dinero público.

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