Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

22/enero /2015 / Sala Regional Ciudad de México 3/2015

México, D. F.

 La Sala Regional DF en su Sesión Pública de este día, resolvió dos juicios ciudadanos en los que determinó revocar por falta de fundamentación y motivación el acuerdo de la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional que negó el registro a María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez y María Eugenia Aguilar Gómez, como precandidatas a Diputadas Federales, por el principio de mayoría relativa, en el Estado de Puebla y ordenó a la referida Comisión que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que se pronuncie:

• Sobre la procedencia de la solicitud del registro de la precandidatura de las actoras en el cual tome en cuenta que el requisito de la carta de no adeudo de cuotas específicas del cargo no les era exigible.

• Que el número de firmas de apoyo exigible es de 97 de acuerdo con el Listado Nominal de Militantes y que en término de ese número analice con puntualidad cuántas y cuáles son las firmas que presentaron y que en caso de que advierta que existen firmas que deben ser desestimadas, indicará las causas y los datos indispensables para su fácil identificación, señalando los fundamentos y motivos específicos a que ello obedece, así como todo el soporte documental en que apoye su conclusión.

Finalmente la Sala Regional DF determinó en este asunto que, si la responsable de la revisión y validación de firmas arriba a la conclusión que la fórmula integrada por las actoras, satisfizo el requisito de obtención de firmas, deberá proceder a otorgar su registro como precandidatas de elección popular para el cual pretenden contender en el distrito electoral federal XIII, de Atlixco, Puebla, siempre que se colmen los requisitos de elegibilidad.

En un diverso juicio ciudadano, la Sala Regional DF resolvió su improcedencia.

22/julio /2014 / Sala Superior 210/2014

México, D.F., a

La justicia electoral mexicana se ha convertido en un referente internacional en la protección de los derechos político-electorales, ya que muchos países han tomado como ejemplo su modelo institucional para aplicarlo en los procesos de renovación de sus autoridades, afirmó Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al dictar la conferencia magistral, con la que se inauguró el diplomado “Derechos políticos y su tutela”, organizado por el TEPJF y la Cámara de Diputados, González Oropeza afirmó que México tiene un papel cada vez más importante en instancias como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por su labor en la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En este sentido, el Magistrado señaló que el TEPJF es llamado por esas instituciones para realizar labores de observación de los comicios, así como para la dictaminación de cuestiones relacionadas con el derecho constitucional y electoral.

Asimismo, recordó que aunque la estructura actual del sistema jurisdiccional electoral mexicano es reciente, a través de las resoluciones de los tribunales que la integran se han definido aspectos esenciales sobre los derechos fundamentales en la materia, mismos que en otros países aún están sujetos a discusión.

Derechos políticos, base de los derechos fundamentales
El Magistrado González Oropeza resaltó también que los derechos políticos son los más importantes del sistema constitucional, pues constituyen la piedra angular para la existencia de los demás derechos.

Precisó que sin su protección, se da pie a gobiernos autoritarios que, al no responder al electorado ni encontrar su actuación sometida al control del Estado democrático de derecho, no respetan otras garantías como la libertad de expresión, de tránsito, de culto y de pensamiento.

Al respecto, explicó que aunque los derechos políticos no fueron sometidos tradicionalmente a un proceso de análisis para su protección jurisdiccional, dicha deficiencia ha hecho necesario que se den pasos con mayor rapidez hacia su definición precisa.

En su exposición, compartió antecedentes de la justicia electoral en México y recordó que ésta surgió con sus características actuales a raíz de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacia el Estado, a fin de que fuera creado un sistema que garantizara efectivamente la protección de las garantías del ciudadano en materia político-electoral, el cual ha cumplido con esa labor.

Durante la inauguración, el Magistrado González Oropeza estuvo acompañado por Carlos Báez Silva, titular del Centro de Capacitación Judicial Electoral (CCJE) del TEPJF; Sami David David, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP) de la Cámara de Diputados; Luis Enrique García García, director de Estudios Legislativos del CEDIP, así como la diputada Ruth Zavaleta y el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.