29/mayo /2009 / Sala Superior 45/2009

México, Distrito Federal a

Añadió que el Tribunal está obligado a resolver las quejas presentadas en poco tiempo, y cuando se trata de resultados electorales, antes de que los funcionarios electos tomen posesión de los cargos. Acotó que cuando se reciben quejas cerca del día de la jornada electoral, la ley prevé que se reserven para analizarse después de esa fecha, junto con los probables juicios de inconformidad, si entre ellos guardan relación.

Recordó que en nuestra historia reciente podemos ver que los mexicanos hemos decidido resolver las controversias electorales por la vía del derecho, que en el pasado se resolvían con otro tipo de manifestaciones, lo que demuestra que tanto partidos como los ciudadanos han privilegiado el camino legal. Al respecto destacó que del primero de noviembre de 2006 al día de hoy, el organismo ha recibido 7 mil 924 asuntos y resuelto 7 mil 860, y que el cien por ciento de sus sentencias han sido acatadas.

Los magistrados respondieron a las preguntas de diversos medios.

Ante una pregunta expresa sobre si el Tribunal Electoral está listo para resolver asuntos que tengan relación con el narcotráfico, el magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que la materia electoral no puede estar vinculada con el narcotráfico, ya que éste es un tema del orden penal, y para ello hay autoridades competentes. El organismo atiende los conflictos que surgen con motivo de las campañas, de las elecciones, de la elegibilidad de los candidatos, de la calificación electoral, y para ello la institución se encuentra preparada.

La magistrada presidenta remató: “Yo quisiera agregar algo, el Tribunal Electoral nunca resuelve bajo amenaza de nadie, el Tribunal Electoral resuelve siempre aplicando la ley en todos los asuntos que recibimos.”

Por su parte, y precisando el punto de la seguridad del Tribunal, el magistrado José Alejandro Luna Ramos afirmó que en el Tribunal no se ha tomado ninguna medida de seguridad adicional a las que en cada proceso electoral se establecen.


Al responder otra pregunta, sobre el tema de la propaganda en Internet, el magistrado Galván afirmó que ese campo es muy difícil de resolver, ya que si no podemos saber quién es el autor de la publicación, no existe posibilidad de establecer responsabilidades y por tanto de imponer alguna sanción.

En otro tema, atendiendo a una pregunta sobre si el Tribunal Electoral ha establecido límites a la libertad de expresión con sus sentencias, el magistrado Constancio Carrasco Daza sostuvo que para el Tribunal “el debate político se caracteriza por el vigor, por la vehemencia, por el intercambio fuerte de opiniones” cuyo única restricción se encuentra en la Constitución y se refiere a la calumnia de las personas o la denigración de las instituciones. Para ello abundó: “No requiere un ejercicio muy complejo saber que denigrar es afectar la fama pública de alguien y calumniar es aseverar de manera falaz, atribuirle hechos de manera falaz a una persona, así de sencillo.”

Sobre el mismo tema, el magistrado Pedro Penagos López fue muy enfático: “Para nosotros los derechos fundamentales no solamente hay que respetarlos, sino que hay que tratar de expandirlos”. Estos derechos fundamentales como el de la libertad de expresión no pueden ser limitados ni por una resolución administrativa ni por una resolución jurisdiccional donde vaya la expresión de la voluntad o esté a cargo de la voluntad del órgano jurisdiccional. Solamente puede ser limitado por la propia Constitución, por el propio constituyente.”

Atendiendo a una pregunta sobre la resolución de unos spots del Partido Verde Ecologista de México, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar señaló que constitucionalmente el Tribunal Electoral no tiene facultades para regular la comunicación política de los órganos de representación popular, y agregó que los jueces no pueden pronunciarse sobre la calidad de una norma, sino hablar por medio de sus sentencias, las cuales no pueden exceder los límites constitucionales y legales.

Enfatizó que la representación política de más de 100 millones de mexicanos descansa en los legisladores (al menos 500 diputados federales y 128 senadores), que requieren comunicarse a través de los medios masivos de comunicación para concretar esa interacción social. Finalmente, sostuvo que los grupos parlamentarios se ostentan como el grupo del partido político al que pertenecen, lo cual se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y forma parte del Derecho Parlamentario.

Al responder a la pregunta sobre si existe una rivalidad entre las instituciones encargadas de la administración y la justicia electoral, la magistrada presidenta afirmó que los casos que el Tribunal ha revocado al IFE en los últimos años constituyen solamente una quinta parte del total.

Al término de la reunión la magistrada afirmó que el Tribunal se encuentra abierto a las opiniones de todas las organizaciones sociales, los partidos políticos y ciudadanos, y agradeció la presencia y la labor de los medios de comunicación, que se encargan de transmitir las resoluciones del Tribunal.

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