Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

19/marzo /2015 / Sala Regional Toluca 25/2015

Toluca de Lerdo, Edo. de Méx., a

Ante miembros de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, y personal de la Sala Regional Toluca, analizó la participación de las mujeres en los cargos de que existen en las comunidades indígenas.
En su participación la Dra. Parastoo Anita Mesri, refirió que hay que reconocer la cosmovisión que existe en las comunidades indígenas, la cual empieza desde el elemento territorial, la forma de organización y cómo influyen desde el ámbito cultural, económico, e incluso religioso en la elección de sus autoridades.
Destacó que si se quiere entender cómo funciona la vida colectiva, como se organizan las comunidades indígenas, sus autoridades, su forma de gobierno, se debe de hacer desde la “comunalidad” explicó que los elementos de la “comunalidad” es en primer término “el territorio colectivo”, es decir, que el territorio es de las comuneras y comuneros, no es de nadie en particular.
El segundo elemento lo es “la toma de decisiones en forma colectiva” las cuales se toman mediante la asamblea general comunitaria, destacó que en ocasiones las asambleas pueden durar todo un día y toda la noche, esto ya que se le permite el uso de la palabra a cada uno de los integrantes de la comunidad, la cual se hace garantizando el respeto y la reciprocidad, y de ahí -de las asambleas- nacen los cargos de autoridad “de la asamblea nace el derecho electoral indígena” refirió.
Por su parte la Lic. María Anabela Carlón Flores, expuso la estructura de gobierno Yaqui y la importancia de la participación de las mujeres, refirió que tienen un territorio aproximado de 485 mil hectáreas, en el cual existen 8 comunidades cabeceras y que cada autoridad o sistema de autoridad tienen que vigilar los recursos que están dentro de su jurisdicción.
Explicó que dentro del sistema de gobierno Yaqui, los cargos se dividen en sistemas de cargo civil, militar, religioso, danzantes y fiesteros y que en todos ellos las mujeres participan activamente.
Refirió que dentro de los cargos civiles no obstante que no se nombran mujeres como gobernador “pueblo mayor” comandantes, secretaria o capitán, pero que hay una figura denominada “mujeres pueblo” que equivale a lo mismo que representa el “pueblo mayor” es la representante de un “consejo de ancianos”.
Por su parte el ing. Fernando Palma Rodríguez, contó que Milpa Alta es un espacio de origen indígena y que es grato para el expresarlo abiertamente “ahora” ya que reconoció que durante muchos años fue víctima de críticas.
Dijo que desgraciadamente en México es un “crimen” ser indígena y que para él pasó mucho tiempo para que pudiera reconocer sus orígenes, a efecto de no ser blanco de discriminaciones.
Explicó que Milpa Alta es una confederación de doce pueblos, que la autoridad sigue manteniendo títulos de propiedad que se otorgaron en el año 1560, pocos años después que se diera la conquista de México y que se siguen manteniendo sus costumbres a través de los años.
Las comunidades indígenas desde la Patagonia hasta Alaska, son las que están peleando por los derechos de la tierra, Bolivia y Panamá acaban de pasar a su Constitución los derechos de la tierra, los que ellos llaman el “bien vivir”, que tan lejos estamos nosotros en México de poder un día legislar esto, refirió.
El objetivo del evento fue sensibilizar a través de habilidades técnicas, sociales, jurídicas y psicológicas, cómo es posible lograr un modo de vida en nuestra actual sociedad, en el que se erradiquen las disparidades y discriminaciones entre mujeres y hombres y se encuentren en igualdad de derechos y condiciones para acceder a los cargos de elección popular.


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Quinta Circunscripción
Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán

25/septiembre/2014 / Sala Superior 292/2014

México, D.F.

Las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales tienen la obligación de promover, proteger y garantizar la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas bajo el principio de progresividad, coincidieron en señalar Pedro Esteban Penagos López, Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su intervención en los trabajos de la IX Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, explicaron que el principio de progresividad establece la adopción de los mecanismos necesarios para lograr la expansión, maximización o ampliación de los derechos que derivan de las normas económicas, educativas y culturales.

La flexibilización de las normas permite impartir una justicia menos formal y más humana

Al participar en la mesa “Los órganos judiciales estatales, como órganos del Estado mexicano, y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla”, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, aseguró que los juzgadores deben impartir una justicia menos formal, más objetiva, real y práctica, pero fundamentalmente: más humana.

Dijo que si bien el juez no puede romper la norma, sí puede flexibilizarla para garantizar la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, de tal manera que la prevalencia de las garantías y libertades humanas debe ser prioridad en todo sistema democrático para construir una sociedad más igualitaria, libre y justa, pues en la búsqueda de la dignificación del ser humano no puede darse un paso atrás.

Durante esta mesa, que fue moderada por Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, participaron Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, y Rubén Sánchez Gil, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Armonización de normas nacionales e internacionales dirime los conflictos de mejor manera

Por otro lado en la mesa “Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y del principio pro persona por parte de los órganos de control constitucional local”, Manuel González Oropeza, magistrado del TEPJF, consideró necesaria la armonización de las normas locales, federales y las establecidas por los tratados internacionales, para dirimir los conflictos de tal manera que todos los involucrados resulten favorecidos.

En ese sentido, explicó que los estados deben expedir leyes que mejor defiendan los derechos humanos y no menoscaben la igualdad, con el objetivo de que todos los mexicanos tengan garantizada la protección de sus garantías.

Refirió que los derechos humanos nacieron en las constituciones locales ya que fue en los estados donde surgieron los primeros juicios de amparo. El Magistrado citó el caso de Morelos donde fueron reconocidos los derechos políticos como derechos humanos.

TEPJF ha hecho efectiva la protección más amplia de los derechos de los justiciables

Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, quien participó como moderador de la mesa, afirmó que con sus resoluciones, tesis y jurisprudencias, el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral ha hecho efectiva la protección más amplia de los derechos fundamentales de los justiciables, mediante la interpretación de la ley fundamentada en los principios de universalidad y progresividad.

Expresó que como guardianes de la democracia, los juzgadores deben construir los mecanismos que permitan fortalecer el Estado de derecho y la impartición de justicia.

Dijo que este tipo de foros permiten un análisis de progresividad de nuestra leyes frente a las democracias constitucionales para conocer si son o no compatibles con el bloque de convencionalidad.

En esta mesa, José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, dijo que la presunción de constitucionalidad de todas las normas exige a los juzgadores realizar un ejercicio mucho más complejo de comparación para aplicar aquellas que más favorezcan la protección de los derechos fundamentales.

Karlos Castilla, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, dijo que en atención al principio pro persona, los tribunales constitucionales y los juzgadores deben aplicar las normas que menos restrinjan y que mejor garanticen la protección de los derechos humanos de los justiciables.

El evento que se realiza en Tepic, Nayarit, con el objetivo de mejorar la impartición de justicia en el ámbito local, reúne a juzgadores, investigadores, estudiantes y estudiosos de la materia jurídica.

Las mesas de trabajo continuarán mañana con los temas “Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”; “Los conflictos competenciales en la tutela de los derechos humanos por parte de órganos jurisdiccionales locales” y “El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad”.

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