9 /mayo /2023 / Sala Regional Monterrey 11/2023

Monterrey, Nuevo León

 En sesión pública del 9 de mayo, el pleno de la Sala Regional Monterrey, al resolver el juicio de la ciudadanía SM-JDC-30/2023, revocó la resolución del Tribunal de Aguascalientes que, después de una larga cadena impugnativa, declaró la existencia de violencia política en razón de género atribuible a un aspirante a candidato a diputado local.

En su resolución, la Sala Regional Monterrey explica que el Tribunal Local realizó una incorrecta valoración probatoria de los elementos con los que contaba para tener por acreditados o desacreditados los hechos que podían constituir VPG porque, en las resoluciones previas emitidas por la Sala Regional, se le habían dado directrices respecto a cómo se debían analizar las pruebas. De manera que, fue incorrecto que revirtiera la carga de la prueba y tener por acreditados los hechos denunciados, pues no contaba con indicios suficientes para realizarlo. Por ello, la Sala Regional revocó lisa y llanamente la sentencia y, por ende, dejó sin efectos todos los actos emitidos en cumplimiento a la misma.

Por otra parte, al resolver el juicio SM-JDC-36/2023 y acumulado, la Sala Regional confirmó la resolución del Tribunal de Nuevo León que determinó sobreseimiento del juicio presentado por diversas diputadas locales al no ser tutelable en materia electoral.

Al respecto, la Sala Monterrey consideró que, como lo señaló el Tribunal Local, los actos atribuidos al Presidente de una Comisión Ordinaria en el Congreso Estatal estaban relacionados con la forma en que las diputaciones impugnantes participaban en la elaboración de los asuntos y proyectos que se turnaron de acuerdo a la competencia de ese órgano de trabajo legislativo, lo cual, conforme a la línea de precedentes que ha sido perfilada por la Sala Superior y por la Sala Regional, escapaban de la tutela jurisdiccional de la materia electoral.

Además, en la sesión también se resolvió el juicio de la ciudadanía SM-JDC-52/2023, en el que la Sala Monterrey desechó la demanda presentada por diversas diputaciones del Congreso de Tamaulipas contra la resolución del Tribunal Local por la que escindió el escrito de ampliación de la impugnación que presentaron contra un Decreto de dicho órgano legislativo, por el que se modificó la Ley Interna, porque el acto impugnado carecía de definitividad, por lo que no les causaba una afectación a su esfera jurídica.

Durante la sesión, el Pleno resolvió 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y 1 recurso de apelación sumando un total de 5 medios de impugnación.

La Sala Monterrey del TEPJF es la instancia constitucional encargada de revisar las resoluciones emitidas por los Tribunales, Institutos, Ayuntamientos, partidos políticos, y cualquier autoridad que emite actos que vulneren los derechos político-electorales en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.