Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

07/Agosto /2026 / Sala Regional Guadalajara 39/2026

Guadalajara

Introducción

La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) es una forma de discriminación estructural que obstaculiza la participación democrática. A nivel nacional se han documentado denuncias sostenidas en años recientes y la mayor parte de los casos se presenta en el ámbito municipal, donde las instituciones y redes comunitarias configuran tanto los riesgos como las oportunidades de contención.

Atender la VPMRG desde el municipio es estratégico: facilita respuestas inmediatas, permite diseñar medidas específicas frente a contextos locales y visibiliza patrones —desde acoso digital hasta exclusión de candidaturas y agresiones físicas— que requieren intervenciones intersectoriales. Un diagnóstico útil combina datos cuantitativos sobre denuncias y sanciones con análisis cualitativo sobre prácticas partidarias, estigmas locales y rutas de revictimización; esa aproximación debe orientar la instalación de cada Mesa Naranja.

Esta Guía presenta un formato narrativo y operativo para instalar Mesas Naranja municipales destinadas a prevenir, atender y erradicar la VPMRG en municipios de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Integra justificación, objetivos, estructura, protocolos básicos, recomendaciones de comunicación y capacitación, anexos prácticos y un checklist operativo para la instalación. El seguimiento se plantea de forma flexible para que cada municipio lo desarrolle progresivamente según su capacidad y contexto.

Principios rectores

Los principios rectores orientan la instalación y operación de las Mesas Naranja: son el marco ético y técnico que garantiza que todas las acciones protejan dignidad y los derechos políticos de las mujeres, atiendan las desigualdades estructurales y respondan a la diversidad de contextos municipales. Estos principios —enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, participación vinculante de mujeres electas, coordinación interinstitucional real, confidencialidad y no revictimización, transparencia con medidas de protección, adaptabilidad contextual y sostenibilidad institucional— no son meros postulados formales sino criterios prácticos para decidir prioridades, diseñar protocolos, distribuir responsabilidades y evaluar resultados. Aplicados con rigor, permiten que la Mesa Naranja funcione como un espacio legítimo, operativo y sensible a las realidades locales, donde las medidas de protección y las rutas de justicia se articulan eficazmente entre instituciones y con la sociedad civil.

• Enfoque de derechos humanos Garantiza que todas las acciones respeten, protejan y promuevan los derechos políticos, civiles y humanos de las mujeres, priorizando dignidad, no discriminación y acceso efectivo a la justicia.
• Perspectiva de género Reconoce desigualdades estructurales y orienta medidas específicas para eliminar barreras culturales, institucionales y prácticas que limitan la participación política de las mujeres.
• Interseccionalidad Considera cómo etnia, edad, discapacidad, orientación sexual, condición socioeconómica o territorialidad producen vulnerabilidades diferenciadas y define respuestas adaptadas.
• Participación vinculante de mujeres electas Asegura que las mujeres con experiencia en cargos públicos participen con voz y voto, aportando legitimidad política y perspectiva vivida.
• Coordinación interinstitucional real Establece acuerdos operativos entre autoridades, fiscalías, órganos electorales, comisiones de derechos humanos, OSC y academia con responsabilidades y plazos claros.
• Confidencialidad y no revictimización Protege la privacidad de las víctimas e incorpora procedimientos que eviten exposición innecesaria y estigmatización en atención, investigación y comunicación.
• Transparencia y rendición de cuentas Publica datos agregados y activa mecanismos de supervisión (incluida participación ciudadana) sin comprometer la seguridad de las víctimas.
• Adaptabilidad y contextualización Permite ajustar protocolos y recursos según capacidad institucional, tamaño municipal y características socioculturales del territorio.
• Sostenibilidad institucional Promueve la incorporación de recursos humanos y presupuestarios recurrentes y la creación de mecanismos como fondos semilla y convenios.

Estructura organizativa y funciones de la Mesa Naranja

Las Mesas Naranja son instancias de coordinación interinstitucional cuya razón de ser es articular respuestas integradas frente a la VPMRG, respetando los principios rectores y adaptándose a las particularidades de cada municipio. No se propone una estructura rígida: la guía ofrece un marco mínimo que en cada municipio se debe de ajustar en composición, perfiles y tiempos de reunión según su tamaño, capacidades institucionales, presencia de comunidades, nivel de conectividad y escenarios de riesgo.

Se recomienda celebrar, además del acto de instalación, reuniones clave con carácter preventivo y operativo: una sesión previa al inicio del proceso electoral para actualizar riesgos y recursos; dos sesiones durante el proceso electoral —una antes de la jornada electoral y otra inmediatamente previa a ésta— para coordinar medidas de protección y comunicación; y una sesión posterior a la jornada electoral, una vez resueltos los medios de impugnación relevantes, para sistematizar lecciones, revisar casos y ajustar protocolos. Estas reuniones sincronizan la prevención con los hitos electorales y aseguran continuidad en la protección.

Operativamente, una Secretaría Técnica idealmente debe de asumir la coordinación administrativa de las reuniones, la preparación de agendas y la consolidación de acuerdos y relatorías. La Secretaría Técnica facilita continuidad operativa, garantiza acceso a la información relevante y coordina la implementación de acuerdos. Para preservar legitimidad y evitar centralización de poder, la Secretaría Técnica puede ser rotativa entre instituciones participantes (por ejemplo, Fiscalía especializada, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Red de Mujeres Electas u ONG acreditada) con periodos publicados de responsabilidad (ej. 3–6 meses).

No existe una estructura rígida: las variaciones en composición, frecuencia y recursos son aceptables siempre que la Mesa mantenga los principios rectores y mecanismos mínimos de coordinación, comunicación segura y protección a las víctimas.

Función de la Mesa como espacio de armonización protocolaria y divulgación.

La Mesa Naranja funciona como un espacio técnico y público para la divulgación de acciones preventivas, comparación de experiencias exitosas y armonización de los protocolos institucionales existentes y para el intercambio de conocimientos e información diagnóstica. Cada institución —Fiscalía, Instituto Electoral, Policía, Centros de Justicia, transportistas, partidos, OSCs— debe presentar sus protocolos de atención, investigación y protección; el objetivo es que esos protocolos dialoguen, identifiquen solapamientos y vacíos, y se adapten para ofrecer una atención integral y coherente a las personas violentadas.

En la práctica, la Mesa organiza sesiones técnicas para analizar rutas de caso hipotéticas (mapas de flujo), identificar puntos críticos de coordinación (quién activa medidas de protección, cómo se preserva la evidencia digital, qué oficina comunica a prensa evitando revictimización) y elaborar acuerdos operativos con plazos de respuesta y responsables claros. Asimismo, la Mesa actúa como canal de divulgación público: pone a

disposición de la ciudadanía rutas de atención y compromisos institucionales en formatos accesibles y con protección de datos, de modo que víctimas y redes conozcan a quién dirigirse y qué esperar.

Este proceso de armonización es esencial para que los protocolos institucionales no operen en silos y para garantizar que la atención que reciba una persona violentada sea continua, coherente y eficaz.

Capacitación con énfasis en protocolos y casos paradigmáticos

La capacitación en la Mesa Naranja debe priorizar el dominio práctico de los protocolos y el análisis de casos paradigmáticos que permitan convertir normas en acciones concretas. Se recomienda un programa intensivo con énfasis en:

• Formación práctica en protocolos de cada actor: simulaciones (role plays), repaso de flujos de acción y tiempos de respuesta, preservación de pruebas digitales y cadena de custodia.
• Análisis de casos insignia o paradigmáticos: estudio de fallos y buenas prácticas mediante ejercicios formativos que resguarden confidencialidad y no revictimicen.
• Sesiones interinstitucionales mixtas: ejercicios conjuntos que reproduzcan escenarios reales (acoso digital masivo, amenazas públicas, agresión física a funcionaria, impugnaciones con campañas de deslegitimación).
• Módulos sobre comunicación responsable y gestión de testimonios: entrenamiento para portavoces y periodistas locales.
• Evaluación práctica y retroalimentación: checklists de desempeño y mesas de ajuste que alimenten la mejora continua de protocolos.

La meta es que la capacitación transforme procedimientos escritos en capacidad operativa conjunta y rápida.

Preparación e instalación de la Mesa Naranja:

A continuación, se presenta un checklist detallado y operativo, organizado por etapas, con responsables y acciones claras para la preparación e instalación de la Mesa Naranja municipal.

1. Convocatoria y adhesiones (Responsable sugerido: Sala Regional/ Coordinación municipal) 

• Emitir convocatoria oficial dirigida al Ayuntamiento (unidad de género), Instituto Electoral local, Fiscalía especializada, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Red de Mujeres Electas, al menos 2 OSCs acreditadas y una institución académica u observatorio.
• Confirmar adhesión por escrito y nombrar enlace institucional (nombre, cargo, contacto) para cada actor.
• Preparar lista de invitados para acto de instalación y reservar fechas posibles.

2. Diagnóstico rápido municipal (Responsable sugerido: Secretaría Técnica provisional / academia) 

• Recolectar datos básicos de los últimos 3–4 años: número de denuncias, modalidades de agresión, zonas de mayor incidencia y sanciones conocidas.
• Mapear recursos operativos: servicios jurídicos, atención psicosocial, refugios, líneas de emergencia, Centros de Justicia, capacidad policial y disponibilidad de transporte. 
• Identificar barreras y riesgos locales: conectividad, medios locales, resistencias partidarias, contextos de violencia generalizada o territorialidad indígena que requieran ajustes.

3. Paquete técnico pre-evento (Responsable sugerido: Secretaría Técnica provisional) 

• Redactar y validar la Carta de Compromisos con cláusulas mínimas (reconocimiento de la VPMRG; coordinación; confidencialidad; asignación de recursos; evaluación).
• Preparar el Acta de Instalación y la agenda del acto; diseñar el guion del evento incluyendo tiempos para la conferencia marco y testimonios con protocolo de protección.
• Producir materiales informativos: folletos sobre rutas de atención, carteles con líneas de contacto y guía corta de consentimiento para testimonios.
• Diseñar la ficha mínima de recepción de casos en formatos papel y digital.

4. Logística del acto de instalación (Responsable sugerido: Secretaría Técnica / Municipio)

• Reservar un espacio accesible y seguro; prever intérpretes o traducción si hay población indígena o necesidades lingüísticas.
• Asegurar presencia de apoyo psicosocial in situ para testimonios y habilitar vías de salida discreta para quienes requieran protección.
• Contratar equipo técnico (sonido, proyección), disponer material impreso y señalética clara.
• Designar responsable de prensa y acordar mensajes institucionales con lenguaje no sexista.

5. Firma de la Carta de Compromisos y formalización (Responsable: Todos los firmantes) 

• Confirmar lista oficial de firmantes y registrar sus datos de contacto y enlaces técnicos.
• Registrar la firma en el Acta de Instalación; publicar una versión agregada del acta que omita información sensible.
• Designar Secretaría Técnica provisional y establecer periodo inicial de rotación (ej. 3–6 meses).

6. Activación de canales de recepción y atención inicial (Responsable: Secretaría Técnica / Municipio) 

• Publicar rutas de atención y criterios de confidencialidad en materiales digitales e impresos.

7. Plataforma y ficha de registro básica (Responsable: Secretaría Técnica técnica / área TI)

• Implementar plantilla digital mínima con campos: código de caso; fecha/hora; canal de recepción; tipo de violencia; riesgo inmediato (alto/medio/bajo); medidas activadas; servicios ofrecidos; seguimiento asignado.
• Establecer roles de acceso (Secretaría Técnica, Fiscalía enlace, CDH enlace), contraseñas seguras y protocolo de respaldos.
• Garantizar cifrado y medidas básicas de seguridad conforme a normativa de protección de datos.

8. Capacitación inicial y sensibilización inmediata (Responsable: Secretaría Técnica / socios técnicos) 

• Programar una jornada de capacitación inicial para integrantes de la Mesa sobre marco legal, protocolos básicos, manejo de testimonios y seguridad digital.
• Ofrecer sesión informativa breve a partidos políticos locales sobre la Carta de Compromisos y la implementación de códigos de conducta.

9. Plan de comunicación post-instalación (Responsable: Comisión Comunicación y Difusión) 

• Emitir comunicado público con lenguaje no sexista que informe sobre la existencia de la Mesa, líneas de contacto y compromisos asumidos.
• Distribuir materiales impresos en puntos estratégicos: ayuntamiento, tribunales locales, centros de salud y transporte público.
• Establecer portavocía y pautas para entrevistas que protejan a las víctimas y eviten la revictimización.

10. Formalización de convenios operativos (primeros 30–60 días; Responsable: Secretaría Técnica con Fiscalía y OSCs) 

• Firmar convenios con OSCs para acompañamiento jurídico y psicosocial en caso de requerirse
• Pactar acuerdos con la Fiscalía sobre plazos de respuesta y conservación de evidencias.
• Establecer convenios con universidades para asistencia técnica y evaluación.

11. Activación del seguimiento inicial y revisión a 30 días (Responsable: Mesa / Secretaría Técnica) 

• Celebrar reunión evaluativa a los 30 días para revisar flujos de recepción, tiempos de respuesta y dificultades logísticas.
• Implementar ajustes rápidos: reasignación de funciones, corrección de plantillas y refuerzo de difusión en zonas con baja cobertura.

12. Registro de compromisos presupuestarios (Responsable: Municipio / Tesorería) 

• Registro de recursos humanos, financieros e institucionales destinado a prevenir, atender y erradircar la VPMRG
• Gestionar acceso a un fondo semilla regional si está disponible.

13. Verificación final antes del cierre del acto de instalación (Responsable: Secretaría Técnica / Coordinación regional) Confirmar convocatoria y firmas.

• Confirmar designación de Secretaría Técnica.
• Verificar activación de plataformas y canales básicos.
• Confirmar programación del primer módulo de capacitación.
• Comprobar que materiales informativos están listos y que convenios iniciales están en proceso o firmados.

Protocolos operativos y rutas de atención (ideas generales y adaptables)

Los protocolos presentados aquí son ideas generales pensadas para ser adaptadas a condiciones locales. Están diseñados para ser prácticos, breves y activables. Cada municipio los debe revisar y ajustar en función de su contexto institucional, cultural y logístico.

En términos generales, los protocolos incluyen: canales de recepción múltiples (línea telefónica, formulario web, correo seguro, atención presencial); una ficha mínima para clasificar riesgo y activar medidas en 24–72 horas; una herramienta de evaluación rápida que valore riesgo físico, amenazas, exposición pública y factores de vulnerabilidad; medidas inmediatas (patrullas violeta, botones de pánico, escolta, derivación a salud

o refugio); acompañamiento integral (asesoría jurídica, atención psicológica, apoyo social); y protocolos digitales para preservación de evidencias (capturas con metadatos, custodia segura) y contacto con plataformas para remoción de contenido cuando proceda.

• Recomendaciones prácticas para adaptación local: Revisar y adaptar el procedimiento de custodia de evidencia digital según capacidades técnicas locales.
• Establecer canales seguros de comunicación entre actores y protocolos de encriptación cuando se manejen datos sensibles.
• Acordar plazos máximos de respuesta entre la Mesa y Fiscalía/órgano electoral.
• Diseñar rutas diferenciadas para contextos con barreras geográficas, idiomáticas o de acceso a la tecnología.

Plataforma de registro, indicadores y reportes

Se propone una plataforma de registro básica y segura para rastrear casos y medidas activadas, con un tablero mínimo de indicadores que pueda ampliarse progresivamente. El objetivo inicial es contar con información suficiente para dar respuesta inmediata y documentar patrones sin comprometer la seguridad de las víctimas.

• Campos mínimos recomendados: código de caso; fecha/hora de recepción; canal de entrada; tipo de violencia; identificación de riesgo inmediato (alto/medio/bajo); medidas activadas; servicios brindados; estado procesal; notas de seguimiento.
• Seguridad y acceso: definir roles por nivel de acceso (Secretaría Técnica, Fiscalía enlace, CDH enlace), usar cifrado, establecer backups regulares y protocolos de eliminación conforme a normativa.
• Indicadores iniciales: número de denuncias por periodo; porcentaje atendidas en 72 horas; porcentaje con medidas de protección activadas; tiempo promedio de derivación a Fiscalía; porcentaje de víctimas con acompañamiento jurídico/psicosocial.
• Reportes y relatoría: publicar reportes agregados y periódicos; mantener una relatoría técnica confidencial por sesión (ver punto 10) para la coordinación y ajustes internos.
• Escalabilidad: diseñar la plataforma para que pueda ampliarse (más campos, integraciones) conforme aumenten capacidades técnicas y necesidades locales.

Implementación por fases y plan inicial de despliegue

El despliegue comienza con el contacto de la Sala Regional Guadalajara para realizar un diagnóstico de instituciones, organizaciones y personas a invitar. La Sala Regional coordina la identificación de actores clave y valida un mapeo preliminar por estado. Simultáneamente se lanza una invitación abierta mediante una campaña de difusión que combine comunicación dirigida a instituciones y una difusión pública en formatos accesibles para convocar sociedad civil y medios locales.

La propuesta de calendario inicial recomienda iniciar con una fecha de instalación por estado (una ciudad cabecera por estado) que funcione como instalación piloto y punto de difusión regional; a partir de esa experiencia, la Mesa estatal/regional apoya la expansión gradual a municipios secundarios dentro de cada estado. Esta estrategia escalonada permite ajustar logística, materiales y protocolos antes de escalar y favorece la creación de capacidades locales replicables. La propuesta operativa contempla:

• Contacto inicial Sala Regional — diagnóstico institucional y lista de invitación.
• Lanzamiento de campaña de difusión abierta — convocatoria pública y comunicación de objetivos.
• Propuesta de fecha de instalación por estado — organización del acto y despliegue de Secretaría Técnica provisional.
• Instalación en la cabecera estatal (acto público, firma de Carta de Compromisos, activación de línea y plataforma básica).
• Evaluación piloto y ajustes cortos (30 días) — incorporación de lecciones para réplica municipal.
• Expansión progresiva a municipios prioritarios según criterios de riesgo y capacidad institucional.

Relatoría de sesiones (formato sencillo y operativo)

En lugar de un informe formal se implementa una relatoría simple y operativa por cada sesión de la Mesa (instalación y las reuniones clave pre/durante/post electoral). La relatoría deja constancia de acuerdos, responsables y plazos sin exponer datos sensibles.

Estructura mínima de la relatoría (una página preferible):

• Fecha y tipo de sesión (instalación / previa al proceso / durante el proceso / posterior).
• Lista de asistentes y enlaces técnicos (solo nombres y organizaciones; contactos en registro confidencial separado).
• Resumen ejecutivo breve (2–4 líneas) sobre el foco de la sesión.
• Acuerdos adoptados (cada acuerdo en una línea: acción / responsable / plazo).
• Riesgos o incidencias reportadas que requieren seguimiento.
• Acciones inmediatas acordadas y responsables para su implementación en 72 horas.
• Próxima reunión programada (fecha tentativa y objetivos).

La relatoría se archiva en versión técnica confidencial para coordinación y ajuste. Se publica una versión agregada pública que incluya únicamente el Resumen ejecutivo y los acuerdos institucionales generales, preservando la privacidad y seguridad de las víctimas.

Entregables, anexos operativos y recomendaciones finales

Una Guía de instalación de las Mesas Naranja que provee e incluye plantillas y documentos listos para adaptar localmente: Carta de Compromisos; Acta de Instalación; ficha mínima de recepción; guion del acto de instalación con protocolo para testimonios; módulos de capacitación resumidos; formato de relatoría de sesiones; y checklist para auditoría ciudadana. Estos materiales deben personalizarse con logos, contactos y referencias normativas municipales.

Recomendaciones finales: priorizar desde el inicio la protección y confidencialidad de las personas afectadas; colocar a las mujeres electas en un rol central de legitimidad política; asegurar compromisos presupuestarios mínimos para evitar volatilidad por cambios de administración; y adoptar una lógica faseada para aprendizaje y réplica. Como próximos pasos operativos sugeridos:

1) la Sala Regional inicia el contacto para diagnóstico y lista de invitación;

2) lanzar la campaña de difusión e identificar fecha de instalación por estado;

3) preparar la Carta de Compromisos y la relatoría tipo para las sesiones clave

Carta de Compromisos para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (versión base para adaptación)

Título: Carta de Compromisos para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Preámbulo Reconociendo que la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) constituye una violación de los derechos humanos y un obstáculo para la plena participación democrática, las instituciones, organizaciones y personas firmantes acuerdan establecer mecanismos de coordinación y colaboración a través de la Mesa Naranja municipal con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la VPMRG en el territorio correspondiente.

Cláusulas

1. Reconocimiento y alcance 

• Reconocer la existencia y gravedad de la VPMRG en sus múltiples manifestaciones (violencia física, amenazas, acoso digital, exclusión de candidaturas, deslegitimación, entre otras) y la obligación institucional de prevenirla, investigarla y sancionarla conforme a sus atribuciones.

2. Compromisos generales de coordinación 

• Participar activamente en la Mesa Naranja, designando un/la enlace institucional con responsabilidad operativa.
• Compartir información pertinente y oportuna para la atención de casos y la protección de las víctimas, respetando los marcos de confidencialidad y protección de datos.

3. Protección y atención integral Garantizar la priorización de medidas de protección inmediatas cuando exista riesgo para la integridad de las personas afectadas.

• Facilitar la derivación oportuna a servicios jurídicos, psicosociales y sociales en coordinación con OSCs acreditadas.

4. Protocolos y armonización Presentar y someter a revisión los protocolos institucionales de atención, investigación y protección con el objetivo de armonizarlos y asegurar su interacción operativa.

• Participar en ejercicios de simulación y capacitación para garantizar la operatividad de dichos protocolos.

5. No revictimización y confidencialidad 

• Adoptar medidas para evitar la revictimización en el trato mediático, administrativo y jurídico; garantizar el anonimato cuando la víctima lo solicite; y proteger la información personal y sensible conforme a la normativa aplicable.

6. Transparencia, rendición de cuentas y relatoría

• Acordar la elaboración de relatorías técnicas de sesión para seguimiento institucional; publicar versiones agregadas y no identificables de los avances de la Mesa.
• Someter a revisión semestral los avances y obstáculos detectados.

7. Recursos y sostenibilidad 

• Asignar recursos humanos y operativos mínimos (enlace institucional, apoyo de Secretaría Técnica, canales de comunicación) para garantizar la continuidad de la Mesa.
• Buscar mecanismos de cooperación (universidades, OSCs, organismos internacionales) y acceso a fondos semilla para municipios con limitaciones presupuestarias.

8. Participación vinculante de mujeres electas y sociedad civil 

• Incorporar la participación activa de la Red de Mujeres Electas y organizaciones de la sociedad civil en la definición de prioridades, en la supervisión y en la evaluación de acciones.

9. Vigencia y revisión

• Esta Carta tendrá una vigencia inicial de un (1) año desde la fecha de firma, con evaluación semestral y opción de prórroga o ajuste por consenso.