Debe Fortalecerse a Tribunales Electorales Locales: Magdo. Leonel Castillo
12/julio /2004 / Sala Superior 29/2004
México, D.F.
En materia de justicia electoral, los procedimientos son muy rápidos, son paradigma en todo el país, se emplean medios de comunicación que facilitan enormemente el trabajo y ojalá eso permee en los demás tribunales, expresó el magistrado Castillo González al ser cuestionado sobre algunas propuestas de cambios en la materia.
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF se pronunció por el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, a fin de que puedan cumplir con las funciones que la ley les encomienda, aunque con una supervisión y una rendición de cuentas puntual y exacta.
El funcionario reconoció el interés que, en términos generales, los ejecutivos locales han dado a los tribunales en la materia, aunque –dijo- podría hacerse un esfuerzo para que no se desaproveche la experiencia profesional de los integrantes de los tribunales y se realice una sustitución escalonada del personal que los integra. Así, siempre quedaría una base de experiencia que se nutriría de ideas nuevas, nuevos conocimientos y tendencias, pero con una base de experiencia.
Los foros de consulta como el que se realiza son respuesta a la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para captar propuestas, discutirlas y llevar conclusiones al máximo tribunal de justicia del país.
El magistrado Castillo González reconoció que el estado de Michoacán ha sido un pionero en la búsqueda de soluciones a los diversos retos en materia electoral. A la inauguración formal del foro que se realiza en Michoacán, asistieron la presidenta del Tribunal Estatal, María de los Angeles Llanderal, el secretario de Gobierno estatal, Enrique Bautista Villegas y Adolfo Mejía, representante del Tribunal Superior de Justicia local.
Confirma Tribunal Electoral cinco resoluciones de los Consejos locales del Instituto Federal Electoral en los estados de Morelos, Puebla y el Distrito Federal
30/junio /2009 / Sala Regional Ciudad de México 24/2009
Distrito Federal,
La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este martes, en sesión pública, cinco resoluciones de los Consejos locales del Instituto Federal Electoral (IFE) en la Ciudad de México, y los estados de Morelos y Puebla, con las que se sancionó a la coalición “Salvemos a México”, y a los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.
Esos institutos políticos acudieron a este órgano jurisdiccional apelando las multas que los Consejos locales del IFE les impusieron por haber colocado propaganda político electoral en equipamientos urbanos, lo cual está prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Al considerar que la regulación de la propaganda electoral impresa no violenta la libertad de expresión, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia (SCJN), los magistrados de esta Sala Regional confirmaron por unanimidad las multas impuestas al PAN, PRD y Convergencia.
En cambio, por mayoría de votos, fue confirmada una sanción en contra de María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, candidata a diputada federal de la coalición “Salvemos a México” en el Distrito Electoral 15 de la capital del país, quien fue multada con 46 mil 854 pesos por haber colocado propaganda política en equipamiento urbano.
A su vez, los magistrados Eduardo Arana Miraval, Ángel Zarazúa Martínez y Roberto Martínez Espinosa revocaron ocho resoluciones del Registro Federal de Electores que habían negado a igual número de ciudadanos la reposición de sus credenciales para votar.
En estos casos, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio el próximo 5 de julio, esta Sala Regional les entregará por duplicado copia certificada de las sentencias, mismas que deberán entregar al presidente de casilla para que éste les permita emitir su voto.
De esta forma, la Sala Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió doce juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y ocho recursos de apelación.