19/agosto /2004 / Sala Superior 39/2004

México, D.F.

En sesión pública, los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF continuaron con la resolución de las impugnaciones a los comicios celebrados el pasado 4 de julio en Zacatecas, Durango y Chihuahua.

Respecto de Zacatecas, se resolvieron 24 juicios y a través de ellos se confirmó el triunfo de las planillas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática en los ayuntamientos de Miguel Auza, Juan Aldama, Tlaltenango, Ojocaliente, Morelos y Guadalupe; del Revolucionario Institucional en Tepechitlán, Jiménez del Teúl, Tepetongo y Valparaíso; y de Acción Nacional en Jalpa.

También confirmó el cómputo municipal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y las asignaciones efectuadas por las autoridades locales. De igual manera se validó el triunfo de los candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos V, XI y XVIII decretado por autoridades zacatecanas. Al mismo tiempo, fueron desechados por extemporáneos los juicios interpuestos por los ciudadanos Lucia Neri Garza, Antonia Rostro Gallegos y Javier Armando Castillo Renovato.

Por lo que toca a los juicios presentados contra los resultados de los comicios en Chihuahua, se resolvieron cuatro promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y la coalición "Alianza por la Gente", y uno por la coalición "Todos Somos Aldama"; respecto de los cuatro juicios del PRI, se confirmó la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición "Todos Somos Santa Bárbara". Igualmente, se confirmó el triunfo de la fórmula de candidatos postulada por la coalición "Todos Somos Balleza", en el municipio de Balleza y del Partido de la Revolución Democrática en Guadalupe. En el municipio de Aldama, se confirmó la entrega de la constancia de mayoría a favor de la planilla de la coalición "Alianza por la Gente".

Respecto al estado de Durango se confirmó el cómputo municipal de la elección del ayuntamiento de Rodeo, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a favor de la planilla del Partido Revolucionario Institucional.

Por otra parte, de Yucatán, se confirmó que el Partido Verde Ecologista de México no gozará de financiamiento público durante los años 2005-2007, por no haber obtenido por lo menos el 1.5% de la votación emitida en la pasada elección local de diputados de mayoría relativa.

Con miras a los comicios del próximo 5 de septiembre en Veracruz, los magistrados resolvieron seis juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, presentados por inconformidades contra las reglas, procedimientos o convocatorias establecidas por los propios partidos políticos y coaliciones para la selección de sus candidatos. Sólo en dos casos se dio la razón a los demandantes.

En este sentido, se ordenó a la Comisión de Transparencia de la coalición Fidelidad por Veracruz fijar en estrados el contenido íntegro de la resolución adoptada el pasado 21 de julio, relativa al proceso de selección de candidatos a la presidencia municipal de Coatepec.

Así mismo, se ordenó al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano el registro de Fernando Valerio Hernández como candidato de la coalición Alianza Fidelidad por Veracruz a la presidencia municipal de Saltabarranca.

Por lo que se refiere a Aguascalientes, los magistrados revocaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral que declaró la improcedencia de la solicitud del Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo para que se entregara a Jaime Esparza Frausto y Oscar Montoya Contreras el financiamiento público para gastos ordinarios de campaña y, ordenaron que en su próxima sesión, el órgano electoral registre y acredite como encargados de la recepción del financiamiento a las citadas personas.

En relación con los juicios presentados en contra del acuerdo expedido el pasado 28 de mayo por el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, respecto de una solicitud de análisis, investigación y declaración de ilegalidad de la II Asamblea Estatal del Partido Justicia Social, efectuada el 21 de septiembre de 2002, los magistrados revocaron la resolución y reenviaron el expediente a la autoridad responsable a efecto de que, de no encontrar diverso motivo de improcedencia, resuelva lo que en derecho proceda.

Finalmente, en Tlaxcala y Sinaloa, el PRD y el PAN, respectivamente, impugnaron la reducción de sus ministraciones. Las dos demandas fueron desechadas en virtud de que las violaciones no resultan determinantes para el próximo proceso electoral o para el resultado final de la elección y, por lo que se refiere a Nayarit, se confirmó la revocación del registro de la organización denominada "Unidos por Nayarit.