Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

27/julio /2009 / Sala Regional Toluca 48/2009

Toluca, Méx.,

Lo anterior es así, ya que se pudo comprobar que las firmas y huellas de sus renuncias eran falsas; en el estudio del juicio el magistrado ponente, Santiago Nieto Castillo ordenó la realización de pruebas periciales de las firmas y huellas dactilares que aparecían en los documentos mencionados, y se concluyó que las mismas no correspondían a Gómez Jasso y Galicia Ruiz, por lo que se confirmó el registro de estas ciudadanas.

Misma resolución tuvo la demanda ciudadana presentada por Raymundo Sánchez Castillo, quién se inconformó con la sustitución de su candidatura a segundo regidor propietario por el PRD al Municipio de Amecameca, Estado de México; al igual que el anterior juicio también se comprobó que la firma de su renuncia era falsa, por lo que se dejó sin efectos la candidatura a dicho cargo de Benjamín Martínez Venegas y se confirmó la de Sánchez Castillo.

Por otra parte, en el recurso de apelación presentado por el Partido Acción Nacional (PAN), contra la resolución del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, que le impuso una amonestación al PAN y una multa a su candidata a Diputada Federal por el 22 Distrito Electoral Federal en el Estado de México de 2,500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; los Magistrados de la Sala Toluca Santiago Nieto Castillo, Adriana Favela Herrera y Carlos Morales Paulín revocaron dicha determinación, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que resuelva sobre la valoración de las pruebas aportadas por las partes, toda vez que se consideró que no hubo exhaustividad en la valoración de éstas.

En el juicio ciudadano, presentado por Juan Alberto Ineza Hernández en contra de la sustitución de su candidatura a quinto regidor por el PAN en el Municipio de San Matero Atenco, Estado de México, la Sala Toluca confirmó dicha determinación, ya que la inhabilitación del ciudadano hecha por el partido político mencionado, fue lo que derivó en el retiro de su candidatura, hecho que el actor no cuestionó en su demanda.

En la sesión pública de este día, la Sala Toluca resolvió 12 juicios para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano y dos recursos de apelación.


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8 /octubre /2004 / Sala Superior 57/2004

México, D.F.

En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior resolvieron 8 juicios de revisión constitucional y once juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano contra autoridades de Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

De Aguascalientes, los magistrados confirmaron el cómputo de la elección de diputados de mayoría relativa y la declaración de validez en los distritos electorales I y XVIII, así como el otorgamiento de las constancias a los candidatos del PAN.

De Tlaxcala, los magistrados confirmaron los convenios de coalición de Alianza Democrática, integrada por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia y la Alianza Todos por Tlaxcala, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, de ésta última fue impugnado también el registro de su candidato a la gubernatura, para contender en la elección del próximo 14 de noviembre. Ambos acuerdos fueron impugnados por los partidos del Centro Democrático y Justicia Social.

Fue confirmado de Michoacán el acuerdo por el que se aprobó el registro de la planilla de candidatos del PRD para contender por el ayuntamiento de Morelia, impugnado por Cristóbal Arias Solís. Sin embargo, en virtud de que existe una impugnación pendiente de resolución por parte de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV), en la que se combate el proceso interno de selección de la citada candidatura. Por lo tanto, se ordenó a la CNGV dictar la resolución correspondiente.

Respecto al juicio interpuesto por el PAN se confirmaron dos multas -de 250 y 500 días de salario mínimo general vigente en Tamaulipas, impuestas por no haber retirado su propaganda política en el término legal. En tanto, al PRD en Campeche, le fue confirmada una sanción la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, equivalente a mil 80 días de salario mínimo general vigente en la capital del estado ($43,524.00), por irregularidades en su informe anual de ingresos y egresos del año 2003.

En otro orden de ideas, la impugnación presentada por Hilder Ladislao Cadena Robles, candidato propietario a la primera regiduría en Santiago Tuxtla, en contra del silencio o negativa del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de informarle si su partido, el PAN, tiene derecho a que se le asignen regidurías por el principio de representación proporcional y, en su caso, si una de ellas le corresponde a él. Los magistrados resolvieron que es infundada la pretensión debido a que la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta la petición del actor.

En los juicios para la protección de los derechos político electorales presentados por Clara Alicia Carcaño Peña, Sonia E. Jiménez Hernández y Tobias Ornelas Hernández, los magistrados confirmaron la suspensión de sus derechos y prerrogativas como militantes del PRD por un período de cuatro años, decretada por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

Finalmente se desechó el juicio interpuesto por Adolfo Gaona en contra de diversos actos y omisiones del PRI, relacionados con la elección y registro de su candidato a diputado local en el Distrito Electoral XXI de Michoacán, debido a que el acto impugnado no resulta definitivo y firme. Igualmente, se desechó la demanda presentada por Dolores de los Ángeles Nazares, que impugnó el registro de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional presentada por la coalición Unidos por Michoacán.