8 /noviembre /2017 / Sala Superior 233/2017

San Miguel de Allende, Guanajuato

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que quienes forman parte de los órganos de justicia electoral iberoamericanos tienen una gran labor que desempeñar para recuperar la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en la democracia y para lograrlo tienen cuatro responsabilidades.

Al inaugurar la IX Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, Otálora Malassis indicó que la primera de ellas consiste en que las autoridades electorales deben colocarse por arriba de la disputa por el poder político, “y la forma de lograrlo es guiándonos en todo momento en lo que señala la Constitución y la ley, por eso debemos mantener nuestra independencia, autonomía y capacidad de actuar por encima de las disputas políticas en nuestras sociedades”.

La segunda responsabilidad, continuó la magistrada presidenta del TEPJF, es que, de manera crucial, los jueces electorales mantengan la claridad y la consistencia en los criterios jurídicos a partir de los cuales resuelven los diferendos que surgen en toda contienda electoral, “sin estos componentes esenciales no es posible fortalecer la percepción pública de que los tribunales electorales operan por encima de las coyunturas y de las luchas partidistas”.

La tercera responsabilidad es que los juzgadores deben velar por la integridad electoral, ya que es una herramienta útil, no sólo para evaluar la calidad de las democracias, sino también para fortalecerlas. “De esta forma, un desafío para la integridad electoral y un obstáculo para la calidad de las democracias son las malas prácticas electorales de los contendientes y/o sus seguidores”, porque se trata de una actitud que genera entre la sociedad la pérdida de confianza en la democracia y en sus instituciones y además erosiona la legitimidad del proceso electoral y sus resultados.

La cuarta responsabilidad, señaló Otálora Malassis, es la obligación que tienen los jueces de velar por el cumplimiento de la Constitución, tanto en materia de derechos político-electorales de los ciudadanos como en lo concerniente a las normas electorales, por lo que “debemos vigilar que nadie trate de ponerse por encima de las leyes o desvirtuar su contenido, y aunque a los tribunales les compete el control de la constitucionalidad de los actos y las leyes, debemos promover y exhortar a nuestras distintas sociedades a defender sus constituciones, que son su patrimonio y la garantía de sus libertades y derechos”.

“Hay que crear conciencia entre los ciudadanos de que una forma elemental de recuperar la confianza en la democracia es defendiendo sus libertades y los derechos constitucionales. Cuando se defiende algo, se le aprecia más”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis durante la inauguración de los trabajos de la IX Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, en la que estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez.

La justicia electoral, elemento indispensable para consolidar el sistema democrático
En su intervención, Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, subrayó la importancia de estos encuentros entre la comunidad iberoamericana como espacios de diálogo y foros de reflexión que enfatizan la relevancia de la justicia electoral en el fortalecimiento de una democracia de calidad y de procesos electorales con integridad.

Al destacar que, a partir de este mes de noviembre y hasta fines de 2019, 14 de los 18 países que integran la región celebrarán elecciones presidenciales, Zovatto indicó que “la justicia electoral es un elemento indispensable para consolidar el sistema democrático, ya que evita conflictos derivados de la organización y celebración de los comicios, así como de actos de intimidación que puedan poner en riesgo la voluntad ciudadana expresada en las urnas”.

El Director Regional de IDEA Internacional agregó que en la mayoría de los países de América Latina, la justicia electoral garantiza el estricto apego a la Constitución y a la ley en la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas; el pleno respeto a los derechos político-electorales fundamentales de las y los ciudadanos, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, el control de las regulaciones sobre el financiamiento público, la vigencia de la paridad de género y la sujeción de los actos electorales a los principios de constitucionalidad y legalidad.