10/noviembre /2018 / Sala Superior 377/2018

San José de Costa Rica

 En el marco del Día de la democracia costarricense, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, señaló que, a pesar de la existencia de áreas de oportunidad en el sistema de financiamiento político, “el financiamiento público es necesario, y su prevalencia constituye un mecanismo de garantía para que grupos de interés y otros factores externos no ejerzan mecanismos de presión en las elecciones, ni en las decisiones de interés público”.

Al participar en el seminario internacional “Integridad y Justicia Electoral”, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de San José de Costa Rica, el magistrado indicó que la definición de cambios sobre el esquema de financiamiento político en México es un tema presente en la sociedad y en la agenda política actual.

Con la conferencia titulada: “Financiamiento político en la región: Situación actual, tendencias de reforma y desafíos”, el magistrado Fuentes Barrera subrayó que la excepción al principio de prevalencia, la constituyen las candidaturas independientes, mismas que, por su naturaleza, deben acceder a un mayor financiamiento privado, “siempre y cuando se aseguren límites individuales razonables para cada aportante”, añadió.

Fuentes Barrera observó que, de reducirse el financiamiento público (conforme a múltiples iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión), “debemos contemplar medidas que garanticen que en la ley no queden vacíos que den lugar a las vías ilegales de financiamiento”.

Por eso, advirtió el magistrado del TEPJF, es importante que, si se considera abrir espacios a las opciones de financiamiento privado, se aseguren límites individuales bajos para cada aportante, y se revise por la autoridad, cuando sea necesario, la verdadera capacidad económica de quien aporta, para evitar prestanombres o simulaciones.
Esta medida, añadió subrayó Fuentes Barrera, podría estar aparejada de otras adicionales, como el aumento en la proporcionalidad de las multas impuestas a los partidos políticos en caso de incurrir en violaciones al marco normativo, y la revisión del esquema de responsabilidad.

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