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Sala Monterrey confirma amonestación pública a ex candidato del PAN a la Alcaldía de Saltillo, Coahuila

4 /marzo /2010 / Sala Regional Monterrey 4/2010

Monterre, Nuevo León

• Magistrados ordenan al IFE, a través de su Vocalía 01 Distrital en Querétaro, resolver la queja de una ciudadana a la que le negó la credencial de elector

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de sancionar con una amonestación pública a Óscar Miguel Mohamar Dainitín, ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Saltillo, Coahuila.

Al cumplir con una sentencia de esta Sala Regional, el Tribunal Electoral estatal modificó una sanción económica que había impuesto a Mohamar Dainitín por una amonestación pública, por haber realizado actos de campaña antes de los tiempos establecidos.

Ante esto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a este órgano jurisdiccional federal para inconformarse por la nueva resolución del Tribunal Electoral de Coahuila.

La magistrada presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno, y los magistrados Georgina Reyes Escalera y Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz determinaron desechar la queja promovida por el PRI, tras considerarla como improcedente, ya que la resolución del órgano estatal no repercute en el proceso de elección ni afecta el patrimonio o imagen de algún partido político.

En otro asunto, el pleno revocó la resolución de la Vocalía 01 de la Junta Distrital del Instituto Federal Electoral (IFE), en Querétaro, la cual negó la tramitación de la credencial de elector a María Delia Romero, tras considerar que no existía la certeza en la identidad de la ciudadana, ya que contaba con otra credencial con un nombre distinto.

Luego de determinar que el IFE tiene la obligación de investigar los datos proporcionados por los ciudadanos, los magistrados ordenaron a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Vocalía 01 en Querétaro, realizar las diligencias correspondientes para corroborar los datos de Romero, y resolver su petición en un plazo no mayor a 12 días.

En la sesión pública de este jueves, la Sala Monterrey resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional.

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