Arrancó segunda promoción del Diplomado en Derecho Electoral
11/mayo /2010 / Sala Regional Toluca 13/2010
Toluca, México
• Forma parte del Convenio General de Colaboración entre la UAEM y la Sala Regional Toluca del TEPJF
La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) pusieron en marcha la segunda promoción del Diplomado en Derecho Electoral.
En el arranque de actividades, el Director de Educación Continua y a Distancia de la UAEM, Juan José Contreras Castillo y el magistrado presidente de la Sala Toluca del TEPJF Santiago Nieto Castillo, dieron la bienvenida a los estudiantes y coincidieron en señalar que para ambas instituciones es importante dar seguimiento y continuidad a los trabajos del Diplomado que se llevó a cabo en una primera etapa, en el 2009.
El objetivo del diplomado es proporcionar a los participantes los conocimientos teórico práctico sobre el Derecho Electoral para que posteriormente se puedan desenvolver en actividades administrativas o jurisdiccionales.
El diplomado en Derecho Electoral, segunda promoción, abarca temas como el de democracia, sistema de partidos, sistemas electorales, derecho constitucional electoral, proceso electoral, nulidades, argumentación e interpretación jurídica, entre otros.
Como instructores del diplomado participan los magistrados que integran la Sala Toluca del TEPJF, así como Claudio César Chávez Alcántara, Coordinador Regional de Jurisprudencia y Estadística Judicial y secretarios de estudio y cuenta.
El Diplomado en Derecho Electoral, segunda promoción, concluirá el próximo 28 de agosto y es resultado del convenio general colaboración entre la UAEM y la Sala Toluca del TEPJF, firmado en abril pasado.
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PIDEN JUZGADORES ELECTORALES MAYOR AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU LABOR JURISDICCIONAL
13/septiembre/2007 / Sala Superior 83/2007
México, D.F.
Pidió que venga a ser una mística en todos los ámbitos de nuestro país, que los actuarios y los secretarios de hoy sean el día de mañana los jueces, magistrados y ministros que rijan o ejerzan ateniendo a su capacidad y a los méritos personales que encuentre la sociedad en cada uno de ellos.
Al hablar sobre el tema de la inamovilidad judicial, resaltó la importancia de que el juzgador tenga un periodo definido (que en la actualidad es de 15 años) para ejercer sus funciones, contando con una independencia presupuestaria que le permita cumplir con su función apegado estrictamente a lo que marca la ley.
Asimismo, consideró que el juzgador debe contar con una remuneración decorosa, que le permita comprometerse con su función, de tiempo completo, y no ejercer otras.
Añadió que el Poder Judicial ha logrado, con esto, una autonomía mayor de cada uno de sus miembros; pero también las autoridades judiciales estatales deben de contar con esta autonomía, sobre todo en lo presupuestal, para así influir y lograr que los otros dos poderes también cuenten con esta independencia.
En su intervención, el magistrado José Francisco Quevedo, del Tribunal Estatal Electoral de Tabasco, habló sobre la autonomía e independencia con las que deben contar las instituciones electorales, y se refirió a cuatro rubros: política, es decir, el ejercicio pleno de su función; financiera, que se refiere a la independencia económica, para elaborar, aprobar y ejercer su presupuesto; jurídica, consistente en la emisión de sus reglamentos; y administrativa, que es la facultad del órgano electoral para establecer parámetros de control interno y de las organizaciones a su cargo.
Por último, el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, Ismael González Parra, comentó sobre las reformas electorales de los años 1990, 1993 y 1996, ésta última de gran trascendencia para la vida política del país, debido a que dio origen a los órganos encargados de organizar y administrar las elecciones, y de dirimir los conflictos derivados de las mismas. Después de 20 años, dijo, el proceso ha llevado a grandes avances en la vida democrática del país.
El magistrado habló del carácter autónomo de los tribunales electorales, poniendo especial énfasis en la tarea del tribunal que preside. Comentó aspectos que deben ser atendidos para lograr una mayor independencia de los órganos electorales, como son la inamovilidad de sus integrantes, una remuneración adecuada, así como contar con autonomía presupuestal.