23/noviembre /2021 / Sala Superior 271/2021

Ciudad de México

Al presentar el Informe de Labores 2020-2021 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del mismo órgano jurisdiccional, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, en compañía de las magistradas Janine Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez, señaló que, al cumplirse 25 años de la inclusión del Tribunal en el Poder Judicial ha quedado claro que, en la democracia mexicana, “lo jurídico está por encima de lo político”.

Con ello, afirmó que la salud de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre las instituciones del Estado, por lo que las magistradas y los magistrados “en todo momento sabremos mantener el principio de división de poderes, entendiendo que división no significa confrontación”.

En sesión solemne presidida por el ministro presidente de la SCJN y presidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que hay múltiples puntos de coincidencia entre los Poderes de la Unión para impulsar la democracia y los derechos humanos. De ahí que, aseguró, para los comicios que habrán de venir podemos decir a los partidos políticos, a las y los candidatos, a los actores políticos y, sobre todo, a la ciudadanía, que protegeremos, como lo hemos hecho hasta ahora, la equidad, la libertad y el cumplimiento de la ley.

Ante las ministras y ministros de la SCJN, las consejeras y los consejeros del CJF, y magistradas y magistrados del TEPJF, invitó a la ciudadanía a hacer suya la justicia electoral para exigir el acceso y respeto a sus derechos, sobre todo de quienes han sido históricamente marginados o invisibilizados. “Nuestra labor jurisdiccional mantendrá su brújula en favor de las libertades y la igualdad entre las personas, ya que es el único camino para afianzar una democracia de mayor calidad”, expresó.

Durante la sesión en la que las magistradas y los magistrados acudieron a la máxima Corte del país a presentar el Informe de Labores que corresponde al periodo del 1.° de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se destacó que el proceso electoral de este año fue uno de los más grandes de nuestra historia, tanto por el número de votantes registrados como por la renovación de los 20 mil 446 cargos de elección popular, además de que se celebró en un contexto inédito: la emergencia sanitaria a nivel global.

En ese periodo, las Sala Superior y las regionales recibieron 18,242 impugnaciones resueltas, en promedio, en menos de 15 días. Las resoluciones reflejan criterios clave en materia de acciones afirmativas, representatividad, fiscalización, reelección, integridad electoral y nulidades.

En materia de postulación de candidaturas, se expuso que se validaron acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. La Sala Superior confirmó los acuerdos del INE en los que se vinculó a los partidos políticos a postular a personas indígenas para diputaciones federales y, por la vía de representación proporcional, candidaturas de personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la comunidad de la diversidad sexual.

A la par, en la disputa por las 15 gubernaturas se vinculó a todos los partidos políticos nacionales a postular al menos a siete mujeres, teniéndose como resultado que de entre ellas se eligieron a 6 mujeres gobernadoras. Por otro lado, en la Cámara de Diputados se logró la paridad perfecta con la integración de 250 hombres y 250 mujeres. Igualmente, se alcanzó la paridad en los 30 congresos locales renovados, y en 18 de estos se alcanzó una integración mayoritaria de mujeres.

El Informe de Labores resalta en materia de resultados electorales la impugnación a siete elecciones de gubernaturas, todas ellas resueltas por la Sala Superior. Se determinó un criterio relevante en el caso de Michoacán, en el que se decidió atender a los efectos que tiene la inseguridad en los procesos electorales, por lo que se dejó sin efectos la votación de 4 municipios y se ordenó al INE adoptar distintas medidas para hacer frente a situaciones de esta índole en futuras elecciones.

Un segundo asunto fue la calificación de la elección a la gubernatura de Campeche, en la que se reconoció que –cuando existan indicios que pongan en duda una elección y el margen entre los primeros lugares sea estrecho– la medida apropiada para dotar de legitimidad y certeza al resultado es el recuento total de los votos.

Por otra parte, se resaltó que la Sala Superior acordó la nulidad de 15 elecciones (14 municipales y 1 de diputación local), en las que destacan los casos de Iliatenco, Guerrero (nulidad por incurrir en violencia política en razón de género), y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (por la interferencia de un actor religioso durante la veda electoral).

En la lectura del Informe, también se hizo hincapié en la labor de capacitación y formación de la Escuela Judicial Electoral, a través de la cual se impartieron 60 cursos y en el cual actualmente se ofrecen tres posgrados que apoyan la formación de un capital humano profesional: la maestría en Derecho Electoral; el máster en Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad, así como el doctorado en Derecho Electoral.

También, se señaló que la atención a las solicitudes de acceso a la información se resolvió en un plazo promedio de 10 días, lo que representa casi la mitad del tiempo legal previsto. Ante ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le otorgó al Tribunal la calificación máxima de 100 por ciento en el Índice Global de Cumplimiento de Portales de Transparencia.

En la presentación del Informe de Labores se dio cuenta de que el TEPJF enfrentó el proceso electoral con altura de miras y profundo compromiso institucional, lo que refleja el trabajo colegiado realizado durante todo el año. El 93 por ciento de las sentencias se resolvieron por unanimidad y el siete por ciento restante se resolvió por mayoría. Además, se aprobó la creación de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral, a fin de ofrecer una justicia más abierta, más cercana a la gente, dialogante e incluyente, que proteja de mejor manera los derechos humanos.

Finalmente, se expuso que el TEPJF seguirá trabajando con una visión de futuro, para servir a las y los mexicanos, a partir de tres ejes: la renovación interna de la institución; el cumplimiento de sus compromisos inmediatos con la integridad electoral y la contribución permanente para fortalecer la cultura democrática de México. “Invitamos a la ciudadanía a hacer suya la justicia electoral para exigir el acceso y respeto a sus derechos, sobre todo de quienes han sido invisibilizados o marginados durante siglos”, enfatizó.