14/septiembre/2007 / Sala Superior 84/2007

México, D.F.

Durante la realización de la mesa La Justicia Electoral en las Entidades Federativas, Constancio Carrasco Daza, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que en los órganos jurisdiccionales del país, debe considerarse la adopción de medidas que fomenten la protección de los derechos políticos fundamentales.

Aclaró que ésta debe realizarse con apego a las condiciones expuestas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la preeminencia en el ámbito normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, siempre que los tratados no contradigan lo dispuesto por la Carta Magna o amplíen los derechos fundamentales que consagran.

Expresó que en el caso específico del derecho a votar, garantizado por la norma suprema, esta prerrogativa no puede ser suspendida por un auto de formal prisión, cuando la propia Constitución, interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que el principio de presunción de inocencia es una garantía individual implícita, por lo que nadie puede ser privado de sus derechos hasta que no exista una sentencia condenatoria.

Carrasco Daza consideró la posibilidad de que deban de agotarse todas las instancias partidistas antes de que un militante pueda acudir a los órganos jurisdiccionales estatales, para demandar la restitución de sus derechos partidistas, y anotó que el acceso a la jurisdicción estatal es un valor fundamental que no debe estar a discusión.

Por su parte, el diputado local José de la Vega Asmitia, expresó que en la medida en que los órganos jurisdiccionales estatales se especialicen más para dirimir los conflictos electorales, se encontrará coincidencias con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en ocasiones difiere en los criterios inicialmente aplicados por los tribunales de los estados.

Al respecto, el presidente del Tribunal Electoral de Puebla, Marco Antonio Gabriel González Alegría, se pronunció por una homogeneización de la codificación procesal, no sustantiva, de los medios de impugnación que aplican los órganos jurisdiccionales en todos los estados del país, pues de esa forma terminarán las divergencias con el máximo tribunal electoral en México.

A su vez, Raúl Arroyo González, presidente del Tribunal de la materia en Hidalgo, externó que es necesaria una nueva cultura en la impartición de justicia electoral en la nación, y destacó que es necesario darle una nueva óptica al voto activo y pasivo, mediante una reglamentación en la cual los ciudadanos puedan participar en las elecciones con la garantía de la certeza jurídica.

Eugenio Narcia Mendoza, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, manifestó que debe existir un federalismo judicial en el cual se fortalezcan los tribunales de la materia, ya que es injusto el planteamiento de que estos órganos se mantienen inactivos en años no electorales, pues el personal es sometido a una capacitación constante.

Consideró que se les puede dar competencia para revisar asuntos administrativos, ya que existen diversas coincidencias con la materia electoral y de esta forma se subsanaría esa opinión de algunos sectores de la población.