Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

15/septiembre/2010 / Sala Regional Xalapa 34/2010

Xalapa, Ver.

En las elecciones de Chinameca, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la sentencia de Tribunal local, al argumentar que no analizó las causas de la entrega extemporánea de dos paquetes electorales y que no atendió su solicitud de recuento de votos.

Del estudio del juicio se desprende que la máxima autoridad electoral estatal sí analizó los agravios presentados por el PRI, y que el agravio del recuento de votos, al que hace alusión el citado instituto político, no se planteó en el juicio original; de ahí su inoperancia.

Por lo anterior, las Magistradas de esta Sala confirmaron la sentencia y en consecuencia, la declaración de validez de la elección del municipio de Chinameca y la constancia de mayoría otorgada a la coalición “Viva Veracruz”.

Respecto a las impugnaciones presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en contra de la sentencia del TEE, que confirmó el cómputo, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por la coalición “Veracruz para Adelante” en el municipio de Oluta, el pleno de la Sala determinó modificar el cómputo de la elección y confirmar la entrega de la constancia de mayoría.

Lo anterior es así, ya que los agravios presentados por el PAN resultaron inoperantes, respecto a que en la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz se asentó equivocadamente el nombre del municipio, que la misma carecía de certeza y que la autoridad no valoró adecuadamente sus pruebas.

En el juicio presentado por el PRD, la Sala tuvo por acreditado que contrariamente a lo sostenido por el Tribunal local, personas del ayuntamiento de Oluta que ocupaban los cargos de Director de Protección Civil, Comunicación Social, Catastro, Limpia Pública, Comercio y Atención Ciudadana, participaron como representantes de partido durante la jornada electoral sin dejar de ejercer su cargo.

Ante ello, el pleno de la Sala determinó que independientemente de quien haya resultado ganador en las casillas, la sola presencia de los funcionarios públicos vició la voluntad de los electores, de ahí la anulación de la votación recibida en las casillas 2640 Básica, 2641 Contigua, 2642 Contigua, 2643 Contigua, 2644 Contigua y 2646 Contigua.
Por lo anterior, se modificó el cómputo y se confirmó la validez de la elección del Ayuntamiento de Oluta y la entrega de la constancia a la coalición “Veracruz para Adelante”.
En otro juicio, las Magistradas Claudia Pastor Badilla, presidente; Yolli García Alvarez y Judith Yolanda Muñoz Tagle, confirmaron la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por la coalición “Veracruz para Adelante” en el municipio de Acula.

El PRD sostuvo que el Tribunal local no contestó el argumento de que en la casilla 091 básica se utilizaron boletas foliadas con números distintos a las entregadas por el Consejo Municipal al secretario de casilla.

Aunque el TEE no se pronunció respecto a este agravio, las Magistradas lo declararon inoperante porque ese error no puso en duda la certeza o libertad del sufragio emitido por los ciudadanos, y por ello confirmaron la sentencia impugnada.


Confirma resultados del Distrito XI
Por otra parte, se ratificó la sentencia del TEE que confirmó el triunfo de la coalición “Veracruz para Adelante” en el distrito XI con sede en Xalapa.

Esa sentencia fue impugnada ante la Sala Xalapa por el PAN y por la coalición “Para cambiar Veracruz”. En el caso de la a queja del PAN, ésta fue desechada porque no controvirtió los resultados de la elección en el Tribunal local, por lo cual la sentencia que confirmó al ganador no le afecta.

La coalición sostuvo que el TEE estudió incorrectamente el error en el cómputo de 63 casillas, sin embargo, al realizar el análisis de todas ellas, el pleno de la Sala Xalapa concluyó que en ninguna se acredita el requisito para actualizar dicha causal de nulidad.

Respecto a la solicitud de anular los resultados en 61 casillas porque la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), el argumento fue desestimado, porque las personas que participaron fueron las autorizadas.


Ratifica resultados de la elección municipal de Sitalá, Chiapas
Finalmente, el pleno de la Sala Xalapa ratificó la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas (TJEA), mediante la cual confirmó el cómputo municipal de la elección de integrantes del ayuntamiento de Sitalá y el triunfo de la coalición “Unidad por Chiapas”.

En este asunto, el PRI pretendía, entre otras cosas, que la Sala Xalapa invalidara los resultados de la casilla 1225 Básica, obtenidos mediante el procedimiento de nuevo escrutinio y cómputo realizado por el Consejo Municipal Electoral, y que en su lugar, se consideraran válidos los asentados en el acta de escrutinio y cómputo por los funcionarios de casilla.

Sin embargo, esta inconformidad se declaró infundada en razón de que la coalición pretendía demostrar que el original de la mencionada acta se remitió dentro del paquete electoral a partir de lo asentado en el acta circunstanciada de recepción de paquetes electorales, la cual sólo hace constar situaciones relativas al estado en que se entregan los paquetes y los anexos que la acompañan, pero no así su contenido; pues su apertura sólo puede realizarse en situaciones extraordinarias, como sería precisamente el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, por tanto, el elemento probatorio ofrecido por el PRI fue ineficaz, de ahí la confirmación de la sentencia reclamada.

La Sala Xalapa resolvió este día 13 juicios de revisión constitucional electoral.

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16/octubre /2007 / Sala Superior 104/2007

México, D.F.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, convocó hoy a los llamados “Otros Sujetos Obligados” a hacer un llamado al Poder Legislativo para mejorar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, con el propósito de incorporar exigencias “más altas” en la rendición de cuentas de estos órganos del poder público federal.

Alanis Figueroa habló de incorporar a la legislación “ejes mínimos” para la información que deben de proporcionar estos organismos sui generis, que están sometidos a la citada ley, pero que no pertenecen al Poder Ejecutivo y que no están bajo la autoridad del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Se trata de instituciones públicas consideradas de la “mayor relevancia”, como las cámaras de Diputados y de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario y el TEPJF.

El llamado fue hecho por Alanis Figueroa al inaugurar la Reunión Anual de los Otros Sujetos Obligados, en el auditorio de esta institución, con la presencia de representantes de los mencionados órganos, del comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, y el diputado Arnoldo Ochoa González.

A nombre de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Alanis subrayó que los ciudadanos ya no se conforman con normas claras de acceso a la información, sino que exigen conocer todo lo relacionado con las decisiones de los servidores públicos, las razones que los llevaron a decidir entre una alternativa y otra, los costos y los recursos comprometidos en la aplicación de esa decisión y los resultados de las mismas.

También expuso que si en buena parte del siglo pasado la opacidad y el secreto fueron mecanismos para preservar el poder en los autoritarismos y en las dictaduras instauradas en América Latina, en la actualidad son precisamente el acceso a la información y la transparencia las precondiciones para que las personas ejerzan sus derechos políticos.

La pregunta sobre si el derecho al acceso a la información es deseable ya ha quedado rebasada, dijo, lo que interesa hoy es ¿qué tanto ha permeado este derecho en el país?, ¿cómo se compara el avance mexicano con el de otras democracias recientes?, ¿qué factores han impedido un avance mayor? y ¿qué puede hacerse desde la arena de los Otros Sujetos Obligados, para revertir cualquier lastre de opacidad?

María del Carmen Alanis propuso cuatro rubros en torno a los cuales, dijo, podría generarse un debate en el ámbito legislativo, para dar forma al piso mínimo de obligaciones a incluir en el título tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información:

- Un catálogo de obligaciones de transparencia que refleje la naturaleza especial de las actividades, incluyendo la especificidad de las que se realizan en los poderes Legislativo y Judicial, los Tribunales Administrativos y todos los órganos constitucionales autónomos.

- Condiciones obligatorias para que los órganos que resuelvan los recursos de revisión al interior de los “otros sujetos obligados” adquieran independencia y especialización de acuerdo con el mandato constitucional.

- La exigencia de establecer sistemas electrónicos para recibir solicitudes, interponer controversias y para informar públicamente el grado de avance de ambos procesos.

- Y generar procedimientos y mecanismos para la imposición de sanciones, en los casos de incumplimiento de la Ley.

Por lo que respecta al contenido de la información, planteó dar impulso a una nueva generación de información pública, pues dijo que ya no basta con poner a disposición normas, criterios, acuerdos y procedimientos sólo comprensibles para el círculo profesional especializado, sino que es necesario utilizar un lenguaje ciudadano accesible.

Como parte de los trabajos de esta Reunión Anual, el doctor Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentó el “Código de buenas prácticas y alternativas para el acceso a la información”, el cual establece una serie de prácticas que pueden servir como marco de referencia para el diseño de las legislaciones a nivel local.

A su vez, el Centro de Capacitación Judicial Electoral presentó una relatoría en la que citó los acuerdos logrados en la reunión de trabajo:

1. Existe consenso general para instrumentar el desarrollo legislativo que supone la reciente reforma constitucional al artículo sexto y, en consecuencia, construir insumos para orientarlo.

2. El Código de Buenas Prácticas es un mecanismo por el cual se pretenden establecer parámetros y guías que permitan ajustar las directrices y principios en materia de transparencia y acceso a la información para beneficio de todos los sujetos obligados.

3. Compromiso de las instituciones participantes para generar un consenso que lleve a la aprobación del Código.

El magistrado de la Sala Superior, Salvador Olimpo Nava Gomar, presidente de la Comisión de Supervisión y Resolución, calificó el Código de Buenas Prácticas como un instrumento que sintetiza los principios y valores del derecho de acceso a la información en sus distintas modalidades, para garantizar el ejercicio sistemático de este derecho, a través de un basto conjunto de de procedimientos y acciones.

En su intervención el diputado Gustavo Parra, reconoció que la división de poderes como sistema de pesos y contrapesos, ha dotado a nuestra nación de instituciones sólidas capaz de permanecer más allá de cualquier coyuntura. En este sentido, resaltó que debemos estar orgullosos de contar con organismos que tutelen los derechos más esenciales del ser humano, al garantizar el acceso a la información en poder de los órganos públicos.