Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

14/enero /2011 / Sala Regional Guadalajara 2/2011

Guadalajara, Jalisco

El motivo de la queja presentada ante el TEPJF se derivó del acuerdo pronunciado por la Delegación Municipal del PAN que consideró como inelegible el registro de Villaseñor Galeana como candidato a Presidente del Comité Directivo de San Blas, con el argumento de que era obligación del candidato haber renunciado al cargo partidista que ocupaba a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la publicación, y no acató dicha disposición.

En el proyecto del magistrado ponente Noé Corzo Corral, se consideró inválido el argumento relativo a la inelegibilidad del candidato, y que el cómputo de los días realizado por la Delegación Municipal del PAN fue erróneo, pues al analizar las normas complementarias de la Convocatoria de la Asamblea Municipal, ésta no especificó textualmente si dicho plazo debió realizarse en días hábiles o inhábiles, por lo que no necesariamente debe ser en perjuicio del ciudadano, considerando que lo mejor para otorgar el efectivo goce de tales derechos a los ciudadanos, es aplicar el principio “in dubio pro cive” (en caso de duda, lo más favorable al ciudadano) y que conduce a presumir la buena fe de Villaseñor Galeana.

Por lo anterior, los magistrados José de Jesús Covarrubias Dueñas y Jacinto Silva Rodríguez coincidieron con el proyecto del Magistrado Noé Corzo Corral y determinaron revocar el acuerdo contenido en el acta de Reunión Extraordinaria de la Delegación Municipal del PAN de San Blas, Nayarit, ordenándole a Villaseñor Galeana que en el plazo de doce horas a partir de que le sea notificada la resolución, proporcione a dicha Delegación, la documentación faltante para su registro, y asimismo ordenarle a ésta, un plazo de doce horas a partir de que le sea presentada la documentación, para que sesione sobre el registro del candidato.

En la sesión de este día, la Sala Guadalajara dictó sentencia de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para evitar la irreparabilidad del derecho a ser votado ya que la asamblea partidista en San Blas es el domingo 16 de enero de 2011.

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24/noviembre /2007 / Sala Superior 128/2007

México, D.F.

Limitar la intervención y supervisión de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos, además de inviable, implicaría “un paso atrás” en el proceso de democratización de nuestro país, sostuvieron hoy el magistrado Pedro Esteban Penagos López, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e Isidro Cisneros Ramírez, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Durante su participación en los trabajos de la mesa “Partidos políticos y justicia electoral” del Congreso Internacional “Dos décadas de Justicia Electoral en México Perspectivas Comparadas”, los dos ponentes coincidieron en que esa función jurisdiccional no debe de limitarse, aún cuando se escuchen voces interesadas en que sí se haga.

Ante el público asistente, Penagos López expuso que, en este tema, no se debe de perder de vista que los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen por objeto hacer efectivas dos prerrogativas fundamentales de los ciudadanos: el derecho a ser votados y el de afiliación, además de ejercerle financiamiento público.

El magistrado manifestó que, pese a esas voces, él no ve, en su concepto, cómo hacer que, definitivamente, no se dé dicha intervención.

En cambio, dijo, sí existe un catálogo de conceptos en los que la jurisdicción no debe de intervenir: la elección de la ideología, el nombre, el lema, el emblema, la plataforma, el domicilio, la decisión de con quién formar coaliciones y la estructura del partido.

Por su parte, el consejero presidente del IEDF comentó que el TEPJF tomó una “decisión sin precedente” al pronunciar en el sentido de que las autoridades electorales sí pueden intervenir en la vida interna de los partidos políticos, para evitar la conculcación de los derechos de los militares.

Comentó que es natural que los partidos políticos vean con recelo cualquier mirada de la autoridad hacia su régimen interior.

Pero apuntó que por el hecho de que sean entidades de interés público, de que reciban financiamiento público y de que sean intermediarios necesarios para hacer efectivos los derechos políticos del gobernado, “vuelve imprescindible la existencia de controles legales”.

Fue él quien dijo que la intención de limitar la supervisión de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos “implica un paso atrás en la lógica democratizadora que ha venido prevaleciendo en México”.

Las autoridades electorales, dijo, deberían ser consideradas no solamente como garantes en última instancia, sino más bien como instrumentos permanentes que permitan controlar la legalidad de los actos que se desarrollan al interior de los partidos, velando siempre por el ejercicio pleno de los derechos político-electorales.

En su turno, el doctor Daniel Zovatto, director y representante regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), dijo que estos 20 años de justicia electoral en México “son de fundamental importancia para la consolidación del proceso democrático”.

Pero señaló que hay, entre otros, un hecho que le preocupa: el ataque que las instituciones centrales electorales han tenido en los últimos dos años, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

“Este ataque despiadado, muchas veces irresponsable de los medios de comunicación, que condenan y luego preguntan y averiguan. Y ya no es un problema de las personas que son atacadas, que, obviamente, sufren un daño enorme en su honor, sino el proceso de desgaste institucional”, criticó.

Zovatto observó que si hay algo que caracteriza a los latinoamericanos es su gran incapacidad para crear instituciones y su gran capacidad para destruirlas.

Destacó que el activo más importante en toda democracia, particularmente en México, “sin lugar a dudas las joyas de la corona, las joyas de la abuela”, son las instituciones electorales, a las cuales hay que cuidar.

Opinó que, a futuro, el sistema electoral mexicano tiene que entrar en un proceso de “desifizar” el sistema electoral, es decir, quitarle la centralidad que ha tenido y sigue teniendo el IFE, sobre todo mediática, porque, en definitiva, el órgano superior que tiene la última palabra es el TEPJF.

En la mesa participó también la profesora Pamela S. Karlan, de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, quien habló sobre el sistema electoral de es país.

Los trabajos del Congreso Internacional, que iniciaron el pasado 21 de noviembre, concluyeron hoy. El evento estuvo organizado por el TEPJF, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

A nombre de la magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanis Figueroa, el magistrado José Alejandro Luna Ramos clausuró los trabajos del congreso e hizo votos porque lo expuesto en este evento sirva de insumo al legislador federal y a las entidades federativas, para que transfieran al texto de la ley los valores constitucionales.