Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

21/enero /2011 / Sala Regional Toluca 1/2011

Toluca, México

Al respecto, los magistrados Carlos Morales Paulín, ponente en el asunto, Adriana Favela Herrera y Santiago Nieto Castillo vincularon al Comité Directivo Estatal del PAN para que una vez celebrada la asamblea en la cual se designará presidente e integrantes del CDM del PAN en Toluca, el veintitrés de enero próximo, dichos funcionarios asuman su encargo con posterioridad al 18, toda vez que controvierte el derecho del actor en el ejercicio del cargo para el que fue electo, el cual concluye ese día.

En otros juicios, presentados por los magistrado Carlos Morales Paulín y Santiago Nieto Castillo, se confirmaron las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que los actores pretendían impugnar la negativa de registro para competir en la elección de Consejeros Políticos Municipales del PRI en Morelia, Michoacán, así como el indebido registro de otra plantilla; sin embargo, no controvertía la determinación de la CNJP del PRI por lo que los magistrados desestimaron sus argumentos y confirmaron las resoluciones impugnadas.

Respecto al juicio ciudadano presentado por Juana Rojas Montiel, en contra de la negativa de expedición de su credencial de elector por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo de la Junta Distrital Ejecutiva del 37 Distrito Electoral Federal en Cuautitlán, Estado de México, la Sala Toluca ordenó a dicho organismo seguir los trámites necesarios para determinar si la ciudadana tiene derecho a que se le expida la credencial para votar.

En la sesión de este día la Sala Toluca del TEPJF resolvió cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

27/noviembre /2007 / Sala Superior 129/2007

México, D.F.

A todos los partidos conviene un Tribunal Electoral fuerte, con presencia, que pueda dar la razón a quien la tenga y que aplique la ley sin presión ni distinción, y no es ni será sometido ni capturado por parte de los actores a los que juzga, dijo hoy la magistrada presidenta, María del Carmen Alanis Figueroa, al rendir el informe de actividades 2006-2007 de esta institución.

También subrayó que el centro del debate ciudadano en torno al Tribunal debe volver a ser la calidad de su quehacer jurisdiccional, pues dijo que en la medida en que las políticas de administración eficiente, control rígido, transparencia y fortalecimiento de la función jurisdiccional rinda frutos, se incentivará el interés ciudadano por acercarse a la justicia electoral en México.

Reconoció que el Tribunal ha enfrentado problemas internos, pero ofreció asumir acciones enérgicas, de fondo y de largo plazo, que – con estricto apego a derecho – le permitan a la institución mantener la confianza de los partidos y de los ciudadanos.

“Lo que la sociedad espera de nosotros es una institución honesta, transparente, sobria, discreta, al margen de debates políticos y mediáticos. Estoy convencida de la necesidad de realizar cambios que enriquezcan la Institución”, anunció

Ante los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mencionó que la independencia jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) significa decidir sin influencia de presiones.

“Es natural que quien decide sea objeto de presión por quienes quieren que decida a su favor”, indicó, pero aclaró que esto no influye en la toma de decisiones de los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales, ya que el Tribunal únicamente resuelve en función que la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las jurisprudencia, señaló.

“No somos un poder que manda. Pero sí somos parte del poder que frena a los que, abusando de su fuerza, se quieren imponer sobre los legítimos mandantes: los electores. Así lo dispone la Constitución y así se sostiene la democracia”, dijo en el mensaje que ofreció en la parte final de su informe.

Al referirse al tema de la administración honesta y eficaz del Tribunal, Alanis Figueroa explicó que esto significa modernizar sus procesos internos y el ejercicio correcto y oportuno de los recursos que el Poder Legislativo le asigna anualmente.

En este sentido, se refirió al tema de las responsabilidades a los servidores públicos y reportó que en el año de ejercicio se recibieron seis denuncias, tres de las cuales ya fueron concluidas.

De estos procedimientos, dijo, han cobrado atención:

- El relativo a la investigación de actos relacionados con la búsqueda de un inmueble, en el que ya se dictó el auto de conclusión de la investigación, que derivó en el inicio de dos procedimientos administrativos de responsabilidades que se encuentran en estado de resolución. Para la investigación de este asunto en particular, han comparecido 20 personas y se han llevado a cabo 42 diligencias que conforman el acervo probatorio que se analiza, y

- El desalojo de un edificio que albergaba a personal y oficinas administrativas, en el que la Comisión de Administración ordenó iniciar el procedimiento de investigación respectivo, mismo que se encuentra en sustanciación.

Especial mención hizo la magistrada presidenta del tema de la Transparencia, que –expuso- en el Tribunal no se limita a celebrar sesiones públicas, sino que tiene que ver con el acercamiento al ciudadano y la sociedad en su conjunto, que exige saber “no sólo el porqué, sino también el cómo y con qué hacemos lo que hacemos”.

Aún más, transparentar también significa la rendición periódico de cuentas, que incluye disponer de indicadores de gestión pública, para evaluar el desempeño institucional, así como contar con los mecanismos de control internos adecuados.

Frente a magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del TEPJF y el público reunido en el Salón de Plenos, y al hacer referencia a su calidad como primera mujer en ejercer la responsabilidad de presidir el máximo órgano jurisdiccional en material electoral, Alanis se comprometió a asegurar la independencia de esta institución, contar con una administración honesta, eficiente y moderna y mantener la transparencia institucional, como el trípode para la consolidación de la misma.

La magistrada presidenta calificó el periodo 2006-2007 como un año de desafíos, de los cuales destacó siete de ellos:

- La elección de dos gobernadores, 342 diputados por ambos principios y 1,204 presidentes municipales, en 10 entidades federativas.

- La resolución de medios de impugnación relacionados con 14 elecciones locales.

- La planeación de las actividades del 2008 en un ambiente de incertidumbre normativa derivado de los procesos legislativos de discusión de las competencias que finalmente serán asignadas a las salas Superior y regionales.

- La necesidad de articular de mejor forma las actividades del Tribunal Electoral con las de otros órganos del Poder Judicial, así como con los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas.

- Modificar procedimientos internos para transparentar con mayor nitidez el actuar del Tribunal.

- Cuestionamientos respecto de ciertas actividades administrativas que han impactado en la credibilidad de la institución, y

- La necesidad de encontrar lugares provisionales de trabajo a más de 300 colaboradores del Tribunal que debieron evacuar el edificio administrativo de la Sala Superior ante la detección de riesgos en su estructura.

A la par de estos desafíos, mencionó tres apoyos a favor de la labor cotidiana de la institución:

- De la SCJN y el CJF que han apoyado, en forma permanente, los trabajos del Tribunal, permitiéndole avanzar en su articulación con el Poder Judicial.

- El personal jurisdiccional y de apoyo del Tribunal ha respondido favorablemente. Su compromiso con la institución y la calidad de su trabajo son – con toda seguridad – el activo más importante que tenemos, y

- Los ciudadanos recurren cada vez con mayor frecuencia al Tribunal a resolver – por la vía del derecho – conflictos político-electorales. Ello es un reconocimiento implícito a la labor jurisdiccional e ilustra que se ha avanzado en acercar la justicia electoral a la ciudadanía.