Garantizar el derecho de votar y ser votado es principio de toda democracia: LERV
10/abril /2011 / Sala Regional Toluca 19/2011
Toluca, Mëx.,
o La inseguridad inhibe la participación ciudadana y dificulta la organización de comicios e interfiere en el debate político mediante la intimidación, señaló magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
El principio de una democracia es garantizar el derecho a votar y ser votado y si no se respeta, se socava el corazón de la democracia, es por ello que los jueces deben de justificar los casos en los que por ciertas circunstancias se restringen estos derechos, señaló Luis Efrén Ríos Vega, profeso
Durante la presentación del libro de su autoría, denominado “Sufragio pasivo, Inmunidad parlamentaria y Delincuencia organizada. El Caso Godoy”, que se llevó a cabo en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ríos Vega señaló que el problema de la suspensión de los derechos político-electorales se pregunta qué enemigo de la democracia hay que excluir; pues dijo, en el caso de España, son los terroristas, en Turquía, son los fundamentalistas, en Argentina, los dictadores y en México se ha construido una categoría de delincuencia organizada y se ha planteado un debate sobre qué personas no deben gobernar por razones peligrosas.
Recordó que en el país se establecen las causales penales para suspender los derechos políticos entre las que se encuentran: ser prófugos, tener auto de formal prisión y que estén privados de la libertad; sin embargo aseveró que al resolver este tipo de casos se plantea un problema de interpretación constitucional.
Por eso, agregó que la reflexión de la obra radica en que los jueces electorales tomen muy en serio la posibilidad de restringir los derechos, no de manera categórica para evitar situaciones discriminatorias, sino que justifiquen con razones serias la suspensión de los derechos de una persona.
El comentarista de la obra fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, Jaime del Río Salcedo, quien señaló que la suspensión de los derechos políticos se da en un contexto lastimoso y preocupante debido a la disputa de ciudades por parte del crimen organizado.
Agregó que la obra muestra cómo existe una tensa relación entre democracia y delincuencia organizada, pues esta última transfiere recursos y ejerce presión sobre determinados candidatos o impulsa a otros.
Indicó que la inseguridad inhibe la participación ciudadana y dificulta la organización de comicios, interfiere en el debate político mediante la intimidación, además de que los efectos en los procesos electorales van desde generar inequidad en las contiendas, hasta la coptación de funcionarios electos.
Del Río Salcedo se sumó a las voces que consideran que no es válido que un candidato vinculado con la delincuencia organizada sea postulado por partidos políticos y señaló que es inadmisible que realice campañas, sea votado y mucho menos que ocupe un cargo público.
Sin embargo consideró que en el caso Julio César Godoy Toscano, a quien ya se le retiró el fuero constitucional, el Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra, y confió en que es una institución fuerte y democrática.