NECESARIO PROFUNDIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO–ELECTORALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
17/febrero /2011 / Sala Superior 12/2011
México, Distrito Federal a
Para consolidar el sistema democrático nacional, es necesario que autoridades y sociedad profundicen las políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de las personas con discapacidad, coincidieron magistrados del TEPJF y titulares de organismos encargados de dicha materia, al inaugurar el seminario “El ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad”.
Constancio Carrasco, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó que es impostergable que Estado y sociedad asuman la responsabilidad de brindar igualdad de opciones a todos los ciudadanos, sin importar la diferencia de capacidades, para ejercer sus derechos de votar, ser votado, y desempeñarse en cargos de elección popular.
Por ello refirió que institutos y tribunales electorales del país, tienen la tarea, a través de sus actos y resoluciones, de ensanchar la posibilidad de un verdadero acceso de la sociedad al debate político general.
Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), enfatizó que la democracia debe servir para hacer efectiva la protección de los derechos de todas las personas.
En ese sentido, agregó que el sistema electoral del país debe incorporar las facilidades para que las personas con discapacidad puedan votar, ser votados y acceder a la toma de decisiones públicas.
Ernesto Rosas Barrientos, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), señaló que las personas con discapacidad quieren ser activos en la vida política del país y en la toma de decisiones públicas.
Por ello indicó que las instituciones encargadas de desarrollar políticas al respecto, tienen el compromiso de llevar acciones de acceso a la justicia, seguridad jurídica de los discapacitados y a sus derechos políticos.
Coincidieron en que los organismos electorales y especializados en la materia tienen el reto de sumar esfuerzos y acciones para que cada vez más personas con discapacidad puedan votar, ser votados y acceder al ejercicio público.
En la inauguración participaron Anabelle León Feoli, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, y Laura Bermejo Molina, titular de la asociación civil Libre Acceso.
Bermejo Molina entregó a la Sala Superior del TEPJF un reconocimiento por los trabajos arquitectónicos llevados a cabo en el edificio sede del Tribunal, con el objetivo de hacer el inmueble amigable a personas con discapacidad.
El seminario se desarrollará a través de cinco mesas de trabajo con los temas:
1. Disposiciones internacionales en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad
2. Obligaciones del Estado mexicano: programas y políticas públicas para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad
3. Accesibilidad a las posiciones políticas y al derecho de votar y ser votado/a: experiencias y políticas legislativas
4. Acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el caso de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica
5. El ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad: situación actual y retos
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SALA MONTERREY DECLARA LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL DEL PAN POR EL 08 DISTRITO EN TAMAULIPAS
29/mayo /2012 / Sala Regional Monterrey 24/2012
Monterrey, Nuevo León
Por mayoría, los magistrados argumentaron que se observó una irregularidad grave que puso en duda la certeza de la votación, puesto que en los listados nominales no se incluyeron a 73 militantes activos del mencionado distrito, lo que produjo que se les impidiera votar, y al ser la diferencia entre el primero y segundo lugar de 24 votos, queda claro que en ausencia de la irregularidad en cita, el resultado de la elección pudo variar.
Por lo cual, la Sala instruyó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional que, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que sea notificado, designe al candidato al cargo referido, conforme a la normatividad que lo rige.
Por mayoría, el pleno resolvió declarar improcedentes dos juicios promovidos por sendos ciudadanos en contra de la aprobación del registro de candidatos al Senado por el Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, así como el medio de defensa presentado por una ciudadana en contra del registro del candidato a diputado federal del Partido Acción Nacional en el distrito 10, en razón de que los demandantes no cuentan con interés jurídico suficiente para promoverlos, al tratarse de derechos colectivos, por lo cual se estimó que, según el actual sistema de medios de impugnación electoral, su tutela correspondería en todo caso a los partidos políticos.
Respecto de los anteriores proyectos, la magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno consideró que se debía reconocer el interés jurídico de los demandantes y en consecuencia estudiarse los agravios planteados.
En la sesión pública de este martes, la Sala Monterrey resolvió 16 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación.