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FIRMAN DECLARATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO FEMENINO

1 /abril /2011 / Sala Superior 29/2011

México, D. F,, a

Insistir en la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de las mujeres, eliminar su discriminación, hacer efectiva la inclusión paritaria en todos los ámbitos sociales, preservar los espacios obtenidos, combatir los estereotipos, promover la autonomía económica, crear un observatorio de género, entre otros compromisos, fueron firmados en la Declaración de la Ciudad de México, por mujeres de 22 países de Iberoamérica.

En la clausura del Congreso Internacional Participación Política y Liderazgo Femenino participaron la diputada Maricela Contreras, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Cecilia Tapia, Coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF; María Elena Álvarez, del Inmujeres; Ana Güezmez, de ONU Mujeres; y Diego Antoni, Coordinador del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD.

Estuvieron presentes Adolfo Riva Palacio Neri, presidente del TEDF; Gustavo Anzaldo, consejero presidente del IEDF; y José Luís Gutiérrez Espíndola, Secretario Ejecutivo de la CDHDF.

Fundamental papel de la justicia electoral
En la conferencia magistral, la maestra Isabel Torres García, integrante del Centro de Estudios en Derechos, de Costa Rica, destacó la importancia del papel que juegan los órganos de justicia electoral en la interpretación de los vacíos de la ley o en la definición de los mecanismos de cumplimiento.

Aseguró que tiene que cambiar la cultura política y el imaginario político. El Estado debe actuar en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y en igualdad de resultados. La democracia, dijo, es un sistema inclusivo por excelencia.

El gran desafío, mencionó, es acortar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Los partidos políticos deben democratizarse y pasar del poder concentrado en élites o cúpulas a formas de ejercicio del poder más horizontales, democráticas e inclusivas.

Alanis, factor de inspiración en AL: Zamora
Durante la Mesa 3, La defensa de los derechos políticos de las mujeres: legislar u juzgar con perspectiva de género, la doctora Eugenia Zamora Chavarría, magistrada del Tribunal Electoral de Costa Rica, dijo con el caso de la llegada de María del Carmen Alanis Figueroa a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se rompió el esquema de la accesibilidad limitada de las mujeres al poder.

Agregó que la funcionaria electoral “ha sido un factor de inspiración para toda América Latina”, con avances palpable en Guatemala y Ecuador. Agregó que la política no debe seguir siendo cosa de hombres, sino de mujeres.

Cabe recordar, que en su conferencia video-grabada, la directora ejecutiva de ONU-Mujer, Michel Bachelet, recordó que “en el Poder Judicial Federal el Tribunal Electoral está presidido por una mujer, la media en los últimos años ha sido de siete mujeres entre 22 magistrados electorales, y esto en un país donde el padrón electoral se mantiene desde el año 2007 en una relación de 107 mujeres por cada 100 hombres y donde la participación de las mujeres en los procesos electorales del 53 por ciento, demostrando que las mujeres mexicanas sí están interesadas en la políticas y en las definiciones y en los procesos electorales.

En su intervención la diputada Otilia Lux de Coti, representando a la República de Guatemala, mencionó que uno de los desafío en la materia de perspectiva de género es que las mujeres que están el poder, le den respuesta puntual a las exigencias de las otras mujeres.

Comentó que uno de los logros en materia legislativa en su país fue la aprobación de la Ley contra el feminicidio.

En so oportunidad, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que los dos pilares fundamentales de la democracia son la libertad y la igualdad.

En el caso de la libertad, dijo, se trata de la inclusión de los ciudadanos en el proceso de decisión política; que los gobernados participen en la toma de decisiones.

Y respecto al principio de igualdad, mencionó que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, religión, sexo, deben gozar de los derechos políticos garantizaos en las leyes; se trata, dijo, de las inclusión y de la negación de las diferencias. Y remató: “la discriminación en política de género es no concretar la democracia constitucional”.

En su exposición, la licenciada Cecilia Lavalle Torres, representante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, aplaudió una sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF en la cual se obligó a que las candidaturas suplentes fueran del mismo sexo, y así evitar fraude a la ley en el estado de Quintana Roo.

Dicha resolución, a cargo de la magistrada Yolanda Muñoz Tagle, dijo, cambió la historia de la participación política de las mujeres en la entidad.

Agregó que para hablar de democracia, se debe hablar de paridad, y para ello, agregó, debemos hablar de leyes y normas que permitan la paridad en nuestro país.

También en esta mesa estuvo la consejera electoral del Instituto Electoral del DF, maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien lamentó que a pesar de los avances en el tema, todavía existen “múltiples obstáculos para desarrollarnos como las mujeres quisiéramos”.

Convocó a un pacto social a través de una agenda mínima, en donde estén todos involucrados, para que entre todos, siguió, nos complementemos y así hacer más eficiente la paridad.

Para concluir los trabajos de esta mesa del segundo día de trabajos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, invitó a las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la equidad de género a “utilizar el derecho como una palanca de construcción de su propia agenda”

El juez dijo que se debe de incidir sobre el derecho para poder transformar las cosas, de otra manera, dijo, todo va a quedar igual. Hay que entender de una forma distinta al derecho y aprovecharlo.

Hay que hacer valer los juicios para la protección de los derechos político-electorales
En la Mesa 4, Ciudadanía incluyente: hacia la construcción de una democracia paritaria, la maestra Alejandra Massolo, de la organización Red Mujer y Hábitat AL, de Argentina, dijo que en todos los países de América Latina las políticas de descentralización han fortalecido y redistribuido las nuevas competencias locales.

Sin embargo, aseguró que una de las brechas más extendidas en la región es la baja participación de las mujeres alcaldesas ya que representa sólo el 8 por ciento. Y México, siguió, es lamentablemente un ejemplo de estancamiento en el número de alcaldesas.

En su oportunidad, la doctora Irma Méndez de Hoyos, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), mencionó que en 2009 las mujeres, por primera vez en la historia, votaron en mayor proporción que los hombres.

Agregó que se deben impulsar reformas electorales que resuelvan las demandas de género fortalezcan las ofertas partidistas.

En su intervención, la licenciada Patricia Mercado Castro, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, se congratuló del surgimiento de los juicios para la protección de los derechos político-electorales, ya que con ellos, el Tribunal Electoral detiene las decisiones arbitrarias de los partidos políticos.

Mercado Castro expresó su coincidencia con el ministro Cossío Díaz, en el sentido de que “tenemos que ir a hacer justicia, a litigar las violaciones de los derechos políticos”.

Las democracias, dijo, se empiezan a fortalecer en el mundo y a su vez inicia la alternancia y la oferta política.

Así concluyó el Congreso Internacional sobre Participación Política y Liderazgo Femenino, en donde, durante dos días, se contó con la participación de alcaldesas, legisladoras, consejeras, magistradas, especialistas y académicos que discutieron y analizaron los alcances, logros y pendientes de la perspectiva de género.

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NOS PROPONEMOS:
1. Insistir en la obligación de los Estados de cumplir con los derechos humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como con el compromiso establecido en la Plataforma de Acción de Beijing, los Consensos de Quito y Brasilia con respecto al goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

2. Avanzar en la profundización de la democracia del Siglo XXI, impulsando el cumplimiento puntual del objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la igualdad efectiva entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres, para apoyar su inclusión paritaria en el gobierno y en todos los ámbitos de poder y toma de decisiones.

3. Preservar y ampliar los espacios de socialización igualitaria y participación política de las mujeres, en una perspectiva de desarrollo humano y fortalecimiento democrático, pugnando por construir liderazgos femeninos, transformadores y efectivos, respaldar el trabajo comunitario de promotoras y agentes, impulsar la representación paritaria de mujeres a los puestos de alta dirección del Estado, y generar agendas que propicien los derechos de las mujeres y el bienestar colectivo.

4. Pugnar por mejorar la calidad de la democracia mediante el fortalecimiento de acciones afirmativas y su debida observancia, la reforma de sus aspectos procedimentales y el combate a su elusión, garantizando que la representación política femenina tenga como resultado efectos positivos y multiplicadores en las sociedades, así como en la participación de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la vida social.

5. Impulsar la formación de liderazgos femeninos con apoyo en un modelo explícitamente orientado a ese propósito, lograr que las organizaciones políticas destinen de manera efectiva y pertinente el porcentaje obligatorio de sus recursos a ese fin, y propiciar la generación de propuestas actualizadas y explícitas de género en todas las plataformas de los partidos políticos.

6. Controvertir los estereotipos de género, generar conciencia de sus efectos negativos sobre la convivencia social y persuadir respecto de la contribución de la mujer al desarrollo democrático. Promover acciones tendentes al logro de la autonomía económica y a la armonización de los diversos roles de las mujeres, como elementos fundamentales para mejorar su participación política, en condiciones de paridad democrática.

7. Impulsar la agenda de género, esclareciendo las estrategias de su implantación, y definiendo instrumentos para la medición de sus avances, con el propósito de construir una eficaz institucionalidad basada en los principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en toda la acción y conformación del Estado, promoviendo en su caso la celebración de un pacto para ese propósito entre los órganos de gobierno y los sectores de la sociedad. Impulsar la constitución de observatorios de género o, en su caso, su fortalecimiento, para incentivar el diseño de políticas de género, exigir su cumplimiento y denunciar insuficiencias, desvíos y simulaciones.

8. Promover que las mujeres que lleguen a puestos de toma de decisiones establezcan compromisos a favor de la agenda de género, para contribuir al empoderamiento de más mujeres.

9. Incentivar la construcción de redes nacionales e internacionales de mujeres que, con principios éticos explícitos, generen sinergias en el impulso a las políticas de género, brinden apoyo y asistencia técnica, política y jurídico-electoral para el desarrollo de las mujeres, y promuevan su inclusión en los niveles más altos de representación política.

10. Exigir que los Estados cumplan con las obligaciones jurídicas adquiridas en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, particularmente al momento de impartir justicia en materia electoral, en aras de la protección de los derechos políticos de las mujeres, así como impulsar la formación y capacitación permanente, con perspectiva de género, de los hombres y las mujeres de nuestras instituciones.

11. Elaborar, mediante el diálogo interinstitucional, un mecanismo para la implementación de los compromisos adquiridos y plazos para su cumplimiento. Presentar esta guía dentro de los seis meses posteriores a la firma de este documento.

Ciudad de México, 1º de abril de 2011