Paises

El juicio fue promovido por varios ciudadanos contra el acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que se respondió la solicitud de los actores respecto a la posibilidad de contratar tiempos en radio y televisión para participar en el proceso electoral 2011-2012.
Los ciudadanos alegan la inconvencionalidad del precepto constitucional que prohíbe la contratación a partidos políticos y particulares de tiempos en radio y televisión con fines de apoyo o demérito en los procesos electorales.

Los juicios fueron promovidos por diversos ciudadanos a fin de controvertir el acuerdo emitido por el Instituto Federal Electoral, que les negó el registro como candidatos independientes para diversos cargos de elección popular en el proceso electoral federal 2011-2012.

El caso en cuestión establece los parámetros para declarar la nulidad de una elección cuando no se garantizan la equidad entre los candidatos, en especial, cuando hay un apoyo oficial al candidato que busca la reelección.

En esta sentencia, el Tribunal ejerce el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que en la Argentina establecen el carácter obligatorio del sufragio. Rechaza la pretensión de un ciudadano que solicitaba que se lo eximiera de votar en elecciones nacionales.

Por medio de esta resolución se revoca una sentencia que rechazaba la candidatura de una ciudadana al cargo de Alcalde. Entre los fundamentos de la decisión, el Tribunal destacó que:

Por medio de esta resolución se confirma una sentencia que rechaza un reclamo efectuado en contra de la candidatura a Alcalde de un determinado ciudadano. Entre los fundamentos de la decisión, el Tribunal destacó que:

• El tribunal pondera los diversos escenarios judiciales en que se encuentra el ciudadano determinado, estableciendo uno a uno si corresponden o no a un "litigio pendiente" con la municipalidad, causal que le inhabilitaría para ser candidato a dicho cargo de elección popular.

El Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso interpuesto en contra de la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral, que negaba la participación en la campaña electoral de una consulta popular nacional a una organización civil cuyo ámbito de acción era local.
Entre los fundamentos de la decisión, el Tribunal destacó que:

En este fallo el tribunal afirmó que el carácter representativo de la forma de gobierno adoptada por nuestra Constitución importa que el pueblo ha dispuesto –por medio de la Constitución que le da existencia- ejercer su soberanía a través de representantes cuyas condiciones de capacidad y elegibilidad establece él mismo, para cada una de las funciones que se les encomienda, y que son constituyentes y gubernativas.

Se estableció que los partidos políticos están obligados a respetar el derecho a la información de sus militantes, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información, en virtud de que, por un lado, el derecho a la información es autónomo en cuanto no requiere que el solicitante justifique la finalidad que persigue con la información y, por otra parte, la naturaleza de los partidos políticos los hace copartícipes de la obligación que t

Se determinó que para tutelar el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son aplicables las reglas del procedimiento especial sancionador, ya que debe resolverse con prontitud, debido a que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos, por lo que su expeditez se justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral.