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En este fallo el Órgano Electoral dispuso que el proceso de postulación a cargos de elección popular debe efectuarse con el cumplimiento estricto de las formalidades establecidas en el Código Electoral para tal fin, incluyendo, la presentación previa de las autorizaciones y poderes necesarios para la gestión y actuación de terceros ante las direcciones regionales de organización electoral.
 

Se consideró improcedente el recurso al estimar que no se afectan derechos políticos de los militantes, pues las partes no han intentado resolver la controversia partidista relacionada con el registro de la directiva de un partido y cumplir con la resolución del Consejo Nacional Electoral.

Se declaró la inconstitucionalidad de una disposición legal que inhabilitaba como electores a los ciudadanos “detenidos por orden de juez competente”, pese a no haberse dictado sentencia penal condenatoria. La decisión se funda, sustancialmente, en el principio de presunción de inocencia y en la protección jurídica que los tratados internacionales reconocen a las personas sometidas a proceso penal que son privadas de su libertad con carácter preventivo.
 
 

En esta sentencia el tribunal consideró que la disposición legal que inhabilitaba a quien se encontraba ejerciendo su segundo período presidencial consecutivo y aspiraba a presentarse para un tercero, no es discriminatoria ni inconstitucional, en el entendimiento de que las normas que vedan la reelección para cargos electivos no obedecen a una razón persecutoria sino que tienden a preservar el principio republicano en uno de sus aspectos esenciales, como es la periodicidad de la renovación de autoridades.

Se determinó confirmar la negativa de postulación de un candidato del Partido del Cambio Democrático, en razón de que se encontraba acreditado que éste había perdido la elección primaria en un partido político diverso al señalado. Lo anterior se sustentó en el hecho de que conforme a lo previsto en la ley, un ciudadano puede postularse en otro partido político distinto al que contendió y perdió, una vez que se cuente con una autorización expresa de este último.

Se determinó revocar la resolución en razón de que se justificó la entrega extemporánea del informe de campaña de “Movimiento Rumiñahui Tierra Sagrada Listas 65”, pues la tesorera asistió a sus hijos menores en su alimentación. En ese sentido, se estimó el derecho de la niñez como preferente frente al derecho a la igualdad en la contienda electoral.