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El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó por el fondo un recurso de amparo electoral interpuesto por el señor Johnny Araya Monge contra el partido Liberación Nacional (PLN), en el que impugnó una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del PLN, que lo sancionó con suspensión de su condición de liberacionista por un periodo de cuatro años por su anuncio efectuado el 5 de marzo de 2014, en el sentido de que se retiraba de la campaña electoral, lo cual implicaba que dejaría de efectuar actividades proselitistas y abandonaba las labores necesarias para promover su candidatura presi

El Tribunal conoció un recurso de amparo electoral, interpuesto en contra de la CCSS y a favor de un grupo de pacientes del Hospital del área de “larga estancia” del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Manuel Antonio Chapuí Torres, por trasgresión del derecho al sufragio con motivo de las elecciones celebradas el pasado 2 de febrero de 2014, y lo declaró con lugar ordenando facilitar el traslado de los recurrentes a las mesas de votación.

Se llevó a cabo la Asamblea General Comunitaria, a fin de elegir a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca, para el periodo enero-diciembre de dos mil catorce. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad calificó y declaró válida la elección motivo de análisis.

Vecinos e integrantes de la comunidad indígena mixteca de San Miguel Santa Flor, Cuicatlán, Oaxaca, promovieron recurso de reconsideración en contra la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, que confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral local, la cual declaró la validez de la elección de concejales del Ayuntamiento mencionado y ordenó la expedición de las constancias de mayoría a los concejales electos.

Vecinos e integrantes de la comunidad indígena de Ánimas, Trujano, Oaxaca, impugnaron la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa por la cual se confirmó la sentencia del Tribunal local que declaró la validez de la elección de síndico municipal y regidores de la comunidad citada.

Los recurrentes señalaron que ellos nunca eligieron al síndico ni a los regidores, sino únicamente al presidente municipal del Ayuntamiento.

Integrantes del Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, acudieron a la Sala Superior para impugnar el procedimiento y los resultados de la consulta ciudadana realizada por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad, así como el cómputo efectuado, a fin de acordar los procedimientos para renovar a las autoridades municipales para el trienio 2014-2016.

La Sala Superior revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Oaxaca, relativa a la elección de agente de policía de la comunidad indígena de la colonia Costa Rica, llevada a cabo en el municipio de San Mateo del Mar, en la entidad mencionada, dejando sin efecto las dos asambleas celebradas en las cuales se decidió respecto del cargo en comento para el periodo dos mil trece.

Los actores promovieron recurso de reconsideración impugnando la resolución de la Sala Regional Xalapa, por la cual se confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca por el que se calificó de legalmente válida la elección de concejales del ayuntamiento de Santo Domingo Nuxaá, de la citada entidad.

Dos ciudadanos del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero promovieron juicio vía per saltum, contra los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado citado, mediante los cuales se aprobaron los Lineamientos y el Calendario de Actividades para la implementación y realización de las consultas en la comunidad indígena del citado municipio, para determinar si la mayoría de los habitantes estaban de acuerdo en elegir a sus autoridades mediante el sistema de usos y costumbres.

Se presentaron ante la Sala Superior dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mediante los cuales los actores solicitaron la protección a su derecho a la autonomía y el respeto a su sistema normativo y que se les reconociera con tal carácter a sus autoridades tradicionales, solicitando se ordenara a todas las autoridades estatales y federales hacer lo mismo sin la mediación de una autoridad externa como era en ese momento el Presidente de Álamos.