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El recurso fue promovido por un partido político nacional para controvertir la resolución emitida por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral, por virtud de la cual confirmó la “declaratoria de inexistencia de información” solicitada al propio partido político por las condiciones específicas alegadas por el órgano partidario, ordenando al partido elaborar un calendario en el que estableciera la fecha de entrega de la información solicitada.

La remisión, por parte del Registro de Organizaciones Políticas, de un oficio comunicándole a la organización política en vías de inscripción que le faltan un determinado número de firmas de adherentes para lograr su inscripción, sí debe ser considerado como un acto administrativo (de trámite) y, por lo tanto, en la medida que produce indefensión del administrado, es perfectamente impugnable.

En este pronunciamiento se resuelve que no es inconstitucional la exigencia legal impuesta a las agrupaciones partidarias de cumplir con ciertos requisitos cuantitativos como condición para el mantenimiento de su personalidad jurídico-política. Se destaca que el sistema legal vigente está fundado en la representatividad de los partidos como condición de su existencia.

En este fallo el tribunal, al ratificar la sentencia del juez de primera instancia que no accedió a otorgarle reconocimiento como partido político a la agrupación Nuevo Triunfo, sostuvo que considerando que los elementos de expresión de la agrupación en cuestión corroboraron su identifiación con el régimen nacional socialista alemán, esta no puede tener cobijo en el derecho constitucional a la libertad de prensa o de expresión.

En el fallo en cuestión, el Órgano Electoral dispuso que algunas de las reformas efectuadas al Estatuto del partido MOLIRENA, afectaban la libertad de los convencionales, cuando éstos no podían realizar determinadas actuaciones en las convenciones nacionales ordinarias, y también, porque se le atribuyeron funciones excesivas a la presidencia del partido

El Tribunal Electoral dispuso la nulidad de la proclamación de una elección interna del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en virtud de que se desconocieron los derechos electorados de los convencionales acreditados para dicha elección.

El Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso interpuesto en contra de la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral, que negaba la participación en la campaña electoral de una consulta popular a una organización política que se encontraba en proceso de reinscripción.
Entre los fundamentos de la decisión, el Tribunal destacó que:

En esta decisión el tribunal explicó que la personalidad de un partido político no constituye un “derecho adquirido”, a la vez que su reconocimiento tampoco otorga derechos irrevocables. En este sentido, se advirtió que “el otorgamiento de la personería política no obsta a su posterior revisión por los procedimientos tendientes a su cancelación”

En este fallo se explica que dentro de los distintos sistemas de elecciones primarias, nuestro legislador –con la sanción de la ley 26.571- adoptó un sistema de primarias abierto y pleno que toma el aspecto de una verdadera elección preliminar. Por ello, mediante el voto de los ciudadanos no afiliados y afiliados, las primarias abiertas constituyen un mecanismo concreto de participación popular.

En esta sentencia se explica que si bien la última reforma electoral (ley 26.571) no alteró la exigencia de intervenir en los comicios como condición para mantener la personalidad política, sí modificó -en cambio- el elemento cuantitativo previsto por el art.