5 /febrero /2016 / Sala Superior 33/2016

Ciudad de México

En el marco del estudio titulado Fortaleciendo las Políticas de Igualdad de Género en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consultó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la situación y el desarrollo que se ha desplegado en torno a la igualdad de género en nuestro país.

En atención a lo anterior, el 4 de febrero de 2016, se llevó a cabo una reunión institucional en la que participaron la magistrada de la Sala Superior, María del Carmen Alanís Figueroa y un grupo de representantes de la Presidencia de este órgano jurisdiccional, integrado por el Coordinador General de Asesores, José Luis Ceballos, la titular y la jefa de unidad de la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, Luz Amalia Gameros y Alejandra Montoya.

Asimismo, por parte de la OCDE, acudieron Valerie Frey, analista política de la Dirección de empleo, trabajo y asuntos sociales, acompañada por Tatyana Teplova, jefa adjunta y Pinar Guven, analista política, ambas de la Dirección de Gobernanza y Desarrollo Territorial, así como, Adriana Montejano, Coordinadora de Asuntos Públicos de OCDE en México; María de la Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Celia Aguilar, Directora de Evaluación, del citado instituto.

En esta oportunidad, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa explicó al grupo de expertas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el camino que ha transitado la interpretación jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el propósito de asegurar los derechos de participación política de las mujeres en nuestro país.

En ese contexto, precisó que el Tribunal Electoral tiene la posibilidad de ejercer un control constitucional y convencional y la potestad de implementar las acciones afirmativas necesarias para eliminar toda barrera o estereotipo que afecte una participación efectiva de las mujeres en los asuntos públicos.

Precisó que el poder reformador de la Constitución instituyó en febrero de 2014, el deber de los partidos políticos de establecer reglas para garantizar la paridad de géneros tratándose de legisladores federales o locales pero fue el Tribunal Electoral quien potenció ese derecho y lo materializó en los ayuntamientos a través de una dimensión vertical y horizontal.

Resaltó la Magistrada que el Acuerdo general para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumido por el Pleno de la Sala Superior y aprobado por la Comisión de administración que ha sido publicado el pasado 2 de febrero, busca generar un esquema a través del cual se garanticen materialmente los derechos de las mujeres hacia el interior o estructura del tribunal.

Al ser interrogada por las integrantes del órgano sobre la forma como se resguarda en nuestro país la violencia política contra las mujeres la Magistrada explicó que ese tema es una asignatura inacabada, en la que sólo algunas legislaturas han venido desarrollando normatividad en ese sentido.

Añadió que el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral, junto con INMUJERES y otros organismos, se encuentran trabajando en la formulación de un “Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres” que deberá estar listo en las próximas semanas a fin de prevenir actos de violencia en el marco del próximo periodo de elecciones.

Por su parte, los representantes de la presidencia, a cargo del magistrado Constancio Carrasco Daza, destacaron la suma de esfuerzos institucionales que ha emprendido para incorporar a las acciones del TEPJF el principio de paridad de género, en principio, aquellas enfocadas a reconocerlo a nivel en la norma esencial que define su estructura y organización, como es el Reglamento Interno del Tribunal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2015, que reconoció al principio de paridad de género, como eje rector en el desempeño sus facultades constitucionales, tanto en el ámbito jurisdiccional, como administrativo y en la propia composición de la institución, insertando dichas acciones en un contexto de igualdad de derechos.

Con relación al Acuerdo publicado el 2 de febrero de 2016, precisaron que dicha disposición establece acciones concretas que materializan la paridad de género y demás obligaciones reglamentarias, relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El citado acuerdo, establece medidas para hacer compatibles los aspectos profesional y familiar, que permitan a las mujeres, madres trabajadoras y hombres encargados de labores de cuidado, acceder en igualdad de condiciones a cursos de capacitación que aseguren mejores resultados en los mecanismos de ingreso a la Carrera Judicial, a través de horarios escalonados; así como el establecimiento de áreas para lactancia y cuidado infantil, de hijas e hijos de trabajadores del TEPJF, en edad prescolar y primaria, cuando por causa justificada no acudan al centro escolar.

En este rubro, el TEPJF resaltó ante la OCDE que esta institución reconoce a la paridad como un principio transversal, por lo tanto, la composición del Comité de Capacitación y Carrera Judicial, también debe seguir esa lógica e integrarse por cinco magistradas y magistrados, de los cuales, no podrán haber más de tres de un mismo género.

Se resaltó ante el grupo experto que en la visión integral del Tribunal sobre la igualdad material de derechos, las medidas se han acompasado con la implementación de una Defensoría pública electoral de los pueblos y comunidades indígenas; órgano que será integrado también, con atención al principio de paridad de género.

Con esto, el TEPJF evidencia una vocación de generar los mecanismos de garantía necesarios para la protección de los derechos políticos de todas las personas en situación de vulnerabilidad; tanto en el ámbito jurisdiccional, como administrativo.

La OCDE agrupa a 34 países miembros y fue fundada en 1961 con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Este organismo internacional ofrece a los países un foro para que los gobiernos compartan experiencias de éxito y buenas prácticas con la finalidad de buscar soluciones a problemas comunes, como la subrepresentación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y la imperiosa necesidad de incorporar a la paridad como eje de las decisiones públicas.