Paises

La Sala Superior decidió modificar el acuerdo impugnado y confirmar la medida cautelar adoptada en el mismo, la cual consistió en suspender la transmisión del promocional del precandidato del Partido Acción Nacional y sustituirlo por uno diverso en tanto se resolvía el fondo del procedimiento especial sancionador, porque generaban confusión en el electorado.

Se determinó confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que decidió declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, porque se acreditó  la utilización y aprovechamiento de símbolos religiosos en la campaña electoral por parte del candidato ganador, lo cual trasciende en la libertad del voto y la equidad en la contienda. 

Se consideró que en aras de salvaguardar los principios de certeza e irretroactividad, tratándose de la remoción de un servidor público, el cual haya sido designado por un órgano legislativo federal o local, para el ejercicio de su cargo por un periodo determinado, éste sólo puede ser privado del mismo mediando el procedimiento de remoción, siempre y cuando haya incurrido en alguna causa de responsabilidad, lo que no ocurrió en el caso en concreto.

Se consideró que los Estatutos del Partido del Trabajo tenían deficiencias normativas que se traducían en la falta de regulación de aspectos torales para que pudieran considerarse democráticos, por lo que ordenó su modificación por resultar inconstitucionales.

Se determinó revocar la sentencia combatida,en razón de que contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, el juicio ciudadano previsto en la legislación del Distrito Federal no es procedente para combatir el acto impugnado, pues consideró que la consulta sobre la reforma energética, no es un instrumento de democracia directa a disposición de la ciudadanía para generar efectos vinculantes en relación con las autoridades locales.

Se determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California, la cual impidió el registro del actor como candidato a Gobernador de la mencionada entidad federativa por considerar que estaba impedido porque, de acuerdo a su interpretación de la ley local, tenía que terminar su encargo como Presidente Municipal de Tijuana.

Se consideró que si en determinada legislación se reconoce la prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la elección de funcionarios públicos, sino además que la extienda al ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito o referéndum, debe entenderse que estos se encuentran comprendidos en la materia electoral, porque constituyen mecanismos que permiten el ejercicio directo de derechos político-electorales, de sufragio y participación en los asuntos políticos del país, al someter al voto de la

Se consideró que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba procedente contra los resultados de la elección de los agentes municipales, que conforme a las disposiciones previstas en las leyes aplicables, surjan de procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía.

Presidenta:         Magda. María del Carmen Alanis Figueroa

Magdo. Flavio Galván Rivera

Magdo. Constancio Carrasco Daza

Magdo. José Alegandro Luna Ramos

Magdo. Manuel González Oropeza

Magdo. Salvador Olimpo Nava Gomar

Magdo. Pedro Esteban Penagos López